Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
Durante la semana se produjeron en la Cámara de Diputados las primeras reuniones informativas sobre la llamada “ley ómnibus” con la presencia de distintos funcionarios del Ejecutivo. Nuestro bloque pidió la asistencia de la totalidad del gabinete, puesto que se trata del debate de un proyecto de ley con 664 artículos que impacta sobre la vida de los argentinos y de las argentinas. En el mismo sentido, pedimos que el proyecto se gire a veinticinco comisiones y solo se lo hizo a tres de ellas: Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales.
Muchas decisiones del Gobierno van en un mismo sentido: considerar al Poder Legislativo como un estorbo. Sin embargo, la Constitución es clara cuando establece que el pueblo gobierna a través de sus representantes y estos son los diputados y las diputadas. De allí que un gobierno que insiste con que el Poder Legislativo es una institución desechable genera preocupación.
En la Cámara de Diputados funcionan 46 comisiones permanentes que hacen a la diversidad de temas que es necesario considerar. Los proyectos de ley deben tener giros a distintas comisiones según los temas que contienen. En la “ley ómnibus” que se comenzó a tratar esta semana, por ejemplo, hay cuestiones de Salud, Energía, Ambiente, Educación, Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos, Finanzas, Economía y Pymes, entre muchas otras. Sin embargo, el Gobierno decidió que el proyecto vaya a sólo tres comisiones. La frase repetida es “no nos hagan perder tiempo, traten rápido el proyecto y aprueben todo”. Así formulado este discurso es grave: supone la idea de que el Parlamento no es un lugar de representación de diversos puntos de vista y de producción de consensos sino un espacio donde se le hace perder tiempo al Gobierno.
En ese marco, el Ejecutivo retacea la presencia en el Parlamento de los principales responsables del proyecto de “ley ómnibus”, dificultando de ese modo la profundización del debate. En un comunicado del Bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria sostuvimos: “No somos tontos ni tontas. Durante los tres días de los plenarios de las comisiones, que se convocaron para tratar de manera exprés el proyecto de “ley ómnibus” enviado desde el Ejecutivo con el fin de que Javier Milei gobierne sin el Congreso, no vimos al ministro de Economía, Luis Caputo, ni al jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, y tampoco apareció su autor intelectual, Federico Sturzenegger. Estas ausencias no son casuales, tenemos la seguridad de que son intencionales porque no pueden dar la cara ante lo que significa tamaña entrega de recursos nacionales a extranjeros y complicación económica, política y social para la vida de las familias argentinas. Javier Milei los esconde”.
En esa línea, el ministro Luis Caputo se ha referido en los medios al proyecto de ley ómnibus: “En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”. No hay dudas: el ministro de Economía está afirmando que las políticas implementadas producen sufrimiento y la cuestión es cuánta intensidad tendrá el mismo.
El miércoles también se anunció el entendimiento entre el gobierno nacional y los equipos técnicos del FMI, para el desembolso –previa aprobación del Directorio– de unos 4.700 millones de dólares destinados a pagar vencimientos con el organismo.
Llama la atención la fuerte coincidencia del texto dado a conocer por el staff del Fondo con el discurso del actual gobierno. El organismo internacional sostiene, por ejemplo, que “si bien el camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar, las acciones iniciales lograron evitar una intensificación de la crisis”.
En la semana circuló un texto originado en la cuenta de la Oficina del Presidente Javier Milei, que asegura que el acuerdo anunciado el miércoles por el ministro de Economía “le permitirá (al Estado) disponer de 4.700 millones de dólares de la deuda contraída por el expresidente Alberto Fernández”. Se trata de un claro caso de noticia falsa: la totalidad de la deuda con el FMI la tomó el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019 sin que pasara por el Congreso Nacional.
Emplean todos los recursos para intentar convencer a la sociedad de que el sufrimiento es el único camino.
