Minuto Uno | Opinión
Por Juan Carlos Junio
A pocos días de haber asumido como presidente, Alberto Fernández mandó al Congreso un proyecto de ley para salir rápidamente al encuentro de la crisis social. Desde su primer artículo se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, lo cual implica delegar facultades al Poder Ejecutivo Nacional. El nombre es “Ley de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”. El largo título condensa los principales compromisos abordados durante la campaña y en el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.
El problema de la deuda externa es señalado al comienzo del proyecto, para facultar al gobierno a llevar a cabo los actos necesarios para garantizar su sostenibilidad. Los acreedores y en especial el FMI quieren conocer el programa de gobierno y su consistencia. Dicho proyecto de ley encara los problemas más acuciantes de la economía nacional.
Una de las políticas más antipopulares del gobierno saliente fueron los tarifazos de los servicios públicos. Desde los comienzos de su gestión, Macri fue incrementando las tarifas y quitando subsidios, desoyendo la angustia de los usuarios, sin perdonar siquiera a los clubes de barrio. El nuevo gobierno acaba de dar curso a una revisión tarifaria por un máximo de 180 días propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020. Al mismo tiempo, dispuso la administración de los principales entes reguladores de los servicios públicos que no cumplan con su rol de defensa de los usuarios.
Una medida como la tarifaria tiene que ver tanto con la solidaridad social con los consumidores domiciliarios como con la reactivación productiva, ya que las empresas no tendrán que afrontar mayores costos.
Para atender la recuperación de las pymes, el gobierno de Macri dispuso blanqueos y moratorias a los fugadores financieros, pero a las pequeñas y medianas empresas productivas de nuestro país, a los comercios, los acosó quitándoles ventas, subiéndoles costos tarifarios y financieros. Esos pequeños capitales nacionales ahora tendrán la oportunidad de regularizar su situación con el fisco accediendo a facilidades de pagos y condonaciones.
Una parte del sustento del plan saldrá del impuesto a los bienes personales. Se trata de uno de los tributos más equitativos porque gravan la riqueza. El gobierno de Macri buscó reducirlos hasta extinguirlos, desfinanciando al Estado y atentando contra la solidaridad tributaria. Ahora sus alícuotas vuelven a los niveles previos, incrementándose aún más para los activos radicados en el exterior, como una manera de recuperar algo de lo que oportunamente no pagaron y fomentar la repatriación de esos capitales.
A los derechos de exportación - las llamadas retenciones- se les estipula topes porcentuales, muchos de ellos equivalentes a lo que venían tributando con el macrismo. Es parte del acuerdo social que el gobierno intenta llevar a cabo con los sectores con mayor capacidad contributiva. El Presidente ha sido claro: no puede ir a sacar de los que menos tienen. Los sectores exportadores reclaman equilibrio fiscal, pero que a ellos no les toquen los bolsillos. Sin embargo, pagar hay que pagar. El conjunto de la sociedad necesita de esos recursos.
Vuelve otro impuesto que generó cierto resquemor en el pasado: es el que se aplicará a la compra de moneda extranjera y a los pagos con tarjetas de crédito y débito que se hagan en el exterior, incluyendo los pasajes de avión para vuelos internacionales. La alícuota será del 30%. De lo recaudado, el 70% irá para financiar la seguridad social y el 30% restante a obras de infraestructura, vivienda y el turismo local. Pero aquí más que una función recaudatoria se trata de desalentar el gasto de dólares para fines como el atesoramiento o el turismo fuera del país. Es en definitiva una medida de administración de las divisas para afrontar pagos de la deuda externa que se deriven de la renegociación y a la necesidad de más largo plazo en función de una estrategia nacional de desarrollo.
Otra de las grandes injusticias recayó sobre los jubilados y los beneficiarios de la AUH por la aplicación de una fórmula de “actualización" que quedaba atrasada respecto a la inflación. El gobierno actual suspenderá esa modalidad por 180 días, hasta confeccionar una nueva fórmula. Mientras tanto fijará trimestralmente incrementos en la totalidad de los haberes, dando prioridad a los sectores de más bajos ingresos. El presidente ya ha señalado que los jubilados recibirán un aumento de 5000 pesos en diciembre y otros 5000 en enero. La emergencia en salud también viene a atender con mayor detalle las graves falencias en la salud pública.
Son los primeros grandes trazos de un gobierno que se propone cumplir lo prometido en la campaña. Hay tanto por hacer, pero el comienzo de la gestión está marcando el rumbo: sanear, distribuir y reactivar para una sociedad solidaria.
