Tiempo Argentino | Escenario Económico
La rescisión de los contratos ferroviarios, las mejoras en Aerolíneas y la deuda telefónica.
Por Carlos Heller
El gobierno dio otro paso importante en materia de gestión de los recursos públicos al anular la concesión de dos ramales ferroviarios que estaban en manos de la empresa brasileña América Latina Logística (ALL), con más de 7000 kilómetros de vías que transitan por varias provincias de nuestro país. También se le quitó la concesión a la Sociedad Comercial del Plata, que en el año 1993 obtuvo el permiso para explotar el Tren de la Costa, un servicio pensado en términos turísticos.
La estatización de estos servicios ocurre tras un proceso de irregularidades contractuales importantes, que incluyen elevadas deudas en concepto de cánones al Estado y ausencia de inversiones necesarias. Según la Auditoría General de la Nación, la firma brasileña adeuda 237 millones de pesos y multas por 60 millones.
A su vez, ejecutó menos del 10% del plan de inversiones, y tiene al 30% de su flota fuera de uso por falta de mantenimiento. Algo parecido ocurre en el Tren de la Costa, donde además del deterioro de la flota, desde 2011 el Estado se ha tenido que hacer cargo del pago de los salarios, a pesar de que el pasaje se encuentra en valores de 10 pesos.
Con esto, cae por su propio peso el argumento utilizado en los '90 para justificar las privatizaciones de los trenes, prometiendo que la gestión privada sería altamente eficiente. Debido a que se trata de un sector en el que la rentabilidad social es ampliamente superior a la ganancia privada, existe una razón de peso para avanzar en la gestión en manos estatales, dentro de un plan pensado para ir mejorando las prestaciones a los usuarios. El ferroviario es un servicio que genera importantes derrames en materia de competitividad sobre una gran cantidad de actividades productivas y de economías regionales, sin contar que representa un medio de transporte central para millones de pasajeros. Es un hecho alentador que esta semana hayan entrado en funcionamiento tres nuevas formaciones en la estatizada línea Mitre, algo que no ocurría desde hace 52 años, y son las primeras de las 55 que se han comprado a China.
En otro plano, en un primer momento algunos medios señalaron que la brasileña ALL "adoptará todas las acciones legales necesarias para preservar sus derechos" (El Cronista, 5 de junio). No obstante, en términos jurídicos ALL sólo puede reclamar en el ámbito de la justicia argentina, ya que por una decisión estratégica Brasil no está adherido al CIADI y no firmó acuerdo bilateral de inversión alguno, como sí ha ocurrido con la Argentina, un punto que en nuestro caso debiera ser reconsiderado.
Una noticia importante para el proceso de vuelta al Estado de actividades estratégicas son los mejores resultados obtenidos por el Grupo Aerolíneas Argentinas, que redujeron en un 30% las transferencias solicitadas al Estado Nacional para financiar gastos corrientes, con relación a igual semestre del año anterior. Además, en mayo obtuvo un 82% de participación en el mercado doméstico, muy superior al 67% logrado en el mismo mes de 2009, en los inicios de la nueva gestión estatal.
Además de los trenes, otro de los sectores con importantes deficiencias en el servicio es el de las telefónicas. Ante las recurrentes quejas de los usuarios de telefonía móvil, constatadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones, la presidenta Cristina Fernández firmó el Decreto 681/13 que establece en sus considerandos que "resulta de interés prioritario, a fin de salvaguardar los derechos de los usuarios, establecer nuevos requisitos de calidad del servicio que garanticen una eficiente prestación, y exigir a los licenciatarios una permanente adecuación de sus redes de modo tal que se satisfagan tales requerimientos". Con ello, se habilitó a la Secretaría de Comunicaciones a elaborar un nuevo reglamento de calidad de servicio, que establecería pautas claras que, de no cumplirse, implicarían la suspensión de la comercialización y activación de nuevas líneas y servicios por parte de las licenciatarias. Un paso que muestra un firme compromiso estatal por la defensa de los usuarios, históricamente relegados por el avance de una lógica que apunta a obtener los máximos beneficios posibles para las corporaciones.
UN INICIO CON TROPIEZOS. La oportunidad de la publicación del índice de precios al consumidor producido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una motivación eminentemente política.
En una gacetilla del GCBA, se expresa que "el jefe de gobierno sostuvo que el índice estará 'avalado por expertos', y señaló que tendrá 'los estándares más altos de calidad y transparencia, como merecen los vecinos'".
Si bien se habla de transparencia, aún no está publicada la metodología, con lo cual resulta difícil evaluar la consistencia del mismo, e incluso interpretar el índice, puesto que se desconoce cómo se construyó la canasta de bienes, si refleja el consumo de los trabajadores asalariados, o el consumo de los perceptores de altos ingresos, o es un promedio entre ambos. También llama la atención que hayan publicado datos sólo a partir de enero de este año, cuando poseen la serie desde julio de 2011. Todas estas razones, más el momento tan cercano a las PASO, dan idea de la fuerte intención política en la presentación del índice. Además, poco antes de su presentación se produjo el despido de una delegada gremial que trabajaba en el área de estadísticas; el disgusto de las actuales autoridades de la CABA respecto a la actividad gremial no es nuevo, está en la base misma de su pensamiento sobre cómo gestionar.
Un conspicuo representante de ese pensamiento es Federico Sturzenegger, quien acaba de presentar su libro Yo no me quiero ir, en medio de las protestas de los trabajadores del Banco Ciudad, entidad que preside.
Entre otras cuestiones, en el libro se relatan experiencias exitosas de gestión, ya sea empresarial como gubernamental. Una mención especial y destacada merece la administración conservadora que se desarrolló en Australia entre 1984 hasta pasados los años noventa. Sturzenegger plantea entonces que el éxito de esas políticas, que lograron un importante crecimiento que llega hasta 2012, se debe a que se logró cambiar la negociación de los convenios colectivos que se efectuaban por sector, a realizarlos por empresa: "Y no es fácil para un sindicalista aceptar que la negociación va a ser por empresa, porque es aceptar que su poder gremial desaparece", opina el autor.
En el mismo sentido, relata las experiencias de gestión del gobierno de la CABA. Al describir la mala calidad de la educación, Sturzenegger comenta que "un intento por cambiar esta realidad, y que conozco por mi participación en el GCABA (gobierno de la Ciudad) fue el largo conflicto que se produjo por un proyecto del ministro de Educación Esteban Bullrich, que atacó medularmente el poder de los gremios en el manejo de la política educativa".
Estas citas no hacen más que confirmar la postura del autor de Yo no me quiero ir, contraria a los intereses de los trabajadores, ya conocida a partir de las políticas que implementó como secretario de Política Económica junto con López Murphy primero, y luego con Cavallo en el gobierno de De la Rúa. Haciendo memoria: "Sturzenegger dijo que todos los sueldos y las jubilaciones serían alcanzados por el recorte, incluidos los sueldos más bajos y los haberes mínimos. 'Por razones legales, la reducción debe ser absolutamente horizontal, es decir, uniforme para todo el universo de jubilados y empleados públicos'" (Clarín, 14/07/2001).
Hoy día, su intolerancia a toda forma de participación popular lo lleva a caer en una ominosa banalización del Holocausto, cuando compara a las organizaciones sociales que vigilan los precios en el programa Mirar para Cuidar, con las juventudes hitlerianas. Estas son las bases ideológicas profundas de quienes hoy gobiernan la Ciudad de Buenos Aires y aspiran a llegar a gobernar la Nación.
