“El Partido Solidario, como parte del pueblo argentino movilizado en las calles de todo el país, manifiesta una vez más que la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia para los 30.000 compañeros desaparecidos integra las bases del pacto democrático sellado de manera tácita por todas las fuerzas políticas tras las elecciones de 1983. Cualquier intento de desconocer o debilitar ese acuerdo fundador atenta contra las bases de la democracia recuperada por todos los argentinos tras los años de terror”, señaló este mediodía Carlos Heller, Presidente de la fuerza solidaria que integró una gruesa columna de militantes que ingresó a la Plaza de Mayo por la Diagonal Sur al tiempo que realizaban una emocionante suelta de globos.
“El gobierno nacional expresa su voluntad de desconocer los avances conseguidos en materia de Derechos Humanos”, prosiguió Heller al referirse a la inclusión de Alfredo Astiz y otros genocidas, como Jorge “El Tigre” Acosta, en una lista de presos en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria elaborada por el Servicio Penitenciario Federal. “Los responsables del terrorismo de Estado deben continuar en la cárcel”, subrayó el ex legislador.
Asimismo, el referente se expresó acerca de la liberación de Carlos Zannini y Luis D’Elía: “Hoy estamos felices porque los compañeros recuperaron la libertad luego de que el Tribunal Federal a cargo de la causa considerara que los motivos por los que les aplicaron la prisión preventiva no eran sustentables”. “Este 24 de marzo una multitud recibe con aplausos la presencia de los compañeros en la Plaza de Mayo. El Partido Solidario se suma a esta celebración por la libertad de quienes habían sido injustamente apresados, sin respetarles la presunción de inocencia y, por lo tanto, sometiéndolos a un castigo injustificado ante la falta de fundamentos probados”, completó.
En tanto, el Secretario General del Partido Solidario, Juan Carlos Junio, sostuvo que “el compromiso de la enorme mayoría de nuestro pueblo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia este año tiene una especial relevancia en el marco de la vocación del gobierno de revertir las políticas de derechos humanos e ir hacia una supuesta «reconciliación» que es en realidad un intento de garantizar la impunidad”.
