Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Las recientes manifestaciones de los funcionarios del Gobierno nacional van en una misma dirección: “se empiezan a ver los frutos” de la actual gestión económica, se puede vislumbrar “la luz al final del túnel”, etcétera. Se destaca en este inventario la reciente frase del ministro de Economía Luis Caputo: “Al que la está pasando mal hoy le digo que tenga más esperanzas que nunca porque lo peor ya pasó”.
Pero estos conceptos se topan con la realidad de las mayorías que padecen las consecuencias de este modelo. No se condicen con la experiencia que tuvo nuestro país cuando se aplicaron las políticas “liberales” que impulsa el gobierno de Javier Milei. Se trata de un modelo que apunta a un “capitalismo sin Estado”, donde sólo prosperará lo que indique el mercado, es decir, lo que sea rentable.
En este entendimiento, intentan invertir la lógica del Presupuesto Nacional: no lo elaboran sobre la base de las necesidades del funcionamiento del Estado, y los gastos que ello requiere, sino que éstos quedan librados a la evolución de los ingresos y de la economía en general.
De allí que este proyecto de Presupuesto va mucho más allá del logro del equilibrio fiscal. La variable de ajuste de cualquier desequilibrio en los ingresos serán los gastos: la obra pública, la salud, la educación. Y hacia allí apuntan los vetos presidenciales a las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación que preveían la mejora de los haberes jubilatorios y el financiamiento universitario, y la lamentable ratificación por parte de la Cámara de Diputados.
En la validación del veto del pasado miércoles se juega mucho más que una cifra fiscal: como expresó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “la universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como Nación. Es el presente y el futuro del país y un orgullo de las y los argentinos”.
Ajuste interminable
Además, el modelo que implementa el Gobierno, contenido también en su proyecto de Presupuesto, es procíclico, en el que el ajuste deviene en un sendero interminable donde una economía recesiva requiere cada vez de un mayor ajuste para llegar al mentado “déficit cero”.
Algunos datos macroeconómicos reafirman las consecuencias de este modelo de gestión libertaria, al tiempo que contradicen el discurso de los supuestos “brotes verdes”.
La actividad industrial presentó un crecimiento mensual del 1,5 por ciento en el mes de agosto, según lo indica el último comunicado del Indec. No obstante, la variación interanual (comparando con igual mes de 2023) indica una caída del 6,9 por ciento. En esta medición, sólo una de todas las divisiones crece: Alimentos y bebidas, impulsada principalmente por el rubro Molienda de oleaginosas (+43,1 por ciento).
Como reflejo de ello, la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria durante julio (último dato disponible) fue del 59,7 por ciento y acumula una reducción superior a los 10 puntos porcentuales cuando se comparan los 7 meses de 2024 contra el mismo período de 2023.
El sector de la construcción no muestra mejores perspectivas. Luego de 4 meses en alza vuelve a caer en agosto, y acumula una retracción del 30 por ciento en los 8 primeros meses. Así, 2024 presenta, tras la pandemia, el año con peor nivel de actividad desde el inicio de la serie (2012). Durante los últimos tres meses (junio a agosto), comparados con igual período de 2023, la demanda de insumos del sector muestra una caída generalizada de dos dígitos en casi todos ellos.
Las perspectivas para septiembre informadas por la cámara que nuclea a los principales proveedores de insumos marcan una continuación de esta tendencia negativa: en los 9 meses transcurridos de 2024, el sector acumula una baja interanual del 28 por ciento y su peor año desde 2006.
Resulta difícil proyectar una recuperación sostenida mientras los niveles de consumo e inversión en Argentina no se recompongan. Y ello no se conseguirá mientras continúen achicándose los ingresos de la ciudadanía.
Los salarios privados registrados presentaron una reducción interanual real del 10,6 por ciento en el acumulado de los primeros 7 meses, y los públicos, un 24 por ciento. Los haberes jubilatorios no tuvieron mejor suerte: éstos se redujeron en un 26,6 por ciento en el acumulado al mes de agosto con respecto a igual periodo del año pasado para aquellos que no cobran el bono y en un 17 por ciento para los que sí lo obtienen.
No caben dudas de que, una vez más, estamos ante una situación en la que sólo la resistencia de los ajustados, teniendo por miras generar una alternativa democrática y constitucional de crecimiento con equidad y justicia distributiva, será la que logre poner un límite a esta crisis.
Nota publicada en el suplemento Cash del diario Página/12 el 13/10/2024
