Ante los hechos que son de público conocimiento y que afectan el normal desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los integrantes de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, expresamos nuestra honda preocupación por la gravedad institucional que esta situación conlleva.
Nos alarma la incertidumbre sobre la forma en que está cumpliendo el Alto Tribunal sus funciones primordiales que son las de velar por la garantía de los derechos de todos los habitantes de este país asegurando la validez constitucional del sistema normativo de nuestra República.
Los números son elocuentes: el Máximo Tribunal tiene aproximadamente catorce mil casos al año y esto implica un fuerte compromiso, esfuerzo y dedicación por parte de cada uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Resaltamos la política implementada por este proyecto político. El ex presidente Néstor Kirchner decidió terminar, a través del Decreto 222/03, con una Corte Suprema funcional a las políticas neoliberales que tuvieron su auge en la década del 90 y que favorecieron a los grandes intereses económicos.
Esa decisión política implicó hacerse cargo de un reclamo de la sociedad hacia la justicia, para que proteja los derechos de los más vulnerables en detrimento de los poderosos que “bajo las sombras” pretenden gobernar nuestra Nación.
Este Tribunal supo ser una de las mejores cortes que tuvimos en los últimos años. Sin embargo, la situación ha variado sensiblemente; el cuerpo funciona con cuatro miembros de los cuales uno de ellos es materia de discusión pública en torno a la posibilidad de que no se encuentre en plenitud psicofísica.
La debilidad institucional que se evidenció tanto con la re relección del Dr. Lorenzetti al cargo de la Presidencia del Tribunal y, al mismo tiempo, las irregularidades que rodearon la firma del Dr. Fayt en dicho acuerdo, dejan de manifiesto que una Corte de cinco miembros debe estar completa,con todos sus Ministros en todo momento.
Por eso insistimos, el eje de la discusión no es cuestionar al Dr. Fayt, sino que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda contar con sus cinco ministros con todas sus capacidades físicas e intelectuales necesarias para estar a la altura de semejante responsabilidad institucional.
Esto amerita que las fuerzas políticas en su conjunto tomen las medidas necesarias para la pronta designación del nuevo/a integrante del prestigioso Tribunal.
Las declaraciones de algunos miembros de la oposición en la cual afirman “no tener la intención de votar a nadie que proponga el gobierno” y hacer esperar a la población para conformar una Corte completa, como mínimo hasta el final del corriente año, atenta contra el valor de la seguridad jurídica que debe primar en un estado de derecho e indirectamente, contra la forma de vida republicana; los miles de expedientes que tramitan ante dicho Órgano merecen respuesta y solución; la ciudadanía no puede ser rehén de caprichos políticos.
No es posible esperar a que haya un nuevo gobierno para encomendar esta importante tarea, en tanto los cambios de gobierno en nada inciden sobre un poder que es, o debe ser, independiente del poder político, del poder económico y de los poderes fácticos.
El propio procedimiento de selección garantiza dicha independencia.
Por tal motivo consideramos que no cumplir en forma expedita con este cometido, implica soslayar la manda constitucional contenida en el Preámbulo de “afianzar la Justicia”.
En este contexto no resulta aceptable que el Presidente del Alto Tribunal pretenda servirse de un escenario difuso para auto reelegirse ocho meses antes del vencimiento de su actual mandato.
Este episodio tiende un manto de sospecha sobre la actuación de todos los miembros que conforman la actual Corte Suprema dañando las instituciones y poniendo en duda el valor republicano que ella representa.
No sólo es necesario respetar la Carta Magna y la legalidad de todo el sistema jurídico argentino, también se debe respetar el espíritu que es la base misma de la Constitución y que no es otro que el acuerdo del pueblo para regir sus propias vidas.
Desde la Convocatoria Económica y Social por la Argentina seguimos afirmando que esta batalla no es una simple pulseada entre las grandes corporaciones y el gobierno, todos los argentinos debemos involucrarnos decididamente para evitar una nueva frustración del proceso democrático vigente.
Convocamos a las argentinas y los argentinos a involucrarnos en la defensa de la democracia y la soberanía popular, y seguir alertas ante las maniobras desestabilizadoras de los enemigos de afuera y adentro de la Patria protegiendo los principios de un Poder Judicial verdaderamente independiente tanto del poder político como del poder económico al servicio de la verdad y la defensa de las instituciones.
CONVOCATORIA ECONÓMICA Y SOCIAL POR LA ARGENTINA
Solicitada publicada en el diario Página/12 el 10/05/2015
