Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
En la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles, convocada simultáneamente por los bloques de Unión por la Patria (UP), UCR y Encuentro Federal, no se pudieron lograr los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial a la Ley de financiamiento universitario.
En esta votación se puso en juego mucho más que la específica ratificación o no del veto. Lo expuso claramente el jefe del Bloque de UP, Germán Martínez: “No solamente estamos discutiendo el financiamiento de las universidades y de la educación pública, sino que se está dando una discusión sobre el modelo de país. Y es lógico; si Milei quiere una Argentina con el 80% de excluidos, es absolutamente razonable que quiera hacer añicos la educación pública”.
Las discusiones en el recinto discurrieron por varios carriles: de los 159 legisladores/as que votamos en contra del veto, muchos/as comentaron la importancia de la universidad pública y del financiamiento necesario, imposible de analizar bajo una regla contable de superávit. Esta última cuestión también se puso en discusión, puesto que la ley vetada hubiera significado un mayor gasto para este año de sólo el 0,14% del PBI.
Quedó claro que, más que ganar, el gobierno pierde al ir en contra de un extenso sentimiento de apoyo a la educación pública, ratificado en las marchas y los actos realizados en todo el país.
Por su parte, el PRO enfocó sus exposiciones en criticar a lo que ellos llaman “kirchnerismo”, y en intentar identificar a los y las integrantes de otros bloques que votaron en contra del veto, como “furgón de cola” de UP, estrategia que demostró la falta de argumentos para defender el veto presidencial.
El Consejo Interuniversitario Nacional se expresó claramente: “la universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como Nación. Es el presente y el futuro del país y un orgullo de las y los argentinos”.
En verdad, muchas medidas tomadas por este gobierno (en particular el veto analizado y el de la ley que mejoraba los haberes jubilatorios), bajo el latiguillo de la “libertad”, van destruyendo paso a paso las bases del Estado presente, que, si bien de modo imperfecto, se fue construyendo durante décadas en nuestro país.
Es el Presupuesto 2025
El enfoque de la erosión del Estado no puede abstraerse de la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso sobre el Presupuesto 2025. Pero a mi juicio, este debate suele estar mal planteado (por mala intención o por desconocimiento): no se trata de que, por un lado, estamos los hinchas del déficit fiscal y, por el otro, los defensores del superávit.
Nosotros no fomentamos el déficit fiscal como política, sino que somos enemigos del ajuste como instrumento para resolverlo. Hay que solucionarlo de otra manera, con otros instrumentos, que fomenten el crecimiento económico, la agregación de valor, que garanticen protección a los sectores productivos de la economía nacional, y con impuestos progresivos y otras medidas que mejoren la distribución del ingreso.
Cuando el presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto en el Congreso dijo que a partir de ese momento la planificación se haría sobre la base de los ingresos, no de los gastos; es decir, sin considerar prioritario las necesidades ni los proyectos que hay que atender. Lo convirtió en dogma, repetido por ministros y funcionarios. Escuchamos a algunas/os legisladoras/es decir que no se podía aprobar un gasto si no venía con una fuente de ingresos asociada. Pero el presidente fue más allá, al expresar que “el único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo”.
Este gobierno se jacta diciendo que el déficit cero no se negocia, pero por otro lado realiza políticas que van en sentido contrario. Cuando le conviene gasta más, como en el caso del rechazado DNU para la SIDE, pero además elige perder recursos, como cuando otorgó los beneficios fiscales en el impuesto a Bienes Personales en provecho de los sectores más ricos de la sociedad.
Para bajar el déficit no hace falta ajustar, achicar el gasto, sino que también se puede recaudar más. En primer lugar con el crecimiento de la actividad económica. Por otro lado, incrementando los ingresos estatales mediante el aumento de impuestos donde hay más capacidad contributiva, como los impuestos directos a la riqueza (Bienes Personales) o como fue el Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas.
En este tema, no podemos obviar las recientes declaraciones del primer mandatario: “no hay nada más aberrante que hablar del concepto de cobrarle más a las ganancias extraordinarias”, para agregar “el que gana plata es un héroe, un benefactor social porque lo hace vendiendo mejor calidad a un mejor precio”. Son conceptos discutibles, además de erróneos, porque las ganancias “extraordinarias” tienen esa calificación porque no responden a la gestión del empresario, ocurren por motivos ajenos a éste, como sucedió en la pandemia con el sector salud y el comercio digital.
Como ya fue expresado, la otra manera de recaudar más es hacer crecer el nivel de actividad económica. Pero, ¿a dónde nos ha llevado esta política del ajuste a rajatabla del gobierno? Veamos los datos oficiales. El Índice de Producción Industrial Manufacturero del Indec tuvo una caída del 13,6% en el acumulado a agosto respecto a igual periodo del año anterior. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción se contrajo en el mismo plazo un 30,3%. Es un desempeño esperable, dada la política recesiva instrumentada por el gobierno desde la devaluación del 118% en diciembre, seguida por la insuficiente recomposición de los salarios y las jubilaciones, y el freno en la obra pública.
El aumento del desempleo y de la desigualdad, junto con la pobreza y la indigencia crecientes, no hicieron otra cosa que deprimir aún más el mercado interno, iniciando una nueva ronda decreciente en el comercio minorista y posteriormente en la producción. Es el resultado de la “corrección” de los precios relativos que impulsa el Gobierno.
Este escenario a la baja también impacta en la menor recaudación tributaria. No sólo se dejan caer impuestos, sino que los ingresos fiscales vienen mermando por la política recesiva. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en los primeros nueve meses del año, los ingresos de la administración nacional ajustados por IPC se redujeron 4,2% respecto al mismo lapso del año anterior. En igual período, el desempeño de los impuestos más ligados al nivel de actividad fue: IVA -10,2%, Ganancias -11,2%, Débitos y Créditos -8%, Seguridad social -13,4%.
Por el lado de las erogaciones, en los primeros nueve meses los gastos totales se contrajeron 27,6% interanual en términos reales, con un recorte muy superior en gastos de capital (-77,1%) y transferencias a provincias (-79,1%). El rubro de Jubilaciones y pensiones cayó un 20%, siendo el de mayor incidencia en el recorte. En igual período, el poder de compra de las jubilaciones registró una caída real del 17,3% en el caso de los haberes mínimos complementados con bonos.
El presidente se ha propuesto públicamente destruir el Estado. Nunca se planteó con tanta audacia dicho objetivo. Hemos vivido distintas etapas del neoliberalismo en la Argentina, que las defino como las 4M (Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei). Pero la actual, del anarcocapitalismo, de un supuesto capitalismo sin Estado, nos desafía a emprender una batalla cultural más profunda que las anteriores.
