Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
La situación internacional está cada vez más complicada. En el marco de la Asamblea Anual conjunta del FMI y el BM, Christine Lagarde subrayó esta semana en Washington que el crecimiento está siendo "muy bajo, por demasiado tiempo y beneficia a muy pocos". La titular del FMI también pidió a Alemania que impulse políticas de inversión que reanimen la economía. Tanto los dichos de los funcionarios del FMI y del BM como sus informes evidencian altas dosis de hipocresía: por un lado diagnostican y parecen preocuparse por el estancamiento y los problemas de distribución del ingreso, mientras que por el otro recomiendan más ajuste fiscal y reformas estructurales. En realidad, su verdadera preocupación es que la crisis económica y social pueda socavar el libre comercio y las instituciones del neoliberalismo.
Mientras tanto, el FMI detalla los riesgos globales derivados del excesivo endeudamiento. En su "Monitor Fiscal", afirma: "la deuda global del sector no financiero —que abarca el gobierno general, los hogares y las empresas no financieras— se sitúa en la actualidad en un máximo histórico equivalente al 225% del PIB mundial". Agrega que dos tercios de esa deuda constan de pasivos del sector privado que pueden entrañar enormes riesgos al alcanzar niveles excesivos. Sostiene además que "las débiles condiciones macroeconómicas también están pasando factura a los balances gubernamentales, en especial en las economías avanzadas, ya que explican casi el 50% del aumento de la deuda pública desde principios de la crisis financiera mundial". Nada de esto parece ser tenido en cuenta por el gobierno macrista.
Los funcionarios internacionales se dieron tiempo para referirse a nuestro país. El FMI dijo: "Argentina ha iniciado una transición importante y muy necesaria hacia un marco de política económica más consistente y sostenible, que está teniendo en 2016 un costo mayor al previsto." Un error de estimación más que termina pagando la sociedad que soporta el ajuste.
El presidente del BM, Jim Yong Kim, elogió el retorno de la Argentina a los mercados globales, lo que consideró "increíblemente importante" en un momento de tendencias proteccionistas. Kim afirmó que el organismo que preside está "muy alentado" con lo que ha venido haciendo Mauricio Macri en la Argentina.
Para el economista jefe para América Latina del BM, Augusto de la Torre, "no hay duda" de que un ajuste se requiere en Argentina. Para el funcionario, "el propio gobierno ha reconocido la necesidad de hacer un ajuste, pero no puede hacerlo de golpe, sino gradualmente, a lo largo de tres o cuatro años", y "si las condiciones políticas lo permiten". Impactante definición que indica que se perseguirá el ajuste durante toda la presidencia de Macri, tal como muchos hemos previsto.
Se prolonga el frío invierno
La recesión continúa su camino. La producción de autos cayó un 19,7% interanual en septiembre, según la cámara del sector, y se produjeron menos unidades que en agosto. La caída en las exportaciones a Brasil tiene su impacto, pero si bien las ventas a concesionarios crecieron un 12% interanual, las ventas de autos nacionales a dichos concesionarios se redujeron en un 13,5% debido al mayor ingreso de autos importados. En tanto, la producción de cemento, que varios analistas y funcionarios del gobierno identificaron prematuramente con un brote verde en agosto, volvió a evidenciar una fuerte caída del 11% interanual en septiembre, incluso con menores toneladas producidas que el mes anterior.
En este entorno toman relevancia las recientes proyecciones del FMI sobre la economía argentina, previendo una caída del PBI del 1,8% para este año y un crecimiento del 2,7% para 2017. Estos datos lesionan los "datos verdaderos contenidos en el Presupuesto 2017", al decir de Alfonso Prat-Gay, que prevé una caída del 1,5% en 2016 y un aumento del 3,5% para 2017. Si bien el FMI no es la fuente de la verdad y la sabiduría, como lo expresé en varias oportunidades, sus proyecciones manifiestan la fallida estrategia del ministro de querer darle veracidad a datos proyectados y de esa forma sobreactuar una imagen "creíble" mientras avanza en la construcción del relato macrista.
Un dato importante es que el FMI estima una inflación del 23% para 2017, cuando el Presupuesto 2017 la ubica entre el 12% al 17 por ciento. No es ilógico pensar en una tasa de inflación del 23% e incluso algo mayor, dado que las tarifas seguirán aumentando, en pos de reducir los subsidios. Además, dos bastiones Pro han anunciado incrementos superiores al 30%, tanto en el ABL de la CABA, como en el impuesto inmobiliario y patentes de la provincia de Buenos Aires.
Aumentos sin fin
Se comunicaron las nuevas tarifas de gas que regirán a partir de este mes, un galimatías que trataremos de desentrañar.
Los aumentos informados sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), más conocido como "precio en boca de pozo", indican que el aumento será mayor para los usuarios de menor consumo (317%) que para los que más demandan (107%). Un dato para nada despreciable ya que el precio PIST tiene una incidencia de cerca del 81% en el valor de la tarifa que recibe el usuario residencial.
Según el cuadro tarifario "heredado", el PIST que se aplicaba a los usuarios de menor consumo era una quinta parte del que pagaban las categorías de mayor consumo. Esto derriba la idea de que los subsidios iban a los más ricos.
Una brecha que se está comenzando a cerrar, para que a partir de 2019 la progresividad desaparezca por completo y todos los usuarios residenciales terminen pagando el mismo valor por unidad del gas en boca de pozo.
Cabe destacar que se incorporan topes a los aumentos tarifarios, que van del 300% para los usuarios residenciales de menor consumo, al 400% para los de mayor consumo. Sin embargo, estos porcentajes se aplicarán sólo si el usuario consume más de $ 250 por mes. Según los cálculos del ministro Juan José Aranguren, en el caso de los consumos menores, la tarifa promedio es de $ 114, por lo cual no se les aplicará el tope.
Para los usuarios del Servicio General para pequeños consumos comerciales e industriales (SGP), el aumento máximo es del 500 por ciento. En la presentación del nuevo cuadro tarifario, Aranguren indicó que estaban estudiando aplicar las tarifas residenciales a las entidades de bien público. El beneficio alcanzaría a las organizaciones sin fines de lucro, excluidas las empresas, explotaciones comerciales, industrias "que no son compatibles con este fin". En el mundo de Aranguren no existen empresas sin fines de lucro, borrando de un mapa a las cooperativas y todo el resto de las empresas de la economía social y solidaria. Como corresponde a un ex CEO de una multinacional.
Los topes máximos se calculan con relación a igual facturación del mismo período del año anterior, por lo tanto, los que no paguen la tarifa plena este año, porque son alcanzados por los topes, la pagarán el año que viene y con aumentos de hasta el 300% o 400 por ciento. En definitiva, el impacto de la reducción de subsidios sumado al aumento en dólares del precio en boca de pozo de un 23% anual hasta el 2019 generarán fortísimos aumentos tarifarios. Una presión insoportable sobre los bolsillos de los usuarios y los balances de las empresas, en especial las pymes, más aun si se continúa con aumentos salariales por debajo de los aumentos de precios, cualquiera sea el índice inflacionario.
