Tiempo Argentino | LA SEMANA ECONÓMICA
El accionar de las corporaciones empresarias resulta esperable ante el panorama que se les abre a partir de la carrera electoral.
Por Carlos Heller
En la semana se conoció el contenido del segundo documento del Foro de Convergencia Empresarial, titulado "El Rol del Estado y el Buen Gobierno Republicano". El texto, de un evidente sentido de oportunidad, es un fiel reflejo de los planes que circulan por las mentes del establishment local.
Al igual que en el anterior documento ("Bases para la Formulación de Políticas de Estado"), se vuelve a mencionar que el objetivo es "proponer políticas de Estado que promuevan la inversión para aumentar el empleo, terminar con la pobreza y la exclusión social y encaminar a Argentina en la senda del desarrollo sostenible", aspectos muy loables y casi imposibles de ser refutados. Sin embargo, no es tanto en los pronunciamientos generales sino en las propuestas donde aparece con toda su impronta el peso de la ideología. De hecho, ya en el primer documento se decía que "las empresas son el motor del desarrollo sostenible de nuestro país y una gran fuente de creación genuina de empleo", y que ello se asocia con "el respeto a la propiedad privada y la búsqueda de beneficios son objetivos genuinos y válidos del empresario"; el bienestar y el desarrollo surgen así como la consecuencia natural de un hipotético "derrame", mientras haya un Estado que no se entrometa con el axioma de intangibilidad de la ganancia empresarial.
Cabe subrayar que en el documento no hay lugar para conceptos como distribución del ingreso y reparto de la riqueza, tampoco política industrial, y mucho menos planificación estratégica, todos aspectos de los que el mercado se terminaría de encargar. En materia impositiva hablan de una reforma "tributaria y fiscal de carácter progresivo (...) que elimine gravámenes e impuestos distorsivos y tipos de cambio diferenciales"; un llamado a la eliminación de retenciones y a no discutir en absoluto la regresividad de tributos como el IVA o las exenciones a las rentas financieras. De la misma forma, nada dicen de la promoción a las Pymes y las economías regionales, una filtración que figuraba en el anterior documento y que para esta versión se encargaron de eliminar.
Otros impactos contrarios al desarrollo se derivan de la modalidad de inserción internacional propuesta, que debe "forjar la mayor cantidad de alianzas con las naciones del mundo, que le posibiliten enfrentar los desafíos del siglo XXI", un argumento que huele a relaciones carnales y que implica desandar el camino que –no sin obstáculos– se ha venido construyendo con los demás gobiernos de nuestra región.
La falta de referencia a objetivos de progresividad en la distribución de la renta también se expresa en el terreno de los precios, que deben construirse "sin injerencias arbitrarias del gobierno (...), ya que su manipulación discrecional por parte del Estado, agudiza las distorsiones de precios relativos en un contexto inflacionario, y genera fuertes desincentivos a la producción y a la inversión en los sectores perjudicados". Esta idea, que desconoce la responsabilidad de los empresarios en la inflación, podría derivar, por ejemplo, en la eliminación de los Precios Cuidados y de otras políticas que apuntan a preservar el ingreso final de los hogares, incluyendo subsidios.
El documento no sólo retrasa conceptualmente sino que desconoce las pruebas provistas por las estadísticas. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaba de presentar un informe denominado "Por qué menos desigualdad beneficia a todos", donde concluye que "más allá de su impacto en términos de cohesión social, el aumento de la desigualdad es perjudicial para el crecimiento de largo plazo". Según señala, el incremento del coeficiente de Gini (un indicador de la desigualdad) verificado entre 1985 y 2005 en 19 países de la OCDE redujo en 4,7 puntos porcentuales el crecimiento acumulado entre 1990 y 2010. El estudio también revela que, en la mayoría de los países analizados, la brecha entre los países más ricos y los más pobres se encuentra en su nivel más alto de los últimos 30 años, algo que se agudizó con la crisis, como consecuencia fundamentalmente de la caída del empleo y del impacto sobre los salarios. El panorama se agrava más todavía al analizar la concentración de la riqueza –según la OCDE mucho mayor que la del ingreso– la cual también puede dañar el potencial de crecimiento. Los números son elocuentes y muestran que en promedio el 10% más rico de los hogares posee la mitad de la riqueza, el 50% que sigue casi la otra mitad, mientras que un 40% apenas se reparte el 3 por ciento.
