Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
No hubo demasiada sorpresa: el índice de precios al consumidor registró en el mes de marzo una suba del 6,7%. Es, por supuesto, una cifra elevadísima.
Es cierto que se trata de un fenómeno global: en la actualidad, la suba en los indicadores de inflación tiene lugar en la mayoría de los países del mundo. Son los más altos en los últimos cuarenta años. Principalmente, se explica por el aumento de los precios de los commodities y de los combustibles.
El problema es el de siempre: ¿por qué en la Argentina el aumento de los precios internacionales de algunos de sus productos exportables termina influyendo sobre sus precios nacionales, si la producción de éstos tiene costos locales?
Las empresas productoras de bienes de consumo masivo sostienen que si sus productos tienen un precio elevado en el exterior no tiene lógica venderlos en el país más baratos. De ese modo, mejoran su rentabilidad a costa de los consumidores locales, cuyos ingresos, en la inmensa mayoría de los casos, no aumentan a la par de ese incremento de los precios internacionales.
Según el informe del cuarto trimestre de la “Cuenta generación de ingresos e insumo de Mano de Obra” del INDEC, durante 2021 la masa salarial en el país se redujo del 48% al 43,1% sobre el total del PBI. Mientras las remuneraciones del trabajo asalariado retrocedieron más de un 4,8%, los ingresos del sector empresario mejoraron en alrededor de un 3,8%. Las empresas ganaron más y los asalariados recibieron menos en términos porcentuales.
El problema no se resuelve sólo con aumentos salariales. Si éstos no son acompañados por una serie de políticas que ataquen a la integralidad del problema, rápidamente son apropiados por los grandes conglomerados productores y distribuidores de bienes de consumo masivo. Lo cual es consistente con lo que consideramos la principal causa de la fuerte y sostenida suba de los precios: la puja distributiva. Para intervenir sobre ésta se requiere un Estado fuerte que despliegue una serie de iniciativas.
El gobierno ha creado, entre otras medidas, el fideicomiso del trigo con el fin de utilizar una parte de la renta extraordinaria que se genera alrededor de ese producto, consecuencia del aumento de los precios internacionales en el escenario de la guerra, para limitar los precios internos de ese bien y sus derivados. Utilizando esa misma política se podría contribuir a disminuir el impacto de los precios internacionales sobre los precios internos en el resto de los productos exportables que han tenido aumentos significativos.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la Asamblea Eurolat, que congregó a más de 100 legisladores de Europa y de Latinoamérica, se refirió en general a este problema cuando sostuvo este miércoles que “las desigualdades no nacen por un orden natural sino que son producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas”. En el mismo discurso, aseguró que “la gran discusión” a nivel planetario es “si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los Estados”. Luego agregó: “es la clave para abordar seriamente el problema de la desigualdad”.
En otro tramo de su intervención afirmó “que te pongan una banda y te den el bastón” no significa que tengas el poder. "Y ni te cuento si, además, no se hacen las cosas que hay que hacer”, completó. La Vicepresidenta se refirió a lo que muchos venimos diciendo: que no hay que confundir tener el gobierno con tener el poder. Porque hay otros poderes, por ejemplo, el de los mercados, los monopolios, los oligopolios y el poder financiero internacional. La clave consiste en cómo se les pone límites desde el Estado.
La discusión de fondo, como siempre, es si regula el Estado o regula el mercado. O, dicho de otro modo, sobre si el primero interviene en favor de las mayorías o se retira para que el mercado opere en favor de los grupos concentrados de la economía.
