Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
En la presentación de un libro en Paraguay, el presidente Javier Milei aseguró que está haciendo en la Argentina “el ajuste más grande de la humanidad”. Más allá de que es incomprobable que se trate del ajuste de mayor magnitud desde que existe vida humana en el planeta, es cierto que el mismo no tiene antecedentes en nuestro país por su amplitud y por su profundidad.
Como hemos dicho en otras oportunidades, el gobierno impulsa un cambio de los precios relativos de la economía. Lo hace disminuyendo drásticamente los subsidios de los servicios públicos y liberando los precios de los productos, facilitando, de este modo, la mejora de la rentabilidad de los formadores de precios. Es decir: permite que los productos y servicios suban más que los salarios, las jubilaciones y las pensiones.
¿Cómo se expresan los cambios en los precios relativos? Por ejemplo, en la cantidad de kilos de carne, de papas, de fideos que se pueden comprar con un salario o con una jubilación. En resumen: lo que está en juego es la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir una persona trabajadora activa o pasiva con los ingresos que recibe cada mes. Cuando se dice que el salario real cayó el 20%, lo que se está sosteniendo es que se puede comprar y pagar un 20% menos de productos y servicios. Así de fácil.
En esa línea, hace un mes, el Poder Ejecutivo, a través del DNU 274/2024, modificó la fórmula previsional vigente hasta ese momento. Según esta última, las jubilaciones y pensiones se actualizaban de modo trimestral por una combinación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y la recaudación del ANSES. El gobierno, en cambio, decidió que el ajuste sea por el índice de inflación. Pero la aplicación de la nueva fórmula no vino acompañada con una compensación por la pérdida que sufrieron los haberes previsionales en los primeros meses de la administración Milei. Un claro ejemplo de cambio de precios relativos.
Por eso, el proyecto de modificación de la fórmula jubilatoria presentado por el Bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria (UxP) va en el sentido opuesto: busca que las jubilaciones y pensiones no pierdan con relación a la inflación reciente. Para ello, se propone incrementar en 70.000 pesos los haberes mínimos e incluir adicionalmente una suba del 30% para todas las prestaciones que se incorporaría al haber “de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses”. El proyecto gubernamental, por el contrario, sólo propone un 12,5% de suba.
Para defender el valor de las jubilaciones y las pensiones, tanto en escenarios de crisis como de crecimiento, sostenemos que, luego de los incrementos a los haberes ya detallados, es necesario aplicar un ajuste por inflación todos los meses y que se compare esa mejora con los aumentos que daría la utilización de la fórmula atada a la recaudación de la ANSES y al RIPTE. Si la aplicación de ésta diera como resultado un incremento mayor al del IPC, se aplicará la misma en el ajuste de haberes. Si, en cambio, la suba mayor fuera producto de la aplicación del IPC, se utilizaría este último cálculo.
Desde el Bloque de UxP proponemos mantener como criterio para establecer los aumentos usar el índice de precios junto con la fórmula anterior. ¿Por qué? Porque si la inflación se mantiene elevada y la crisis se acentúa con las caídas del empleo, los salarios y la recaudación, el ajuste por el IPC significaría consolidar la pérdida sufrida en los primeros meses del gobierno mileista. Pero si, en el marco de otras políticas, se volviera a una Argentina con crecimiento, con creación de nuevos puestos de trabajo, recomposición de los salarios e incremento de los ingresos fiscales, la aplicación de la fórmula jubilatoria anterior contribuiría a que los haberes previsionales crecieran por encima de la inflación y, por lo tanto, mejoraran en términos relativos.
Los jubilados y jubiladas son un sector muy castigado que no puede esperar. Creemos que hay posibilidades de que una iniciativa como la que presentamos genere consenso. Los proyectos no sólo necesitan ser buenos. Además, requieren de mayorías en ambas cámaras para que se puedan convertir en ley. Varios diputados y diputadas del radicalismo y de la Coalición Cívica están proponiendo iniciativas muy similares. Probablemente podamos trabajar en consensuar, en construir acuerdos y en avanzar en una media sanción en la Cámara de Diputados.
El jueves se reunió la comisión de Presupuesto y Hacienda en un encuentro informativo para comenzar a tratar las “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, que incluyen la vuelta del Impuesto a las Ganancias, baja de alícuotas en Bienes Personales, modificación del Monotributo y un blanqueo de capitales, entre otras reformas.
De ser aprobado el cambio en la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, alrededor de un millón de trabajadores pasarían a pagar el tributo revirtiendo la situación generada en el último tramo de la gestión anterior.
Con relación al Impuesto a los Bienes Personales, el proyecto del gobierno propone una baja muy significativa en particular de las categorías más altas, que pasarían de tributar un 2,25% a un 0,45% en los bienes alcanzados. Según se dijo en la mencionada reunión informativa, el máximo tributo sólo es abonado por 10.000 contribuyentes. Tratándose de un impuesto muy progresivo, su reducción en las categorías más altas muestra el carácter regresivo de la totalidad de la reforma propuesta. A ello se suma la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.
El paquete que se comenzó a discutir también contiene un blanqueo de capitales sumamente generoso para quienes adhieran. Los bienes alcanzados incluyen dinero, inmuebles, acciones o títulos hasta criptomonedas. Como novedad absoluta se establece que los que blanqueen hasta 100.000 dólares o su equivalente no tendrán ningún cargo.
El conjunto de proyectos de ley disminuye impuestos a los contribuyentes con mayor patrimonio y los aumenta a los monotributistas y a los que integran la cuarta categoría de Ganancias.
Junto al cambio de los precios relativos en favor de los grandes formadores de precios, la administración actual intenta producir un cambio regresivo de la estructura tributaria, haciéndoles pagar más a los que menos tienen y menos a los que más tienen. Es el peor de los mundos.
