Noticias Argentinas | Opinión
Por Carlos Heller
El dólar ilegal dio un nuevo salto y llegó a $320. Pero ese dato debe ser complementado con otro: si tomamos el periodo que va desde diciembre del año pasado a la actualidad, ese dólar ilegal se ha movido muy por debajo de las principales variables de la economía. En el año, el aumento de esta cotización ha sido de alrededor del 54%, muy por debajo de la inflación del mismo periodo. Por lo tanto, objetivamente el que especuló con el dólar ilegal perdió. Si, por ejemplo, hubiera invertido en plazos fijos en cualquiera de sus variables le hubiera ido mejor.
En el marco de la reunión del G20, el presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro bilateral con su par chino Xi Jinping en el que nuestro país obtuvo una ampliación en U$S 5 mil millones del margen de uso del swap vigente con el país asiático, divisas que podrán ser consideradas reservas de libre disponibilidad. Este acuerdo contribuye a aislar aún más los intentos desestabilizadores que lideran los operadores crónicos que se movilizan detrás de la demanda de devaluación. La Argentina no está quieta: está consiguiendo herramientas y mejorando permanentemente sus recursos.
El ministro de Economía Sergio Massa, en el marco de una disertación ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), volvió a mencionar que en las próximas semanas se firmará el acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, que permitirá “agrandar la base tributaria”, ya que estará enfocado en los que “evaden algunos impuestos haciendo crecer la carga tributaria sobre aquellos que cumplen”. Ese convenio posibilitaría a la Argentina acceder a la información sobre fondos y bienes no declarados de los argentinos en aquel país. De hacerse efectivo, según cálculos que trascendieron, se generaría una base imponible de por lo menos U$S 100.000 millones. Con lo cual contaríamos con mayores recursos presupuestarios derivados del impuesto a los Bienes Personales y de Ganancias, aplicados a esta nueva base imponible.
Por otro lado, el Gobierno decidió poner en marcha el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios aprobado por la Ley 26.992 en el año 2014. Es una herramienta de información a través de la cual el Estado podrá saber qué es lo que sucede en el interior de las cadenas de valor y, por lo tanto, avanzar con mayor eficacia en sus distintas políticas de control de precios a través de un monitoreo sistemático.
En paralelo, en el Presupuesto 2023 se ha incorporado una actualización de las multas por incumplimiento de los acuerdos, que llegan hasta $250 millones.
No es sencillo desplegar un control eficaz de los precios. Hay que enfrentar, en simultáneo, a los productores concentrados de los bienes y a sus distribuidores concentrados y no concentrados. No hay una herramienta mágica. Lo que hay es un conjunto de instrumentos combinados con la acción política. Entre ellos, es muy relevante el protagonismo de los intendentes y de las organizaciones de consumidores: esta etapa del programa Precios Justos requiere del involucramiento de las organizaciones en el territorio contribuyendo con el monitoreo y el control. La pelea contra la inflación es una pelea de toda la sociedad. No es sólo una acción gubernamental. Es imprescindible que los intendentes y las distintas organizaciones de la sociedad civil no sólo actúen de modo testimonial o mediático sino que se involucren de modo real, efectivo y permanente.
En este sentido, sería muy importante que se creen estructuras de control en el nivel de los municipios para monitorear los precios de todos los comercios. Si del total de las ventas, dos tercios se producen en los negocios de proximidad, ello indica la necesidad de que el control sea extensivo: que llegue a las grandes cadenas pero también a esos comercios de proximidad diseminados por el territorio. Por eso, es imprescindible crear una estructura diversificada de monitoreo donde el rol de las intendencias y de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental.
En otro orden de cosas, este jueves sesionó la Cámara de Diputados y se trataron una serie de proyectos de leyes relevantes aunque muy poco difundidos. Antes, tuvo lugar un homenaje a Hebe de Bonafini con un minuto de silencio y su fotografía o pañuelos exhibidos sobre las bancas. Hubo también varios discursos de referentes de distintas bancadas reivindicando su lucha contra la dictadura cívico-militar durante los años del genocidio, entre otros aspectos de su vida pública. Todas posiciones sentidas y respetuosas con la sola excepción de la intervención de un diputado libertario que mereció un amplio y justificado repudio.
En la sesión, entre otros proyectos, se aprobó por unanimidad el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina como idioma natural y originario; la denominada ley de Alcohol Cero, que modifica un artículo de la Ley 24.449 que reduce a cero la tolerancia de consumo de alcohol para conducir vehículos automotores de tránsito; la “Ley Johanna”, que establece procedimientos para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal; la jerarquización del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas y el traspaso de Nación a la provincia de Córdoba del predio del ex centro clandestino de detención La Perla.
Desde los grandes temas de la economía hasta una serie de iniciativas sectoriales, la democracia argentina trabaja intensamente y desmiente los discursos antipolítica que intentan deslegitimar sus instituciones. El Gobierno del Frente de Todos disputa y avanza en varios frentes a la vez.
