Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, denominado “Ley Ómnibus” llegó al recinto el 31 de enero, luego de un tratamiento irregular. Primero, porque fue fugaz, teniendo en cuenta la cantidad de temas que comprende y leyes que modifica o deroga, y porque fue tratado en solo tres comisiones. Tres comisiones que emitieron un dictamen que no se sabía a ciencia cierta qué contenía, y del que finalmente se eliminaron más de doscientos artículos y se modificaron muchos otros. Además, se debatió en el recinto sin un texto sobre lo que se proponía aprobar y por lo tanto quedó a merced de los acuerdos del gobierno con la llamada oposición “dialoguista”.
Desde el bloque de Unión por la Patria nos oponemos firmemente a la aprobación de la Ley Ómnibus y al DNU. Más allá de las reformas que se le hicieron, el problema de fondo sigue existiendo y tiene que ver con su espíritu. El contenido a lo largo y a lo ancho de todo este proyecto es contrario al interés de las argentinas y los argentinos.
Al momento de mi intervención como diputado nacional en el recinto, comencé expresando que esta iniciativa podría describirse como el Proyecto 4 M: Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei. Los cuatro han impulsado, más allá de las distintas épocas en las que actuó cada uno, medidas similares. Todos tienen un denominador común: medidas que implican una brutal reforma del sistema económico, político y social en un marco ideológico que podríamos rotular como “neoliberal”.
Para Alfredo Martínez de Hoz, ministro de la dictadura cívico militar, “achicar el Estado es agrandar la Nación”. Para Carlos Menem en los noventa rigió la máxima de que “todo lo que sea estatal será privatizado”. Mauricio Macri en 2015 elogió la gestión de Menem: “fue un reconstructor del país”, sostuvo, destacando todas sus políticas de privatizaciones. Y ahora, el presidente Javier Milei insiste: “Todo lo que podamos pasar al sector privado lo vamos a hacer. No sé si genera ganancias o valor”.
Si bien la Ley Ómnibus abarca una infinidad de temas, el marco ideológico podría resumirse en las reflexiones que efectuó Milei en su reciente discurso en el Foro de Davos. Allí comentó que “el problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general; muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta porque (…) el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva (…) y a mayor carga impositiva mayor es la coacción y menor es la libertad”. Una concepción que niega el rol del Estado como redistribuidor de ingresos y como garante del bienestar de la ciudadanía a través de la prestación de servicios básicos como salud, educación, etc., especialmente a los grupos más vulnerables.
Al mismo tiempo, el mandatario elogió el rol de los empresarios en la economía, especialmente el de las estructuras de negocios más concentradas, los monopolios. Utilizó el argumento de que “es imposible que exista algo así como los fallos de mercado”, una idea que supone que las economías se desarrollan bajo un sistema de competencia perfecta, en el que ningún actor económico tiene poder sobre, o condiciona a, otros, y con el que se intenta justificar la no intervención del Estado como regulador. También aconsejó a los empresarios que “no cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. Es el problema mismo”. Por otro lado, calificó a los empresarios de las muy grandes multinacionales como “benefactores sociales”, como “héroes” que dieron lugar al “periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido”.
Según la información que presentó la ONG Oxfam en el Foro de Davos, “la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que durante el mismo período la riqueza acumulada de cerca de 5000 millones de personas a nivel global se ha reducido”. ¿Podríamos llamar prosperidad a semejante situación? Oxfam agregó también que “entre las grandes ganadoras en este período de crisis están las grandes empresas multinacionales (…) los beneficios de las mayores empresas experimentaron un aumento del 89% entre 2021 y 2022”.
Considero que el ideal libertario o neoliberal falsea la realidad cuando postula que eliminando las restricciones y abriendo los mercados va a venir la prosperidad: no es así. Lo que vendrá es mayor ganancia para un grupo reducido de grandes corporaciones y grandes pérdidas para la producción y el trabajo nacional, especialmente en las PyMEs. La Ley Ómnibus y también el DNU 70/23 son las herramientas para lograrlo.
Pero en el mundo se plantean otros caminos distintos al que intenta instalar el gobierno de Milei, aunque ese camino sea elogiado por la directora gerente del FMI. En un reporte de ese mismo organismo denominado “El regreso a la política industrial”, se señala que Estados Unidos, China y Europa impulsan medidas para fomentar a sus industrias y proteger a sus mercados en sectores estratégicos. Se sostiene, además, que la reciente ola de nuevas actividades de política industrial está impulsada principalmente por las economías avanzadas y los subsidios son el instrumento más utilizado.
El ajuste siempre presente
El FMI acaba de recortar drásticamente la proyección de crecimiento para Argentina durante 2024, la cual pasó del +2,8% a -2,8 por ciento. Con estos números queda claro que estaremos ante una situación recesiva que empeorará los ingresos fiscales y llevará a un mayor ajuste del lado del gasto. Teniendo en cuenta que la producción agropecuaria se va a recuperar luego de la sequía del año pasado, ¿cuánto van a tener que caer la industria, la construcción y los servicios para cerrar en una caída del 2,8% del PBI?
En este contexto, el directorio del Fondo comunicó esta semana el desembolso de U$S 4700 millones a partir de la aprobación de la séptima revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. Sobre el mismo, Kristalina Georgieva fue entusiasta: “lo que puedo decirles es que hasta ahora hemos visto un buen equipo, un buen equipo económico, un presidente muy pragmático, no limitado ideológicamente, pero buscando maneras en que el país pueda salir de esta dificultad”.
No obstante, los riesgos están allí presentes. En el reporte del equipo técnico del FMI se afirma que “el programa continúa sujeto a niveles muy altos de incertidumbre”, con los riesgos aún inclinados al desmejoramiento, mientras que “los riesgos de agitación social no pueden ser subestimados”.
Observación que resulta lógica, teniendo en cuenta que se acordó un ajuste fiscal del 5% del PBI en un año, una magnitud difícil de encontrar en otras experiencias de naciones que han aplicado “planes de estabilización”. De allí que en el acuerdo abundan los calificativos como “ambicioso”; “proceso desafiante”, “medidas audaces”; adjetivos que se coronan con la frase: “será esencial una formulación de políticas ágil y planificación de contingencias, y es posible que se necesiten medidas adicionales para asegurar los objetivos del programa”.
En verdad, toda una conjunción de políticas concertadas entre las que propone el gobierno argentino y las que exige el FMI. Políticas que ya hemos vivido en tres oportunidades, con resultados conocidos, y que difícilmente sean distintos en esta oportunidad.
