Un proyecto de ley que defiende la potestad soberana y busca cancelar la deuda externa con los tenedores privados
POR CARLOS HELLER
El 22 de marzo hemos presentado desde el bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario un proyecto de ley de creación de un Fondo de Desendeudamiento que se destinará a la cancelación de los servicios de la deuda con tenedores privados correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
El tema de la deuda externa ha sido un eje de confrontación política entre las derechas y los distintos sectores del campo popular. El no pago de la deuda fue una consigna compartida por las diversas vertientes del arco progresista y de la izquierda durante los largos años de hegemonía neoliberal. Una primera reflexión que cobra actualidad es si aquella consigna -del no pago y repudio a la deuda externa- tiene vigencia o es funcional a los intereses de la nueva y vieja derecha, en las nuevas condiciones políticas de la Argentina generadas a partir del proceso iniciado en 2003.
No se trata de olvidar que la deuda externa en su origen fue contraída en el marco de programas económicos con el sello de la Escuela de Chicago y del Fondo Monetario Internacional.
Ni tampoco que ese dinero fue a parar a las cuentas en el exterior de los sectores más poderosos del país.
Puedo recordar que, por entonces, lo primero que formulaba la “Propuesta Cooperativa” del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la materia, era que nuestro país debía recuperar plenamente la autonomía de decisión sobre la formulación y aplicación de su política económica, reafirmando que es una atribución propia de los poderes constitucionales y de la sociedad argentina, y no de funcionarios de una institución controlada por las naciones más poderosas del planeta en función de sus intereses.
Yo sostengo la posición de que es bueno crear una comisión bicameral que vuelva a revisar todo el tema de la deuda, porque eso es una gran asignatura pendiente, y porque además actualizaría ante la ciudadanía las responsabilidades que los sucesivos gobiernos han tenido en forma concreta en la generación del endeudamiento que tanto ha condicionado el desarrollo de la Argentina.
NUEVA REALIDAD Pero entiendo que levantar hoy la consigna del no pago de la deuda externa es negar la nueva realidad argentina. El actual momento político está caracterizado por una fuerte puja entre dos tipos de fuerzas centralmente en pugna: las que se oponen abiertamente a la consolidación y profundización del camino emprendido en 2003 y las que, desde distintas perspectivas, apostamos a avanzar por el camino de desmontar definitivamente el andamiaje heredado del modelo neoliberal, y construir los cimientos de un país soberano, democrático, con justicia social y desarrollo sustentable.
En este marco, y entrando en un análisis responsable del tema y alejado de todo consignismo, no se puede obviar que la deuda actual es relativamente nueva, que se originó principalmente con la resolución de la crisis financiera determinada por la salida de la Convertibilidad y la posterior devaluación, más los pagos del gobierno a jubilados que ganaron los juicios por la actualización de sus haberes. Y que, además, es el resultado de otros pagos vinculados a los bonos provenientes del canje de 2005, por el cual se logró una reducción de hasta el 66 por ciento. El canje más importante, por valor de la quita y por monto, realizado por país alguno en las últimas décadas.
Por todo lo expuesto, lo que el proyecto de Ley de Desendeudamiento propone constituye un acto de cancelación de deuda externa en ejercicio de potestad soberana, sin ningún tipo de imposiciones y condicionamientos similares a los contraídos antes del default de 2002, conocidos como planes de ajuste.
Resulta valioso para el país cancelar ladeuda pública de 2010 con Reservas Internacionales por dos factores clave. En primer término, desde la perspectiva puramente económica, las reservas generan un rendimiento menor de lo que se debe pagar por los préstamos necesarios para cancelar la deuda, y además otorgan mayor solidez aún, a la capacidad de pago de la deuda, lo cual debería redundar en una reducción de la tasa de interés con la que potencialmente puede financiarse nuestro país.
Mucho se ha polemizado alrededor del sentido de acumular reservas.
