Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Lejos de convalidar los “éxitos” de las políticas aplicadas por la gestión del gobierno libertario, como intentan transmitir los funcionarios y el propio Presidente, la realidad es preocupante. La fuerte caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población, junto a la mayor concentración de ingresos, se ve reflejada en todo el resto de los indicadores económicos y sociales.
Ejemplo de ello son: la caída de las ventas en los supermercados, el declinante nivel de producción y la consecuente alta ociosidad en la capacidad instalada industrial (se encuentra casi en la mitad), el aumento del desempleo, y el descenso de la actividad económica en general. No caben dudas de que el tan mentado ajuste que persigue el gobierno nacional ya se materializó en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Los datos oficiales de distribución revelan una regresión con relación a años anteriores. El coeficiente Gini, una cifra entre 0 y 1 que se utiliza para medir la desigualdad (cuanto más cercano a 1 mayor concentración del ingreso) registró su nivel más alto en el primer trimestre de 2024 desde que comenzó la serie en 2016. Ni siquiera durante la pandemia sanitaria se llegó a la situación actual.
Otra medida que suele utilizarse es la distribución del ingreso per cápita familiar del INDEC, que muestra que en el primer trimestre hubo un deterioro en todos los segmentos, aunque fue mayor en el 10% de la población con menores ingresos, que registró una caída del 31% interanual real.
En materia de pobreza, si nos centramos en lo informado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, la población que no llega a cubrir la canasta básica de CABA se elevó del 13,4% en el primer trimestre de 2023 al 19,8% en igual periodo de 2024.
Esta realidad también puede analizarse a partir de la evolución de los salarios y los haberes jubilatorios. En el primer caso, en términos de poder adquisitivo perdieron un 15% en promedio durante los primeros cinco meses del año en curso, comparando contra igual período de un año atrás. Por otro lado, hasta mayo, en ningún mes del actual año los haberes mínimos jubilatorios (incluyendo bonos) pudieron cubrir la Canasta Básica Total.
Según un informe de la ONG Oxfam, el pequeño grupo de las 100 personas más ricas de Latinoamérica acaparan 55 veces más de riqueza que la mitad más pobre de la región. Estos milmillonarios reúnen un valor que equivale al PBI de Chile y Ecuador juntos, es decir unos 480.000 millones de dólares. A un trabajador que cobra el salario mínimo promedio le toma 90 años ganar lo mismo que un milmillonario en un solo día, indica Oxfam.
En este marco, vale la pena destacar la iniciativa de los ex líderes mundiales de Australia, Austria, Canadá, Chile, España, Francia y Grecia, entre otros, quienes solicitaron formalmente al presidente estadounidense Joe Biden y al resto de las autoridades del G-20 un apoyo al nuevo plan que prevé un gravamen especial sobre las 3.000 personas más ricas del mundo. El objetivo es recaudar hasta 250.000 millones de dólares adicionales a nivel internacional. “El liderazgo del G-20 fue vital para lograr un acuerdo global sobre un impuesto mínimo a las empresas. Ahora es el momento de hacer lo mismo para las grandes fortunas”, expresaron.
Estas preocupaciones internacionales contrastan con lo que está sucediendo en nuestro país. Se acaba de promulgar la Ley 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. El adjetivo “paliativas” podría aplicarse a la reducción, hasta casi su eliminación, del Impuesto a los Bienes Personales, uno de los pocos tributos progresivos que existía en nuestro país. La Ley elimina las sobre-alícuotas sobre los bienes en el exterior. Además, para 2023 rebaja todas las alícuotas, llevando la más alta al 1,0%, cuando antes era del 1,75%. ¿Cómo se realizan las rebajas posteriores? Comienzan reduciendo las alícuotas de los más ricos. Y al segundo año se vuelven a beneficiar a esos más ricos y al tramo que le sigue, y así sucesivamente hasta llegar al 2026 donde hay un pequeño tramo al 0,25% y luego las tenencias de bienes mayores a $30 millones por sobre el mínimo no imponible pagarán la alícuota del 0,5%, independientemente del valor de los bienes alcanzados que superen ese monto. Un verdadero efecto regresivo, que se potencia aún más al considerar que se reinstala la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias, por lo cual cerca de 800.000 trabajadores y trabajadoras volverán a pagar ese tributo.
