Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación decidió pedir informes al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera y al Ministerio de Economía, con el objetivo de conocer más detalles de lo que sucedió con el proceso de endeudamiento y fuga de divisas –Formación de Activos Externos– entre los meses de diciembre de 2015 y de 2019.
Por supuesto: hay datos previos muy significativos. Por ejemplo, mientras la deuda en moneda extranjera que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue del 35,2% del PBI, ese mismo endeudamiento creció al 69,0% del PBI al final de la presidencia de Mauricio Macri.
En el marco de la permisividad regulatoria que se instauró en el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la formación de activos externos superó los US$ 86 mil millones.
En el mismo lapso, el país tomó préstamos por US4 44.500 millones con el FMI, expresamente destinados a cancelar otras deudas. Sin embargo, de esos US$ 44.500 millones solo se canceló deuda por US$ 14.200 millones. Los otros US$ 30.300 millones seguramente sirvieron para favorecer la fuga de capitales. Todo ello sucedió en un marco de ausencia de regulación estatal.
En contraposición a esta falta de regulaciones durante el período macrista, el Banco Central viene tomando una serie de medidas que son presentadas por algunos medios como iniciativas que traban el comercio exterior, que aumentan las dificultades para importar o que incrementan los costos de importación. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? El mercado único de cambios provee habitualmente a importadores y exportadores las divisas necesarias para financiar sus operaciones de comercio exterior. Pero en estos días, el BCRA estableció que las empresas que cuenten con moneda extranjera atesorada, antes de pedirle al Estado que las abastezca, deben usar esos recursos que ya disponen. En la misma línea, el Banco Central anunció que esas empresas no tienen que haber operado en el mercado de bonos noventa días antes de la operación que están pidiendo realizar ni van a poder operar noventa días después. ¿Cuál es el cambio? Que antes no había regulaciones y, por lo tanto, se facilitaba la fuga de capitales, y ahora se establecen regulaciones de acuerdo a los intereses del país.
Lo mismo sucede con los créditos a las empresas a tasa subsidiada destinados a pagar sueldos a sus empleados. En estos días, algunas de ellas han optado por devolver el crédito que obtuvieron del Estado porque prefieren continuar interviniendo en los mercados especulativos o girando plata al exterior. El Gobierno les dice: si usted está operando en el contado con liquidación o llevando dinero afuera, no me pida que financie a tasa subsidiada parte de sus sueldos. Es elemental: si alguien pide dinero para pagar los salarios a los trabajadores pero al mismo tiempo utiliza esa plata para especular, es lógico que el Estado le diga que en esas condiciones no le va a dar ese dinero subsidiado.
El país está haciendo un esfuerzo enorme en un contexto donde no solo hay una menor actividad económica interna sino también una menor actividad económica global. En ese escenario difícil, el Gobierno sigue progresando con la negociación de la deuda aun cuando, como dice el ministro Guzmán, “hemos avanzado, pero falta mucho”. Esta semana se sumó una nueva declaración del FMI que dice que la propuesta argentina, para que siga siendo sostenible, tiene “solo un margen limitado”. Es decir: a la Argentina no se le puede pedir más. No es la propuesta original sino una nueva que incluye algunos cambios, pero que da la impresión de que mantiene las condiciones de sostenibilidad iniciales.
La Argentina negocia la deuda con los bonistas al mismo tiempo que profundiza la investigación sobre la fuga de capitales y avanza en una serie de regulaciones en defensa de los intereses nacionales.
