Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El proyecto de Ganancias de Sociedades aprobado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el miércoles pasado busca robustecer el carácter progresivo de la tributación. Implica una reducción de la carga tributaria en el Impuesto a las Ganancias para el 90% de las empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, y al mismo tiempo fortalece la sostenibilidad fiscal. A partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en los años anteriores, incluido 2020, que fue del 30% para todas las empresas.
No obstante, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) rechazaron el proyecto, diciendo que aumenta la tasa (efectivamente, para un 10% de las empresas que más ganan), sosteniendo que las subas de impuestos reducen la posibilidad de inversión de las empresas. Esta postura no tiene en cuenta que los organismos internacionales y los países más desarrollados están pensando o ya han decidido aumentar los impuestos a las ganancias de las sociedades, tanto por la pandemia como también por razones de equidad y progresividad impositiva.
El proyecto incorpora tres tramos, con alícuotas progresivas marginales del 25% para las ganancias de hasta $ 5 millones, del 30% para ganancias entre $ 5 y $ 20 millones, y del 35% marginal para ganancias mayores a $ 20 millones. De tal forma, recién a partir de una ganancia de $ 25 millones se paga una alícuota superior al 30%.
De todas formas, la mayor presión tributaria que surgiría de este esquema es relativa, por varias cuestiones.
Es más que probable que cierta cantidad de empresas presenten balances negativos o menores ganancias en 2021, porque venimos recuperándonos de la pandemia, y aun transitando una preocupante segunda ola con un resultado incierto, con lo cual el impacto fiscal será seguramente muy menor al calculado.
Además, las pérdidas de 2020 se irán compensando en los años siguientes. Por ejemplo, las empresas que hayan tenido pérdidas el año pasado y tuvieran ganancias en los siguientes, no pagarían impuesto a las ganancias por uno o varios años, ya que descontarían la pérdida de 2020. Así es como funciona el impuesto.
En cálculos del Ministerio de Economía, se considera que con el nuevo proyecto que se acaba de aprobar en comisión, a lo sumo se llegarán a compensar en 2021 los menores ingresos por los beneficios concedidos en el Impuesto a las Ganancias a las personas humanas.
Por su parte, las cámaras representantes de las grandes empresas se han expresado en la misma línea —ya comentada— que los diputados de JxC.
Para Jaime Campos, presidente de AEA “la Argentina necesita imperiosamente movilizar las capacidades del sector privado para volver a crecer y generar empleo”, pero agregó que “otra suba de impuestos como la planteada para su tratamiento en Diputados, se contrapone totalmente con dichos objetivos”.
Para la UIA, “ninguna empresa verá reducida su alícuota respecto del 25% que debería regir en 2021 según la reforma de 2017”, pero no reconoce que sí se reduce para muchas respecto a la alícuota del 30% vigente hasta el año pasado. También expresa que “las empresas que verían reducida su alícuota a 25% representan, de máxima, el 25% del empleo formal de la economía y solo el 14% de la recaudación de este impuesto, por lo que se gravaría en mayor medida a las empresas que generan la mayor dimensión del empleo, la producción y la capacidad contributiva en el país”. Frase que parece contradecir la gran cantidad de cálculos existentes que establecen que las MiPyMEs son las principales generadoras de empleo, con mediciones que van desde el 51% del total si se consideran los empleos registrados privados (dato del Observatorio PyME, constituido por la UIA junto con la Universidad de Bologna) y otras estimaciones que le suman el empleo privado no registrado, y llegan a un 80% del total.
La UIA sostiene que “la alícuota de impuesto a las ganancias a las empresas es la que marca el nivel de reinversión de utilidades de una economía”, una proposición muy difícil de demostrar.
Por ejemplo, la Secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, dijo que “la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 de los republicanos no atrajo nueva producción o inversiones a Estados Unidos. Por el contrario, le dio incentivos a las empresas para enviar trabajadores y ganancias al extranjero”.
El nobel de Economía Paul Krugman, sostuvo que “la rebaja tributaria (de Trump) no tuvo ningún efecto visible en la inversión empresarial, probablemente porque abordaba un problema falso. Las multinacionales estadounidenses no habían trasladado puestos de trabajo al extranjero para evadir impuestos; habían evadido impuestos sin más”.
Gita Gopinath, Economista Jefa del FMI, señaló que los impuestos tienen que ser más progresivos y las grandes empresas tienen que pagar “lo justo” en un contexto de merma generalizada de los ingresos públicos.
Según un informe de la Cepal de octubre pasado, la presión tributaria en la región es actualmente del 23,1%, por debajo de los países de la OCDE (34,3%). En Argentina es del 28,8%, apenas por debajo de Uruguay y bastante más bajo que Brasil (33,1%), el más alto de la región.
Sin embargo, la muletilla de que aumentar impuestos a las grandes sociedades ahuyenta la inversión, junto con la supuesta elevadísima tasa de tributación en nuestro país, fueron los argumentos más utilizados por JxC el miércoles pasado en la Comisión de PyH.
En otro orden de cosas, no puede dejar de pensarse en cierto paralelismo entre la actual situación de Estados Unidos y nuestro país, relativo a cómo encarar las cuestiones fiscales, más allá de las grandes diferencias entre ambas naciones.
El presidente estadounidense Joe Biden buscará aumentar el impuesto que pagan las sociedades en EE UU, del 21% vigente al 28%, y, entre otras razones, sostuvo que “no es aceptable que 91 de las 500 mayores corporaciones del país pagaran cero en impuestos federales en 2019”. Cuando se le preguntó si elevar la tasa de impuesto corporativo alejaría a las corporaciones del país, Biden afirmó: “En absoluto... no hay evidencia de eso”.
En un artículo de El País titulado “Los planes sociales de Biden se topan con el rechazo de los republicanos” (29.04.21) se sostiene: “La defensa a ultranza que el presidente de EE UU, Joe Biden, ha hecho del papel del Gobierno federal y la expansión de la red de protección social levanta ampollas en la oposición republicana”. En el texto se agrega: “Biden pidió más artillería para apuntalar la recuperación y reforzar el Estado de Bienestar y los conservadores prometieron batallar contra el «despilfarro»”.
Más aún, en su discurso de los 100 días, Biden sostuvo: “Compatriotas, la economía del goteo nunca funcionó. Es el momento de hacerla crecer desde abajo”. También hizo un llamamiento a reforzar el sindicalismo y a subir los impuestos a los más ricos.
Hay un claro cambio de mentalidad en el mundo, debido a los terribles resultados que la globalización financiera y las guaridas fiscales impusieron sobre la distribución del ingreso en el mundo, con la gran mayoría de la población cada vez más pobre, y un reducido grupo de monumentales empresas y fortunas personales, cada vez con más riqueza. La pandemia puso aún más en evidencia la desprotección que el sistema impone sobre un amplísimo porcentaje de la población mundial. Una cuestión que no se puede obviar, puesto que las reacciones políticas (de un corrimiento hacia la extrema derecha en muchos países, que pone en riesgo la democracia) están siendo cada vez más preocupantes.
