Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El Gobierno anunció el acuerdo por un financiamiento de U$S 8800 millones provenientes del Banco Mundial (U$S 5000 millones en total, de los cuales U$S 3000 millones son aportes de la Corporación Financiera Internacional, orientados al sector privado); y U$S 3800 millones del BID, de los cuales U$S 2400 millones son para el sector público y U$S 1400 millones están destinados al sector privado. Pero, dado que son préstamos que se desembolsan mientras se ejecutan los proyectos, sólo una parte mínima estaría disponible para 2025.
Este financiamiento, si bien se presenta para proyectos necesarios y específicos como por ejemplo “la protección social, la educación y la ayuda a los sectores vulnerables para hacer más asequible el transporte y las tarifas eléctricas”, en realidad tiene como función primordial el ingreso de divisas. No obstante, sería de gran ayuda que dichos proyectos se realicen, pero la “motosierra profunda” los pone en duda. El Gobierno ya fue noticia por no haber cumplido la ejecución de programas con estos organismos, tal es el caso de algunos vinculados a la entrega de alimentos.
En lo que va del año, el país pagó más de lo que recibió de los organismos internacionales, excluyendo al FMI. Según los datos del balance cambiario, en los ocho primeros meses de 2024 el egreso neto de divisas por estos préstamos alcanzó los U$S 3501 millones, cuando en igual período del año pasado ingresaron en forma neta fondos por U$S 857 millones. Así, estos nuevos fondos de alguna manera vendrían a compensar en parte los pagos ya realizados.
Adicionalmente, en su gira por los Estados Unidos, el ministro Luis Caputo realizó anuncios sobre otras fuentes de financiamiento con las que contaría la Argentina para afrontar sus compromisos del próximo año. Se trataría de un REPO por U$S 2700 millones, en principio a través de bancos privados. Con ello el Gobierno podría afrontar los pagos de capital de los bonos que vencen en enero, sin depender del FMI. Incluso, Luis Caputo dejó entrever que podría volver a los mercados internacionales para atender los vencimientos de julio “si las tasas de interés lo permiten”.
Como es habitual, el FMI publicó sus estimaciones macroeconómicas. En el caso de nuestro país, espera una inflación de 45% para 2025, dejando en duda el 18,3% que presentó el Gobierno en el proyecto de Presupuesto para el año entrante. Una diferencia de más del doble respecto a la estimación oficial.
Dudas del mercado
Si el sentido de los anuncios del REPO y el financiamiento con los organismos internacionales tuvo la intención de mostrar solvencia y capacidad de pago, surgieron algunas voces de reparo de importantes analistas del mercado financiero internacional.
Cabe resaltar que estos analistas opinan con insistencia a favor de los mercados y de la desregulación y la liberalización financiera, políticas que casi siempre van en contra de los intereses de los países, en especial los menos desarrollados. Con esta consideración, sus críticas resultan aún más llamativas:
El analista principal de Moody’s Ratings para Argentina comentó: “con el gobierno anterior veíamos una situación de repago o reestructuración, con el actual gobierno vemos un reperfilamiento” de cara a 2025. Y agregó: “Si bien se espera que las pérdidas sean acotadas, para nosotros cae como un evento de incumplimiento”. Vaticinó también que, más allá del REPO anunciado por el Gobierno, el país seguirá en tensión con sus cuentas externas, y no estima que vaya a haber entrada importante de capitales a nuestro país en el próximo año.
Este clima de inquietudes ya había sido expresado por el periódico especializado Financial Times. En una nota publicada el martes pasado se cita a un funcionario financiero internacional que refirió que el gobierno está realizando “el ajuste fiscal más drástico jamás visto en una economía en tiempos de paz”. El periódico señala que el Gobierno profundizó la recesión, que se evidencia en las caídas del consumo, la industria y la construcción, así como en el aumento de la pobreza que se ubicó “en 53%, el número más alto en 20 años”.
Según el diario citado, “la mayoría de los inversores extranjeros quieren ver qué tan duradero resulta el experimento de Milei antes de abrir los talonarios de sus cheques. La industria nacional está siendo presionada por la creciente fortaleza del peso, lo que también hace más difícil para el Gobierno ahorrar los dólares que necesita para pagar la deuda”.
Con palabras más cuidadas, el FMI en su reciente informe del Panorama Regional de América Latina sostiene sobre Argentina: “Están surgiendo señales de estabilización económica, y la actividad económica se expandió después de abril, aunque el ritmo de recuperación sigue siendo incierto y desigual entre sectores”.
Paciencia de los argentinos
El Financial Times concluye: “Tal vez la pregunta más importante en medio de la incertidumbre es cuánto tiempo va a durar la paciencia de los argentinos con la drástica terapia de shock económico de Milei”. Como suelo comentar, el límite al ajuste estará dado por la resistencia de los ajustados.
Ese límite de lo que están dispuestos a aguantar los ajustados sigue siendo puesto a prueba día tras día. Todas las semanas se hacen anuncios de cierres de organismos estatales, de privatizaciones en carpeta, de despidos de personal público y de distintas medidas para el sector privado que también atentan contra el empleo y los ingresos.
En el caso del FMI, su informe de Perspectivas Económicas Mundiales contiene un capítulo titulado “Entendiendo la aceptación social a las reformas estructurales”, en el cual propone distintas estrategias de comunicación, de participación y demás tácticas para que los ajustados acepten el ajuste. Se sostiene que las reformas son altamente necesarias, pero, “no obstante, los esfuerzos hacia las reformas han mermado en años recientes, en medio de la resistencia del público”. En el mismo capítulo se analiza “la aceptación social de las reformas estructurales, explorando los factores que moldean las opiniones públicas y la efectividad de diversas estrategias para incrementar el apoyo (de la ciudadanía)”. Agrega que “la resistencia radica frecuentemente en las percepciones, desinformación, y déficits de confianza más que en el interés económico individual”. Todo un manual de “marketing” para tratar de evitar la conflictividad social: pareciera que han llegado a la conclusión de que las ayudas económicas a los grupos más afectados no interesan realmente.
A modo de cierre, es probable que Argentina consiga superar los vencimientos de 2025, al menos los del primer semestre. Y es prematuro arriesgar hipótesis sobre la duración de la sostenibilidad social del gobierno. La experiencia histórica muestra que las políticas que hacen recaer todo su peso sobre los sectores populares nunca han sido sostenibles, y han derivado en grandes penurias para la ciudadanía, tanto para las clases medias como, especialmente, para los sectores más vulnerables. Si bien con matices que tienen que ver con aspectos personales, con situaciones históricas específicas, con estilos de conducción distintos, las gestiones de José Alfredo Martínez de Hoz, Carlos Menem y Mauricio Macri han evidenciado los mismos resultados negativos para la soberanía del país y el bienestar de su población. No sería ilógico, más bien hasta esperable, que las políticas del gobierno de Javier Milei tuvieran consecuencias similares. De allí que he definido estas gestiones como “las 4 M”.
