Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
Estaba cantado, el gobierno salió de festejo por su “triunfo” parlamentario con el afán de instalar que su empuje político es indetenible, consecuentemente, en los próximos días y meses potenciará su plan “contra la casta”. La ley finalmente fue votada, aunque dejó en el camino una parte sustancial de sus pretensiones, lo cual restringirá las herramientas económicas y políticas previstas para avanzar aún más en su proyecto del “ajuste más grande del mundo” que va erosionando la vida de la mayoría del pueblo. La maniobra propagandística-comunicacional tiene un primer propósito esencial: negar que lo que se proponía imponer en 15 días a partir del envión del resultado electoral; llevó seis meses, detenido y obstaculizado por movilizaciones multitudinarias, paros generales del movimiento obrero, la manifestación más grande de la historia de la comunidad universitaria en defensa de la educación pública, un masivo 8M y un 24 de Marzo enorme en todas las plazas del país.
La foto del día negro en que los legisladores de la derecha y los ultras que gobiernan levantaron sus manos junto a los amigables, no explica ni fundamenta la compleja situación política actual. Los radicales, asumieron abiertamente su subordinación a las políticas de la ultra derecha mileista continuando con la línea conservadora de la era macrista. Otros que integran la partida de amigables, luego de formular discursos críticos, lamentos y falsas emociones decidieron votar la súper ley sustentando el viejo y fracasado argumento del “apaciguamiento”. Abrevaron en el ejemplo de aquel ministro inglés Neville Chamberlain creador de la doctrina de hacer concesiones como fórmula para “tranquilizar a la bestia y evitar males mayores”. El resultado de esta claudicación fue deplorable ya que su consecuencia fue cebar aún más a la barbarie. El apaciguamiento duró un día. Luego del jueves negro, el Presidente advirtió que “irá por más”: anuncia la presentación de un proyecto típico de esta era negadora del más elemental rol del parlamento que proyecta la derogación de 80 leyes “obsoletas e inútiles”, para luego agregar “tenemos 3200 reformas más”. Para tal fin el Presidente volverá a habilitar por tercera vez a Federico Sturzenegger, destinado a ser el brazo ejecutor de las facultades delegadas recientemente. Un Terminator invocado por el presidente, cuya misión, cual “coloso”; será el exterminio de todo lo estatal.
Se desnuda que la actitud de los amigables y dialoguistas en pos de dar gobernabilidad resulta un patético fracaso. Un caso emblemático de la inmoralidad propia del cambalache discepoliano es la del diputado De Loredo. Nuevamente este señor, yerno de Oscar Aguad, conocido en Córdoba como el “milico” por su amistad con el genocida Benjamín Menéndez; hace un jueguito de palabras solo apto para muy incautos en el que critica amargamente “la baja de impuestos a los bienes personales a los más ricos, que tienen la plata afuera, y un patrimonio superior a un millón de dólares”. “Estamos en contra, pero nosotros lo apoyamos porque lo votó la gente”. Un chanta disfrazado de diputado. La realidad política es que como corolario de la votación perdió el pueblo y la democracia como sistema sustentado en valores y principios en pos de la unión nacional, el bienestar general, la justicia con un sentido social, y la libertad e igualdad de los ciudadanos y ciudadanas. La delegación de facultades a este presidente no puede ampararse en el argumento de que ya se hizo en otras oportunidades. Quien hoy ejerce la primera magistratura, declaró públicamente que viene a destruir desde adentro al Estado Nacional, desprecia y niega al parlamento al que define como un nido de ratas; a los gobernadores elegidos por la ciudadanía de sus provincias les dice “los voy a mear”, insulta y denigra los presidentes de países hermanos del continente y de otras potencias mundiales. A poco de andar, ante una manifestación pacífica de protesta envía a las fuerzas de seguridad a provocar y reprimir salvajemente a la ciudadanía. A este gobierno autoritario y sometido a los poderes económicos locales y extranjeros, es a quien los congresales le otorgaron facultades que serán ejecutadas descarnadamente contra los derechos de los ciudadanos.
Los auténticos celebrantes del supuesto triunfo son, en primer lugar, las corporaciones mineras quienes lograron imponer su RIGI colonial, a partir del cual, se precipitarán a la apropiación de nuestros recursos naturales, vitales para sus negocios planetarios y no trepidarán en envenenar nuestro medio ambiente. Festejan también las organizaciones empresarias comenzando por la AMCHAM y sus aspirantes de líderes políticos, la AEA; UIA; CAC y SRA. Todos ellos son partidarios del reclamo de ajuste del Estado que implicará reducción del presupuesto universitario, recortes a médicos y enfermeras, a maestros y profesores, a los asalariados de todos los niveles, a jubilados y los anunciados tarifazos. Festejan también los propulsores de la destrucción de nuestra ciencia y del acervo cultural nacional. Corona la fiesta de las minorías el FMI quien afirma su apoyo decidido al plan de gobierno y sus “resultados positivos”, aunque complementariamente reclama gobernabilidad y atención al conflicto social, concluyendo con otra de sus clásicas presiones: “el tema central es que se concrete el ajuste fiscal y se mantenga en el tiempo”. Un eufemismo que oculta su verdadero propósito: que el ajuste sea perpetuo. En suma, esos núcleos de poder serán los responsables del inevitable agravamiento del conflicto social y de la respuesta represiva que aplicará la dupla Milei - Bullrich, con la aquiescencia de los grandes medios de dominación y sus editorialistas disfrazados de objetivos y neutrales. Muchos de esos círculos fácticos guardan un silencio ominoso frente a la ausencia de justicia e impunidad sobre el gravísimo atentado a la vida, la convivencia y la democracia sufrido por la líder y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Los 25 millones de pobres, los 7 millones de ciudadanos que ya no comen todos los días, el 60 por ciento de los menores de 14 años en la pobreza y las clases medias en derrumbe, nada les importan. Mucho menos conceptos como Soberanía Nacional, Patria, Nación o Pueblo. Todos esos valores los esconden en el arcón de lo impuesto por la cultura neocolonial, bajo el apotegma de que son ideas anacrónicas.
