Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
María Elena Walsh cantaba en su recordado tema: “me dijeron que en el Reino del Revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres”. En el Reino del Revés, Vicentin es una empresa privada que desarrollaba sus actividades normalmente hasta que llegó un Estado invasor que se propuso intervenirla y expropiarla. Pero, en realidad, se trata de una compañía que se declaró en cesación de pagos en el mes de diciembre, aun cuando es uno de los conglomerados empresarios más grandes de la Argentina en su rubro y desarrolla sus actividades en un sector de la economía altamente rentable.
La empresa argumenta que, cuando el Estado intervino, estaba haciendo uso del procedimiento legal del concurso de acreedores. En el Reino del Revés el concurso de acreedores es presentado como si fuera un acto virtuoso de gestión. En realidad, es la figura por la cual un deudor convoca judicialmente a los acreedores para llegar a un acuerdo distinto de lo que establecía el contrato original con cada uno de ellos. Les dice a los proveedores “no les puedo pagar”, le dice al Estado “no le puedo pagar” y les dice a todos los que les debe “tenemos que renegociar porque si no quiebro”. Y entonces, ¿qué sucede, generalmente? Los acreedores, antes de perder todo, aceptan renunciar a una buena parte y cobrar el resto en el largo plazo.
En paralelo, Vicentin es objeto de una investigación impulsada por un conjunto de bancos internacionales en los Tribunales de Nueva York, por haber recibido más de 122 millones de dólares por la venta de una parte de las acciones de una de sus compañías, dos días antes de que la empresa les dijera a sus acreedores que no les podía pagar. Por supuesto: con esa plata podría haber afrontado una parte de la deuda y no recurrir al concurso de acreedores. Pero no lo hizo.
¿Quiénes son los acreedores de Vicentin convocados a ese concurso? En primer lugar, la banca pública; en segundo lugar, los bancos internacionales; en tercer lugar, los más de 2600 productores agropecuarios, en su mayoría chacareros y cooperativas, que vendían su cosecha a Vicentin y a los que ésta no pagó.
Por otro lado, hay una serie de sospechas en torno a la empresa. Por ejemplo, que una parte de la soja argentina haya sido exportada como soja paraguaya a través de la filial de Vicentin en el vecino país para evitar pagar retenciones. En Paraguay no se aplican retenciones por lo cual, si la soja producida en la Argentina aparece como generada en el Paraguay, logra evadir ese gravamen. Hay quienes dicen que las ventas de soja del vecino país superarían la superficie sembrada total de su territorio, incluyendo a su capital, Asunción. Lo cual significaría una enorme defraudación al fisco y un delito consecuente.
Algo similar ocurre con las ventas que la filial Vicentin argentina le habría hecho a la filial Vicentin uruguaya. La sospecha en este caso reside en que en la venta a Uruguay podría haber maniobras de subfacturación. Sobre estos temas el gobierno argentino y la AFIP trabajan tratando de crear normas para evitar que las corporaciones utilicen ese mecanismo para evadir impuestos en nuestro país.
Está claro: se trata de una empresa virtualmente quebrada y sospechada de varias irregularidades. En ese escenario, el Gobierno decidió intervenir para normalizar la situación. Para ello, hoy se abren dos posibilidades. Lo explicó con precisión el Presidente de la Nación: “A un mismo objetivo se puede llegar por dos caminos. Podés llegar a Mar del Plata por la ruta 2 o por la ruta 11. Podés elegir. Por la ruta 11 vas a tener un tramo más largo, pero seguramente vas a tener menos autos. Por la ruta 2 vas más directo pero vas a tener un tránsito mayor. Pero por cualquiera de los dos lados podés llegar a Mar del Plata. Acá es lo mismo. Yo puedo llegar a que el Estado tome cartas en el asunto en Vicentin, haciéndose cargo de Vicentin con una mayoría accionaria por la expropiación, o por la vía de ir haciendo acuerdos en el concurso de acreedores”.
Es decir, tanto la intervención como la expropiación son caminos para lograr el objetivo buscado: recuperar la empresa en función del interés público y gestionarla de manera eficiente para que el conjunto de los acreedores pueda satisfacer sus demandas.
Actualmente, la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ) solicitó la intervención judicial de Vicentin mientras dure el trámite concursal y se logre su total normalización. Entre las razones que cita la IGPJ destaca que “existe un entramado societario que requiere control”, dado que “si se aprecian los porcentajes de participación que la sociedad denuncia entre sus activos, el control parece circunscribirse a sociedades constituidas en el extranjero: Vicentin Paraguay, Vicentin Europa, Vicentin Brasil”. También sostuvo que “los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.
En este contexto, la idea que más se ha difundido y que más apoyos tiene es que la empresa funcione en forma mixta. En ese sentido, hemos expresado nuestra opinión a favor de la gestión tripartita entre el Estado, los proveedores (organizados en cooperativas) y los trabajadores.
En la misma línea, la Federación Agraria de la zona sur de Santa Fe y la agrupación de los productores que representan a los que proveen habitualmente a Vicentin se han expresado a favor de las medidas anunciadas por el Gobierno. También el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los departamentos General Obligado y San Javier, provincia de Santa Fe, ha dicho que “en carácter de comisión directiva, comisión interna y delegados de base, y sobre todo trabajadores de la empresa Vicentin expresamos nuestro apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir la empresa”.
En simultáneo, continúa abierta la negociación de la deuda con los bonistas pero las diferencias persisten. Argentina insiste en que no se puede aceptar un acuerdo que no sea sostenible. La propia directora del FMI volvió a decir que el acuerdo es necesario, pero debe ser un acuerdo que deje a la Argentina en una situación sostenible. El Gobierno, en un escenario crítico dominado por la mayor circulación del virus, intenta dar vuelta el Reino del Revés y poner en discusión una agenda real, vinculada a nuestras necesidades como país soberano.
