Nodal | Opinión
Por Carlos Heller
El contexto político electoral que se está viviendo en la Argentina resulta particularmente interesante por varias razones. El 12 de septiembre se realizan las elecciones primarias de medio término, en las cuales se eligen diputados/as y senadores/as, luego de un año y medio de pandemia: una situación inédita que debió enfrentar la actual administración nacional de Alberto Fernández a sólo tres meses de asumir.
Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se dan en un contexto en el que más de un 63% del total de la población argentina ya posee la primera dosis de vacunación contra el Covid-19 y un 36% se encuentra inoculada con el esquema completo, según datos oficiales.
Es cierto que abunda un importante flujo de información y que ésta suele estar distorsionada por los grandes medios de comunicación. Pero la realidad y lo que está en juego en Argentina se imponen. Ahora, más que nunca, quedan bien expuestos los dos modelos de país que se plantean en estas elecciones. Como lo señaló el Presidente Alberto Fernández, “ellos (la oposición) creen mucho más en el mercado que en el Estado presente. Nosotros creemos que el Estado debe estar al lado de los más postergados, porque si no, no hay forma de equilibrar la balanza: algunos pocos ganan mucho y algunos muchos pierden mucho”. Definitivamente, el Estado tiene que jugar un rol protagónico en la economía y más aún en los tiempos que corren. El mundo continúa recuperándose de los estragos que produjo la pandemia y el accionar del Estado viene resultando crucial.
“La peor crisis en 100 años”, así la describió la Cepal en su informe sobre la región latinoamericana. Una situación que no sólo redujo el PIB del 90% de las economías del mundo sino que además exacerbó las desigualdades preexistentes, en especial en Latinoamérica, donde los índices de pobreza e indigencia se incrementaron significativamente.
De manera adicional, como hemos mencionado en varias oportunidades, el caso argentino fue particularmente especial porque, antes de la pandemia, su economía y sociedad ya se encontraban en una situación de emergencia. La sanción de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública” en diciembre de 2019 da cuenta de ello. En la misma se declara la emergencia económica, tarifaria, sanitaria, social, financiera, fiscal, administrativa, previsional y energética. Justamente como consecuencia de las políticas que aplicaron quienes ahora están en la oposición y desde allí continúan bregando porque todo quede en manos del mercado y por el achicamiento del Estado.
Lo paradójico es que por más que algunos ex funcionarios se ufanan de haber reducido a casi cero el déficit durante la gestión de Mauricio Macri, la información muestra otra cosa. Según sus propios documentos, el resultado primario negativo de las cuentas fiscales pasó del 1,8% en 2015 al 0,5% en 2019. Pero el déficit total, que es en definitiva el que importa, ya que es al que hay que hacerle frente, pasó del 3,9% en 2015 al 4,5% en 2019. Esto ocurrió como consecuencia de un cambio en la composición: los intereses de la deuda pasaron a constituir casi la totalidad de ese saldo deficitario. Como contrapartida, se efectuó un fuerte ajuste en las prestaciones sociales (-7,0%), en los salarios pagados por el Estado (-13,3%), en los gastos en infraestructura para educación (-57,2%) y para vivienda (-36,6%), entre otros.
Todo para poder destinar los fondos al pago de los intereses de la deuda que esa misma gestión generó. Una deuda que, no está de más recordar, formó parte de un ciclo de especulación financiera con altas tasas de interés que perjudicó significativamente a los pequeños y medianos empresarios tomadores de crédito.
La realidad era muy distinta a la que pregonaban en ese entonces algunos economistas defensores del modelo macrista y ahora precandidatos de Juntos por el Cambio. Un ejemplo de ello fue que en abril de 2016, el precandidato Martín Tetaz aseguraba que “después del acuerdo con los fondos buitre hay mucha confianza y ganas de invertir en el país”. Pero no hubo “lluvia de inversiones” y además se trató de una negociación que fue a espaldas del Congreso de la Nación, y que implicó pagar todo lo que pedían los fondos buitre (hasta los honorarios de sus abogados). Por otro lado, el mismo Tetaz “pronosticaba” en diciembre de 2017 que la inflación sería del 17% para 2018 y 12% para 2019. Terminó siendo del 47,6% y 53,8%, respectivamente. La posverdad fue refutada por todos los datos.
Incluso con la pandemia de por medio el contraste entre los dos modelos de país no podría ser más evidente. Durante 2020, el gobierno nacional direccionó el gasto de capital a los fines de garantizar la infraestructura sanitaria imprescindible para contener la emergencia sanitaria. La inversión en el sector salud pasó de representar un 0,5% del total en infraestructura en 2019 a un 5,1% en 2020. Actualmente, el Presupuesto 2021 prevé un nivel de gasto de capital total equivalente a un 2,2% del PBI, nivel que no se alcanzaba desde 2015.
En materia de deuda también se dieron pasos muy importantes: tras los acuerdos de reestructuración de la deuda pública nacional en moneda extranjera, alcanzados en agosto de 2020, se despejó el perfil de vencimientos para los próximos años. En conjunto, las dos operaciones (bajo legislación local y extranjera) recibieron una adhesión muy significativa que permitió reestructurar más de 106.000 millones de dólares, es decir, el 99,65% de los títulos elegibles. Si no se hubiera hecho el acuerdo con los bonistas, la Argentina debería afrontar pagos por 12.500 millones de dólares durante este año, ahora serán 150 millones.
También se restableció el financiamiento en el mercado local. Pudieron hacerse colocaciones por montos que superaron los requerimientos de fondos y se logró extender el plazo promedio de colocación, reduciéndose así las necesidades de emisión monetaria.
Todas estas políticas de desendeudamiento ayudaron a impulsar el crecimiento y la inclusión. Como dijo recientemente el ministro de Economía, Martín Guzmán: “lo que hoy está ocurriendo en Argentina es un proceso sólido de recuperación económica, que no es casualidad y que es el resultado de políticas concretas que se implementaron durante la peor parte de la pandemia permitiendo en gran medida proteger el tejido productivo y social”.
Todos y todas podríamos estar de acuerdo en que hay que crecer, pero una cosa es hacerlo con políticas de ajuste y otra muy distinta es hacerlo por la vía de la expansión del mercado interno, del empleo formal, y de la consiguiente suba de la recaudación. Uno es un modelo recesivo. El otro, inclusivo y virtuoso, es el que se está impulsando en la actualidad.
Como señaló el Presidente argentino en estos días: “es una pena pensar que tanto esfuerzo que hicimos pueda caer en saco roto por el canto de sirenas de los que nos maltrataron en la educación pública, maltrataron a la ciencia y la tecnología, facilitaron la timba financiera, terminaron con la producción y destruyeron el trabajo”. A ese sendero inviable y regresivo Argentina no debe volver.
