Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional está recayendo con todo su peso en el conjunto de la población. Lamentablemente es algo que anticipamos durante el debate de campaña y ahora se está haciendo realidad. El origen de los problemas no está en “la política” o en la supuesta herencia, tal como argumenta el Gobierno, sino que radica en las medidas económicas que se implementan.
De hecho, apenas asumió, la actual gestión realizó una inédita devaluación del tipo de cambio del 118 por ciento. La magnitud de la suba, en un marco de desregulación de precios, generó un fuerte salto de la inflación durante los meses de diciembre y enero, que terminó afectando en mayor medida a quienes viven de sus ingresos fijos (los asalariados, los jubilados, etc.). El cambio de los precios relativos que se está verificando forma parte de un efecto buscado por el Gobierno, con el objetivo de modificar –con sentido regresivo— la distribución del ingreso en Argentina.
En este marco, ya se están viendo afectadas la demanda interna y la producción, y seguramente se estén acumulando los impactos en materia de empleo. Los últimos indicadores de enero muestran una caída del consumo masivo y se avizora una profundización para el mes en curso. El Índice de Producción Industrial de FIEL (IPI) cayó en diciembre 0,9 por ciento con relación a noviembre, en tanto que la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria se ubicó en el último mes del año en los niveles más bajos desde que se elabora la serie (2002). Por su parte, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en diciembre una caída del 3,1 por ciento respecto de noviembre (sin estacionalidad).
Nada para festejar
En enero se obtuvo un superávit fiscal financiero, que fue presentado por el Gobierno como una “gran noticia”. Pero del recorte del gasto público primario, que fue del 39,4 por ciento interanual real, el mayor “aporte” correspondió al rubro jubilaciones y pensiones, que explicó un tercio de la baja. Lejos de todo mérito.
El recorte de las transferencias a las provincias tampoco da para “festejar” ya que son los habitantes de las distintas localidades –no los gobernadores— quienes sufren las consecuencias de las políticas. Lo mismo ocurre con la obra pública, cuya reducción repercute en los niveles de empleo y en el dinamismo de amplias zonas del país.
El presidente Javier Milei señaló que: “la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian”. Una frase que expone con total claridad el pensamiento y la falta de sensibilidad social del Gobierno.
En tanto la actual gestión siga avanzando con estas políticas su nivel de aceptación indefectiblemente va a seguir cayendo (algo que ya muestran las encuestas), al igual que se incrementará el rechazo de la ciudadanía a sus medidas.
Vale mencionar nuevamente el desenlace final que tuvo el proyecto de ley Ómnibus en el Parlamento, un hecho que no es aislado y que posee estrechos vínculos con el paro general del 24 de enero y con la gran movilización que se desarrolló en todo el país.
Desde el bloque de Unión por la Patria insistimos y conseguimos que se convoque a la sociedad civil a expresar sus opiniones. Cerca de 200 organizaciones concurrieron al debate en comisión y una gran mayoría se opuso (total o parcialmente) a los contenidos del proyecto. Este conjunto de acciones terminó incidiendo en lo que finalmente ocurrió con el proyecto en el recinto. Legisladores y legisladoras, que en un primer momento lo apoyaron en general, expresaron su negativa cuando se “bajó a tierra” el contenido de los artículos. Ante la suma de los rechazos, y para evitar quedar más expuesto, el Gobierno decidió retirar el proyecto.
Está más que claro que el único límite al ajuste estará dado por la capacidad de resistencia de los ajustados, una frase que acuñé en los noventa y que tiene más vigencia que nunca.
