Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno despliega series de datos que no soportan pruebas básicas de contrastación con la realidad.
Por ejemplo, en el discurso de balance del gobierno, el presidente Javier Milei aseguró que “durante este año se duplicaron en términos reales” las ayudas a los más necesitados. “Cumplimos con la promesa de cuidar a los más vulnerables durante el ajuste”, subrayó. Este planteo se sostiene en un dato: la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó en 680 mil millones de pesos en precios constantes de octubre de 2024. Pero cuando se analiza el tema con mayor profundidad, la realidad es diferente: programas sociales como Potenciar Trabajo, Plan Progresar y políticas alimentarias, entre otros, se redujeron en 3,5 billones de pesos. En la misma perspectiva, las erogaciones en pensiones no contributivas bajaron 660 mil millones de pesos y en el PAMI hubo descensos por 108 mil millones de pesos. Es clarísimo: es mucho más lo que se recortó en otros programas que lo que aumentó la AUH. Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha afirmado que los programas sociales cayeron un 45,6% interanual en términos reales, comparando noviembre 2024 con noviembre 2023.
Otro tanto sucede con los temas monetarios. El Presidente sostiene que el gobierno anterior había emitido por el equivalente a “13 puntos del PBI en un año para ganar las elecciones”. Según datos oficiales del Banco Central, la base monetaria en 2023 creció 4,4 billones de pesos a precios corrientes, lo que equivale a una contracción real del 42% comparada con diciembre de 2022. En esta última fecha, la base monetaria era del 4,5% con relación al PBI y en diciembre del 2023 bajó al 3,1%. Por lo tanto, esa afirmación de que la administración pasada emitió descontroladamente no se sostiene en los datos.
Milei también señaló que se logró sanear la deuda con los importadores. Al 31 de diciembre de 2023, esta deuda alcanzaba a 44.582 millones de dólares. Al 30 de junio de 2024, último dato disponible, la misma era de 45.288 millones de dólares. Prácticamente no hubo cambios. El gobierno prefiere los pases de magia: el BCRA emitió los Bopreal y con ello se le pagó a los importadores, pero generando una deuda de 10 mil millones de dólares en la autoridad monetaria.
Mientras, la mayoría de los argentinos y las argentinas sufren el deterioro de sus condiciones de vida. Tomamos un par de indicadores de varios posibles. Se desplomó, por ejemplo, el consumo de carne y estamos en los niveles más bajos en los últimos veintiocho años. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) hay que remontarse a 1996 para encontrar un consumo tan bajo de carne vacuna. Comparando los once primeros meses de este año con igual periodo del 2023, hubo una caída de un 11,1% en la compra de este alimento prioritario en la mesa de los argentinos. Según los últimos datos del INDEC, las ventas en supermercados continúan en descenso como producto de la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores de la población. En septiembre, el índice de ventas totales a precios constantes mostró una caída de 12,8% respecto de igual mes de 2023. El acumulado enero-septiembre muestra una variación decreciente de 11,6% con relación a igual período de 2023.
Entonces, ¿qué es lo relevante para los argentinos y las argentinas? ¿Qué haya bajado el riesgo país o que haya caído pronunciadamente el consumo de carne o las ventas en supermercados, por mencionar sólo algunos indicadores?
En otro orden de cosas, el gobierno anuncia su propósito de llevar adelante un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El Presidente ha declarado en una entrevista con The Wall Street Journal que “todos los acuerdos de libre comercio que podamos hacer, los vamos a hacer”. “Otros pueden hacer lo que quieran, yo voy a seguir buscando el librecomercio”. Esta decisión parece incompatible con los acuerdos vigentes en el Mercosur, organismo en el que nuestro país ocupa la presidencia pro tempore.
En tanto, la portavoz de la transición de Donald Trump en la Casa Blanca, Taylor Rogers, confirmó que el presidente electo trabajará con Javier Milei para “beneficiar mutuamente a Estados Unidos y Argentina a través del capitalismo y el libre comercio”. Agregó que “líderes extranjeros como el presidente Milei se están sentando a la mesa para obtener el apoyo del presidente Trump porque reconocen que sus políticas de ‘Estados Unidos Primero’ son brillantes y restaurarán la dominancia de Estados Unidos en el escenario mundial”. Mayor alineamiento imposible.
Durante la semana, se informó que el gobierno argentino pidió al Fondo Monetario Internacional comenzar a discutir un nuevo acuerdo. En ese marco, Julie Kozack, vocera del organismo multilateral, anunció que “las autoridades han expresado formalmente su interés en pasar a un nuevo programa y las negociaciones están en marcha”. La portavoz agregó que “las autoridades argentinas han continuado implementando su programa de estabilización económica, y han logrado resultados impresionantes”. Kozack subrayó que estos resultados “incluyen una reducción considerable de la inflación, superávit fiscal y una mejora de la cobertura de las reservas internacionales”. Resultados que el Fondo promueve para que el país genere los recursos que hipotéticamente le permitan pagar.
Más allá de los elogios, no hay que olvidarse que los préstamos del FMI, a diferencia de los de otros organismos multilaterales, siempre están vinculados a un plan de condicionalidades que el gobierno debe comprometerse a implementar. En la lista de condiciones, aparecen temas cambiarios, monetarios y fiscales. No obstante, un acuerdo con el organismo multilateral podría suponer, más allá de las coincidencias, tensiones con el programa implementado por la actual administración.
El gobierno tiene un relato de éxitos que, en muchos casos, se sostiene en datos incomprobables o aislados. Una de nuestras tareas políticas y comunicacionales más importantes reside en anteponer una versión alternativa y rigurosa de los hechos. Es parte de la batalla cultural.
