Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El Fondo Monetario anunció, en el marco de la aprobación de la cuarta revisión trimestral, la reducción de la meta de Reservas Internacionales netas para el primer trimestre y para el total de 2023, para reacomodar “parcialmente” -según los términos utilizados- los efectos generados por la sequía, un severo golpe exógeno que no fue producto de ninguna política.
Como siempre, el FMI solicita mayores esfuerzos: “En un contexto económico más desafiante, particularmente la sequía cada vez más severa, se necesitan acciones de política más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar el aumento de la inflación y los reveses de políticas, así como mantener el ancla del programa”, expresa el comunicado del organismo. Con este marco descrito, sería importante que el FMI evaluara el impacto de los intereses de sus créditos y los sobrecargos sobre el Presupuesto de nuestro país y sobre el nivel de Reservas. Una reducción de estos ayudaría a tener “políticas más sólidas”.
El relajamiento de la meta de Reservas (quizá no tanto como se necesita) se pudo activar en base a una cláusula que se logró incorporar en el acuerdo de marzo de 2022. El Directorio, de todas formas, no modificó el otro objetivo importante del acuerdo, el de 1,9% de déficit primario, más allá de que la sequía está afectando fuertemente la recaudación por retenciones. Como siempre expreso, el gran problema fue haber vuelto a endeudarnos con el FMI, decisión tomada durante el gobierno macrista.
En esta dinámica de encarar los distintos frentes, y en especial el de la escasez de divisas, el ministro de Economía Sergio Massa anunció tres importantes medidas. Por un lado, un nuevo Programa de Incremento Exportador para el complejo agroindustrial vinculado a la soja, además de incluir (a diferencia de las dos versiones anteriores) a las economías regionales. Se ofrece a estos sectores un tipo de cambio fijo de $300 por dólar para incentivar las exportaciones y fortalecer las Reservas.
En el caso de las economías regionales, se establecen criterios de elegibilidad para participar del programa, a cambio de contrapartidas por parte de los empresarios: mantener el empleo; participar del programa Precios Justos y mantener el volumen y el abastecimiento al mercado interno mientras dure el programa. Además, se establecerán beneficios de emergencia automáticos para más de 69.000 productores perjudicados por la histórica sequía que atraviesa nuestro país: suspensión, mientras dure la emergencia, de ejecuciones fiscales, bancarias y percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado.
La tercera medida apunta a suspender el CUIT de las empresas y sus directivos (inhabilitar a ejercer actividades comerciales) y la imposibilidad de acceder al mercado de cambios, en el caso de todas aquellas que no hayan cumplido con la liquidación de los dólares que recibieron por sus exportaciones, dándoles treinta días para que normalicen su situación.
En palabras de Massa: “Esos son tres temas centrales para que abramos nuevos mercados, aumentemos el volumen de exportaciones, tengamos mayor acumulación de Reservas, pero también tengamos garantizado que los argentinos y las argentinas consuman a un precio justo los alimentos que son generados en Argentina”.
Está claro que el gobierno no se queda de brazos cruzados. La realidad es compleja, como lo dejó en claro el ministro de Economía, vivimos momentos de incertidumbre a nivel local y global. En este marco, el Estado argentino sigue tratando de cumplir un importante rol a la hora de redistribuir ingresos, asistiendo a los que lo necesitan y obteniendo recursos de quienes pueden aportar.