Tal como lo expresamos textualmente en la exposición de motivos del Proyecto de Ley: “Nuestra economía generó significativos ingresos netos de dólares por el comercio de mercancías con el exterior. El saldo del Balance Comercial alcanzó los 20.343 millones de dólares en 2008 y 16.435 millones de dólares en 2009. En forma concomitante, la formación de activos externos del sector privado, que es el rubro que recoge las compras de dólares de particulares, ascendió a 23.098 millones de dólares en 2008 y 14.123 millones de dólares en 2009. Es decir, gran cantidad de las divisas que ingresaron, fugaron hacia el exterior o pasaron a engrosar las cajas de seguridad.” Entonces, ¿no deberíamos preguntarnos si resulta válido plantear la regulación de este tipo de conductas? Y, además, ¿si no debería ser imperativo realizarlo para evitar la dilapidación de recursos obtenidos y bloquear la fuga de divisas vía flujos especulativos? No cabe duda que hacer eje en estos conceptos conduce a revelar el verdadero posicionamiento de sectores que destilan preocupación por las reservas internacionales.
No hace falta gran perspicacia para anoticiarse de que ninguno de ellos realizó declaración alguna criticando la facilidad para enviar dinero al exterior. Y, mucho menos, cuestionaron que la fuga de capitales es el principal flujo que socava la acumulación de reservas. Seguramente estarían en contra de limitar la sangría de reservas, pues ello significaría un nuevo avasallamiento del Estado sobre la libertad de mercado que defienden a capa y espada.
LA DEUDA INTERNA Un concepto central de nuestro proyecto radica en que el objetivo trasciende el mero pago de la deuda externa, ya que es una decisión funcional a un mejor financiamiento de la Nación. Y es un nuevo paso para abordar el pago de la más importante deuda que tiene nuestro país: la deuda interna con nuestro pueblo, con sus necesidades y carencias.
La eliminación de la pobreza y la indigencia tienen que ser el nuevo piso para construir una sociedad equitativa, solidaria y sustentable.
Volvamos textualmente a la exposición de motivos: “La creación por ley del Congreso del Fondo del Desendeudamiento, juntamente con la concreción del canje, en un entorno de fuerte recuperación económica, mejorará significativamente las condiciones macroeconómicas”.
Este nuevo marco permitirá mejorar la asignación de recursos ya que “con posterioridad a la sanción del Prepuesto 2010, gastos muy importantes como la universalización de la asignación por hijo, el incremento en las jubilaciones y pensiones, y se espera que las paritarias generen aumentos salariales, todas erogaciones de relevancia, que mejoran la distribución del ingreso, cuyo impacto sobre las cuentas públicas es necesario evaluar. En el esperado tratamiento sobre la adecuación del presupuesto, deberán orientarse los recursos hacia el gasto social, tanto en infraestructura como en recursos corrientes”.
Este proyecto de ley también connota la necesidad de un avance mayor en acciones redistributivas, como incrementar el monto de la universalización de la asignación por hijo, lo cual resulta indispensable para mejorar la situación de más de un millón de familias y las posibilidades de educación de sus hijos. La expansión del gasto, en forma ordenada y con impacto distributivo positivo, es parte de una verdadera política nacional de desarrollo con mejora en la distribución del ingreso, a la vez que es indispensable para consolidar la recuperación de la economía por la que estamos transitando.
El crecimiento futuro debe ser acompañado de medidas tributarias centradas en impuestos progresivos; como, por ejemplo, mejorar el impuesto a las ganancias con escalas más progresivas, gravando la renta personal, para que las ganancias de las empresas se centren en cabeza de sus accionistas, y extender el impuesto a la renta financiera y las ganancias de capital. Además, resulta necesario reformular la legislación para que las rentas de la tierra y del subsuelo también sean adecuadamente gravadas. La reforma debe reducir los impuestos que recaen sobre bienes y servicios, altamente inequitativos, como el IVA, en un proceso que garantice al Estado nacional y los estados provinciales los recursos suficientes para atender al desarrollo con equidad.
Como vemos, la ley que proponemos no es sólo un instrumento que permitirá salir del atolladero al que se ha llegado, sino una herramienta que fortalece la tendencia a consolidar un estado de soberanía para avanzar en transformaciones de mayor peso hacia un modelo económico con equidad y justicia social, con desarrollo social y económico al servicio de los intereses de nuestro pueblo.
(Revista Debate)