Estos datos son claros y contrastan con la evolución que han mostrado algunas economías en desarrollo. La OIT mostró hace poco tiempo que a pesar de los altos niveles de desigualdad de los que se parte en muchas de ellas, se destaca la reducción de la regresividad en la distribución de la renta, en particular en Brasil (2001-2012) y en Argentina (2003-2012), debido a los empleos generados y a la mejora de los salarios. No obstante esta contundente evidencia, los más conspicuos representantes del neoliberalismo siguen aterrizando en nuestras tierras. Estos días la directora del FMI, Christine Lagarde, visitó una favela en Brasil y valoró el Bolsa de Familia, aunque luego dijo que "la disciplina fiscal es la base necesaria para financiar programas como este" y que "las personas que más sufren por la indisciplina fiscal son en general los pobres", un llamado desvergonzado y más que nunca fuera de lugar a favor de los recortes del gasto y el aumento de impuestos.
VISIÓN DEL ESTADO. En otro plano, el documento del Foro no sólo se detiene en temas económicos y sostiene que el Estado debe remitirse a "establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes, pero más allá de este marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social". Es por ello que la sociedad "no debe estar sometida a la voluntad discrecional, cuando no autoritaria, de los funcionarios públicos de turno. El Estado debe tomar sus decisiones con independencia de cualquier grupo de interés privado". Con ello considera a los políticos como seres eminentemente corruptos y autoritarios, y da pie al argumento de que hay que garantizar la independencia del Banco Central (o del Poder Judicial), un criterio conservador del que sólo saca provecho el lobby del sector privado.
Como nota de color, llegan a sostener que "en la Argentina, ese rol del Estado como garante del imperio de la ley se contrapone con la experiencia (...) que proyecta claras y contundentes consecuencias negativas en la vida de la población, ya que las emergencias vienen acompañadas de medidas cuestionables que suspenden sus derechos patrimoniales", y entre los ejemplos menciona el (mal denominado) "cepo" cambiario, al que incluso asemejan con el congelamiento de depósitos de 2001, dando a entender su profundo rechazo al conjunto de medidas cambiarias destinadas hoy día a defender las reservas, que son patrimonio del conjunto de la sociedad.
De la misma forma, también sostienen que al Estado le cabe "la función de establecer y asegurar un marco de plena competencia en la actividad económica, evitando la presencia de prácticas monopólicas u oligopólicas", aunque luego dejan en claro su verdadera matriz ideológica, al señalar que "deben modificarse las normas que permiten al Estado la intervención discrecional dentro del ámbito de las empresas privadas", tales como la Ley de Mercado de Capitales o la Ley de Abastecimiento.
En cuanto a las actividades permitidas aparecen el ejercicio de la defensa, la administración de la justicia o las relaciones exteriores, para citar algunas; también se tolera la protección a los sectores más vulnerables y en particular la Asignación Universal por Hijo, una política que ningún candidato de la oposición ya se anima a cuestionar.
El accionar de las corporaciones empresarias resulta esperable ante el panorama que se les abre a partir de la carrera electoral, acercando su plataforma a los candidatos afines a sus valores y a su visión de sociedad. La presidenta Cristina Fernández fue contundente estos días al decir: "Los necesito escuchar a todos, oficialistas y opositores. Las ideas, las propuestas, cuál va a ser la dirección que va a tener la Patria a partir del 10 de diciembre." Si bien ya han dado suficientes pistas, entramos en tiempo de definiciones y sería importante que todos los candidatos revelen el programa que, llegado el caso, piensan ejecutar.
