Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Podría decirse que la comunicación del desembolso del directorio del FMI por 4700 millones de dólares durante esta semana ha sido mucho más política que la notificación del acuerdo, hecha el 10 de enero. Ya no se habla de que el camino hacia la estabilidad será difícil y que las condiciones empeorarán antes de mejorar, ni tampoco de que las medidas adoptadas tendrán un impacto inflacionario y profundizarán la contracción de la actividad, como se expresaba a inicios de enero.
Más bien, Kristalina Georgieva habla de “desinflación” --en el reciente comunicado se menciona el 12,8 por ciento de noviembre, pero se hace la vista gorda al 25,5 por ciento de diciembre--. Tampoco prevé ninguna penuria, más que las dificultades que tendrá el Gobierno para llevar adelante el plan: “el proceso de estabilización será desafiante y requerirá de una implementación firme y ágil de la política económica”. Un mensaje que podría interpretarse como “estamos de acuerdo con las políticas, pero sean eficientes en su implementación”.
No obstante, Georgieva utiliza conceptos laudatorios. En rueda de prensa expresó: “lo que puedo decirles es que hasta ahora hemos visto un buen equipo, un buen equipo económico, un presidente muy pragmático, no limitado ideológicamente, pero buscando maneras en que el país pueda salir de esta dificultad” para luego remarcar que “dada la ambición que plantearon, cuando tuvimos la discusión sobre la séptima revisión, nos pareció la revisión número uno, porque existe un enfoque dramáticamente diferente para la formulación de políticas”.
Cambios
Pero ¿hay alguna explicación de las razones por las cuales el FMI pasó de una estimación de crecimiento para Argentina del 2,8 por ciento para 2024 en la estimación de octubre a una caída del 2,8 por ciento en las proyecciones de enero?
Tampoco se menciona que en el actual acuerdo se estima una caída del PIB del 1,1 por ciento para 2023, cuando en la revisión de agosto pasado se proyectaba una caída del 2,5 por ciento. Pareciera que en términos de PBI las medidas del anterior gobierno, criticadas por el Fondo, dieron buen resultado.
Tanto el comunicado de inicios de enero como el reciente coinciden en un tema: “una comunicación clara, junto con el fortalecimiento de la asistencia social, serán fundamentales para lograr el apoyo social y político del programa”. Le están diciendo al gobierno que extreme los recaudos para reducir los conflictos sociales que ya están generando las medidas aplicadas.
El texto del acuerdo es más estricto que el comunicado. Sostiene que “el programa continúa sujeto a niveles muy altos de incertidumbre”, con los riesgos aún inclinados al desmejoramiento, mientras que “los riesgos de agitación social no pueden ser subestimados”.
Números
Se acuerdan además aumentos de las tarifas de la electricidad (más del 200 por ciento) y del gas (más del 150 por ciento) que ayudarían a reducir los subsidios energéticos en 0,5 por ciento del PBI, lo que significa un tercio del total de éstos. Si aún restan quitar dos tercios de los subsidios a las tarifas energéticas ¿Dónde estará la “desinflación” de la que se habla? También se proponen cortes a las transferencias a las provincias y a las empresas públicas por un total del 0,5 por ciento del PBI y preparar a éstas últimas para una potencial privatización.
En una contrariedad para los planes del presidente Milei de reducir a cero la obra pública, el memorándum del FMI establece una “estricta prioridad para los gastos de capital, enfocándose en la construcción de gasoductos críticos y vías férreas para completar los proyectos en marcha”. De todas formas, se establece un recorte del 0,7 por ciento del gasto de capital para arribar al equilibrio fiscal, lo que indica que se cortaría todo otro tipo de gasto de inversión pública, y habrá que ver si alcanza para los gasoductos.
El FMI habla de un ajuste del 5 por ciento del PBI, aunque con los datos del Tesoro Nacional, que arrojó un déficit financiero del 6,1 por ciento, habría que ajustar en esa magnitud para llegar al equilibrio fiscal como propone el gobierno. Pero con un PBI que será 2,8 por ciento inferior, por lo cual habrá menos ingresos fiscales, el recorte del gasto deberá ser más fuerte aún. Porque lo que interesa es cuánto tendrá que bajar el gasto público en términos reales, es decir, cuántas prestaciones educativas, sanitarias, poder de compra de las jubilaciones, y otros habrá que reducir. Ajuste que será enorme, de tal magnitud que puede ponerse en duda que se logre llegar a tal objetivo.
Se ha realizado un breve repaso por algunas de las acciones económicas derivadas del acuerdo con el Fondo, centradas en lo fiscal. En verdad, no puede decirse que sean “condicionalidades”, puesto que van en el mismo sentido en el que apuntan las políticas del gobierno.
