El Destape | Opinión
Estados Unidos se queja ante la OMC de que las medidas argentinas protegen a los trabajadores nacionales en detrimento de los norteamericanos.
Por Carlos Heller
En la página web de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos se publica: "El órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) confirma la victoria en la disputa comercial contra la Argentina con respecto a las restricciones a las importaciones".
Para dejarlo bien en claro, el representante comercial de ese país, Michael Froman, aclara que "las medidas proteccionistas de la Argentina impactan en un amplio segmento de las exportaciones estadounidenses, afectando potencialmente miles de millones de dólares cada año lo que constituye la base para mantener los empleos de alta calidad de la clase media estadounidense". Agrega además que este fallo demuestra que la administración de Obama revela un compromiso para "hacer valer" sus derechos comerciales y "para luchar a favor de los intereses de los trabajadores, hombres de negocios y granjeros" norteamericanos.
Acompañan a los Estados Unidos como litigantes contra nuestro país, Japón y la Unión Europea. Antes de analizar los pormenores del informe de la OMC, vale la pena echar un vistazo al flujo comercial argentino con las economías demandantes.
Las importaciones argentinas de productos europeos y japoneses cayeron en 2014 con respecto al año anterior, mientras que las compras a Estados Unidos desaceleraron notablemente su crecimiento en los tres últimos años. No obstante, en este último caso, el saldo con Argentina sigue siendo superavitario para Estados Unidos y, por lo tanto, teniendo en cuenta el déficit comercial norteamericano con el resto del mundo, economías como la argentina -que contribuyen a contrarrestarlo- son de vital importancia para sus productores y trabajadores.
Volviendo al fallo en sí, entre las herramientas de política comercial que impugnan los demandantes se encuentran las DJAI (Declaraciones juradas anticipadas de importación) y otras cinco medidas de política comercial que se describen como "la obligación de exportar un determinado valor de mercancías desde la Argentina equivalente al valor de las importaciones que se realicen", "limitar el volumen de las importaciones o reducir su precio", "abstenerse de repatriar fondos", "realizar inversiones en la Argentina o aumentar las existentes", o "incorporar contenido nacional en las mercancías producidas en el país". Más allá de las cuestiones técnicas y de si son o no compatibles con algunas disposiciones de la OMC, como alegan las tres partes litigantes, lo interesante del informe es que va mucho más allá de las medidas en sí y hace hincapié en la idea de que "el Gobierno argentino ha presentado la sustitución de importaciones como una política de Estado que está aplicando sistemáticamente para reindustrializar el país, concediendo entre otros, incentivos fiscales y préstamos en condiciones favorables a los operadores económicos que alcancen un determinado nivel de contenido nacional". Consecuentemente, el informe insta a "derogar o modificar" esas políticas, ya que reflejan la voluntad de las autoridades de máximo nivel del país como parte de una política de "comercio administrado".
Lo anteriormente expuesto nos permite pensar que la verdadera intención de los países desarrollados es mantener el dogma del "libre comercio", que no es otra cosa que proteger sus industrias y trabajadores a costa de seguir exportando manufacturas a la periferia, limitando el progreso industrial de aquellos países para poder "contrarrestar" el pobre desempeño de sus economías internas.
La Unión Europea cita 23 casos en los que se "hacen visibles las trabas comerciales". Entre ellos se encuentra la firma de un convenio del gobierno argentino con la marca Renault Trucks Argentina, en el cual la empresa se comprometía a revertir el déficit de su balanza comercial y a invertir 4 millones de dólares y realizar inversiones en empresas autopartistas locales para desarrollar nuevos productos en Argentina. En otro comunicado de prensa citado se señala que la automotriz Mercedes Benz retomaría la producción de camiones en la Argentina con una inversión de 53 millones de dólares. Otro caso mencionado es el del compromiso de la empresa Scania en 2011 de capitalizar utilidades por 56,8 millones de dólares y reinvertirlas.
En suma, son todos acuerdos que demuestran la clara voluntad del gobierno de generar trabajo en el país y que aquellas empresas extranjeras que producen en el territorio nacional lo hagan bajo condiciones que aseguren el desarrollo productivo. Lo anterior contrasta claramente con lo ocurrido durante los noventa, cuando los capitales extranjeros que "invertían" en nuestro país no eran más que empresas subsidiarias de sus casas matrices, cuya finalidad era vender sus productos a precios abusivos, generando jugosas ganancias que casi automáticamente "fluían" al exterior sin ningún tipo de contraprestación local. Un escenario ideal para las grandes potencias que ahora dicen sufrir "imposiciones" como consecuencia de las decisiones del gobierno argentino.
Estas potencias, que litigan contra Argentina y no trepidan en proteger agresivamente sus productos agrícolas -con gran costo para nuestro país-, se encontraron con una nación que aplica políticas activas en defensa de su industria y su soberanía, y eso no les gusta.
