Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Según la UCA, la indigencia por ingreso se ubicó en meses recientes en el 10,2% de las personas, pero sin los programas de ayuda del Gobierno nacional, como el IFE, las ayudas alimentarias, y otros, ésta hubiera ascendido hasta el 27,9%. Es una estimación que define claramente la gestión realizada por el gobierno de Alberto Fernández en este año de dos pandemias (sanitaria y económica, esta última heredada). Una muestra de un Gobierno orientado a solucionar los problemas, con particular preocupación en los más necesitados.
Un Gobierno también enfocado a las pymes, con programas como el ATP y créditos subsidiados, especialmente para capital de trabajo, que las ayudaron a continuar operando en medio de la pandemia. Los resultados ya se están viendo: la industria manufacturera, con sus fluctuaciones, lleva cuatro meses de crecimiento mensual, y la producción de septiembre de este año fue un 4,4% superior al mismo mes del año anterior. El Estimador Mensual de la Actividad Económica lleva cinco meses de crecimiento mensual, aunque en este caso aún no ha superado los valores del año anterior, debido a actividades como hoteles y restaurantes y otras actividades comunitarias que aún están restringidas por el DISPO.
En lo financiero, se ha renegociado exitosamente con los acreedores una gran deuda en dólares, con una importante baja de intereses, período de gracia y extensión de plazos, de tal forma que en los próximos años no habrá pagos significativos. También se está avanzando en la negociación de la deuda con el FMI. El mercado de deuda pública en pesos está mostrando un dinamismo muy importante, permitiendo financiar al Gobierno para poder realizar los gastos necesarios, y comenzando a reducir el financiamiento del BCRA al Tesoro, que fue esencial para enfrentar las exigencias de la pandemia sanitaria. Esta política de financiamiento del Tesoro, junto con la política monetaria y cambiaria, han ido desarmando las injustificadas expectativas de salto devaluatorio. El sistema financiero continúa con una situación sólida.
La inflación ha ido descendiendo aunque en los últimos meses se ha visto alguna suba debido a las expectativas y a los precios de los bienes estacionales y los alimentos.
Para pensar en los desafíos para el año 2021 resulta interesante analizar lo sancionado en diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social, que impactó fuertemente en los distintos sectores, tratando de resolver las nueve emergencias heredadas. Pero me quiero referir a las varias modificaciones impositivas de esta ley que impulsaron cambios progresivos, y que han generado un aumento en los recursos con que cuenta el Tesoro. Esta es una de las tareas que el Gobierno terminará de encarar en el año que comienza: una reforma impositiva progresiva, altamente necesaria. En este aspecto, cabe destacar la reciente sanción del “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.
Los lineamientos para el 2021 están contenidos en el Presupuesto, un verdadero plan que la oposición y los mercados se empecinan en no reconocer como tal. Sin saltos bruscos cambiarios, con desafíos en el tema inflacionario y hacia la necesaria recomposición salarial y previsional, más un camino de deuda despejado. Privilegiando a los más débiles, como lo ha planteado el Presidente ya desde la campaña electoral, premisa que se está cumpliendo.
Una característica de la actual situación que no puede dejar de mencionarse es que estamos en presencia de un Parlamento activo, que funciona como ámbito de debate y de mejora de los contenidos de los distintos proyectos de ley. Además, las bancadas oficialistas tienen un aceitado diálogo con el Poder Ejecutivo. En ese sentido es natural que surjan modificaciones en el tratamiento de las distintas propuestas, un proceso virtuoso en el que la mirada técnica y la política se complementan y refuerzan. Un verdadero respeto por las instituciones republicanas.
