Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Hace unos días se conoció el Índice de Precios al Consumidor de febrero, que fue de un 6,6%. Se trata de una cifra altísima que no puede ser explicada ni por la evolución de los salarios, ni por las tarifas, ni por el tipo de cambio, ni por la emisión monetaria. Por ejemplo, comparando febrero de este año con febrero del año pasado, la emisión monetaria fue del 39,76%, bastante menos que la mitad de la inflación. ¿Qué explica, entonces, la actual suba de los precios? Según mi punto de vista, una combinación de expectativas, especulación y puja distributiva. En una economía que crece, como sucede con la argentina, aumenta el tamaño de la torta y, por consiguiente, crece la disputa entre los distintos actores por apropiarse de la mayor porción de los beneficios de ese crecimiento. En ese proceso, se produce un incremento de la rentabilidad de algunos sectores de la economía a través de esos aumentos de precios que no están justificados de ninguna manera por la suba de los costos. Es lo que denominamos puja distributiva.
Muchas de esas subas son “incrementos preventivos”. Es decir, aumentos que van realizando los integrantes de las cadenas de valor por si se produce una devaluación o por cualquier otro posible factor que encareciera luego la reposición de los productos finales o intermedios. Las subas intentan que el precio de venta de los stocks existentes no esté por debajo de los nuevos precios que “suponen” fijarían los proveedores. En estos casos, las expectativas cumplen un rol central: la suposición de que los precios van a aumentar genera el aumento real de los precios. Luego, si esa suposición no se cumple, el efecto ya se ha producido: los precios han aumentado. Es lo que llamamos expectativas y especulación. Esas expectativas impulsan decisiones en el presente sobre la base de la presunción de lo que sucedería en el futuro. En este escenario, los principales referentes de las ideas neoliberales anuncian que, de ganar las próximas elecciones, provocarían una gran devaluación y un fuerte shock antiinflacionario. Por supuesto, esas declaraciones influyen sobre las expectativas de los distintos actores económicos.
Muchos de esos actores empresariales son los que han firmado acuerdos como el de Precios Justos, que luego no cumplen. Ellos son libres de no ingresar a estos acuerdos pero, una vez firmados, deberían estar obligados a cumplirlos. Probablemente tuvo un peso no menor en el 6,6% de inflación del mes la falta de cumplimiento de esos acuerdos. Por ello, es necesario actuar con mayor energía sobre aquellos que no cumplen lo convenido.
Una de las grandes batallas que libra el gobierno es lograr el cumplimiento de la Ley de Presupuesto. La misma se propone que, para evitar recurrir a un shock antiinflacionario, es necesario transitar lo que podríamos denominar una escalera levemente descendente: cambiar la expectativa de que los precios siempre van para arriba por otra según la cual los mismos pueden moverse para abajo gradualmente. En esa línea, en la proyección plurianual del Presupuesto se fija un objetivo de inflación del 60% para este año, 44% para el año que viene y 33% para el 2025. En ningún caso se trata de medidas de shock antiinflacionario porque somos conscientes de las consecuencias sociales que ese tipo de políticas han tenido y volverían a tener sobre la población si se aplican. Si se realiza una gran devaluación se podría frenar la inflación pero a costa de reducir el consumo y producir un escenario fuertemente recesivo donde, como siempre, los que más sufren son los más vulnerables.
En otro orden de cosas, el lunes 13 el FMI acordó con el Gobierno nacional una modificación de las metas del programa. Flexibilizó la acumulación de reservas teniendo en cuenta, entre otros factores, el impacto para las cuentas públicas provocado por la sequía. El nuevo acuerdo permitirá un desembolso aproximado de 5.300 millones de dólares.
Lo hemos dicho muchas veces: no hay acuerdos buenos con el FMI. El gran drama de la Argentina es haber tomado el crédito de 56 mil millones de dólares con el organismo internacional (los desembolsos se interrumpieron en agosto de 2019 llegando a un total de 45 mil millones de dólares). A partir de allí el país está en un problema: la única opción que tiene es pelear por lograr el acuerdo menos malo posible. Cuando se firmó, en marzo de 2022, se incluyó en el memorándum un párrafo que afirma “nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda. Los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones, con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales”. No hay antecedentes de una cláusula de estas características en los acuerdos con el FMI. La misma abrió la posibilidad de que la Argentina pidiera una revisión sobre, en este caso, la acumulación de reservas.
Creo que la Argentina debe avanzar en el pedido de otra revisión. En marzo del año pasado, cuando se firmó el acuerdo, la tasa de interés a la que se pactó este crédito era del 1,19% anual. Como consecuencia de la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos y en la Unión Europea, en la actualidad esa tasa subió al 4,57%. La diferencia entre una tasa y otra supone un pago adicional de cerca de 1.500 millones de dólares por año. Pero, además, nos siguen multando con los sobrecargos. Hay que agregar a ello el agravante de que estos sobrecargos ya no son del 2% sino del 3%. Según el FMI, si un país mantiene por más de 36 meses una deuda que sobrepasa la autorizada según su cuota de participación en el organismo, sus cargos suben un 1%. Estos sobrecargos suponen un pago de alrededor de 1.500 millones de dólares adicionales. En total, se trata de alrededor de 3.000 millones de dólares por año. Renegociar este tema es de hecho renegociar la pauta fiscal del acuerdo. Por ello, es necesario discutir el costo de la renegociación de ese financiamiento, una bandera, entre otras, que el equipo económico debería tomar con fuerza.
Falta mucho por hacer, todo parece insuficiente, pero el rumbo es el correcto. Lo otro, las políticas que proponen desde la oposición neoliberal, nos conducirían al precipicio.
