Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Los candidatos y principales asesores de Juntos por el Cambio continúan promocionando sus políticas de ajuste y reducción de derechos. Anuncian con la mayor naturalidad que buena parte de la sociedad argentina la pasará muy mal: anticipan que van a implementar un ajuste brutal y a desregular la protección de los trabajadores y las trabajadoras, entre otras políticas. Ello significa desempleo, caída del consumo, cierre de miles y miles de PyMEs y recortes de los presupuestos de Salud, Educación y Ciencia y Tecnología, entre otras calamidades. Por supuesto: todo esto ya pasó durante el gobierno de Mauricio Macri. Por ello, hay una memoria fresca que es necesario activar en toda la ciudadanía.
Por ejemplo, Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo de Macri y hoy asesor de Patricia Bullrich, sostiene la necesidad de suspender el concepto de ultraactividad laboral temporalmente para poder “modernizar” todos los convenios colectivos. La ultraactividad protege a los trabajadores y las trabajadoras: establece que todos los convenios colectivos tienen un tiempo de duración y, si pasa ese tiempo y no se discute un nuevo convenio, se mantiene el existente. Por lo cual, la ultraactividad actúa en la práctica como una barrera para la cancelación de derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras. A ello le agregan la iniciativa de establecer convenios por región o por rama de actividad. Uno de los objetivos finales parece ser llegar a convenios por empresa. En definitiva: fragmentar y debilitar lo máximo posible el poder de negociación y la organización de los trabajadores y las trabajadoras para quitarles derechos.
Luciano Laspina, referente económico de la precandidata a Presidenta de Juntos por el Cambio, decía en estos días que se necesitaban tres cosas para implementar su plan económico: la firmeza de alguien como Bullrich, la mayoría en ambas Cámaras para aprobar las leyes que se necesitan y suerte.
Lo que dice la precandidata Bullrich no se diferencia de lo que dice el precandidato Rodríguez Larreta. Sólo utilizan lenguajes distintos. Tampoco son muy diferentes de Milei. Por ejemplo, cuando este último propone dinamitar el Banco Central está diciendo prácticamente lo mismo que cuando Rodríguez Larreta sostiene que en su gobierno el Banco Central no podrá emitir dinero. En ambos casos, dejan al país sin la posibilidad de tener política monetaria. No hay moderados, hay reparto de roles: a unos les toca expresar una moderación formal y convenida y a otros las posiciones más extremas para llegar a distintos sectores de la sociedad. Pero el planteo es el mismo. Todo lo que están proponiendo hacer ya lo hicieron y fue la causa de los mayores males para el país y su gente. Son las mismas medidas antipopulares y antinacionales de siempre. Además, coinciden con las políticas que históricamente ha impulsado en América Latina y en todo el mundo el FMI.
Ya en abril de 2002, por ejemplo, el director gerente del organismo multilateral, Horst Köhler, afirmaba: “Argentina deberá tomar una medicina amarga para poder salir de esta crisis, después vendrá el crecimiento (…) hay que enfrentar la realidad, Argentina debe ajustarse a una situación de menos prosperidad (…) sabemos que ello tendrá un gran impacto sobre los trabajadores”.
En las antípodas de las posiciones de Juntos por el Cambio y el FMI, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo esta semana que le pide a Dios “que la democracia prevalezca y venza la democracia” con relación a las próximas elecciones en nuestro país. Agregó que desea que “sea electo un candidato con más perspectiva de inclusión social y desarrollo y no uno que crea que toda política pública es gasto o que resolver el problema de Argentina es privatizar”. Finalmente, sostuvo: “Brasil no quiere crecer solo, estoy preocupado por que un país tan importante como Argentina llega a una situación como la actual en función de una deuda adquirida por otro gobierno que quedó para este gobierno. El FMI debería tener paciencia”.
Más allá de las insatisfacciones que pueden existir, la salida es profundizar el rumbo actual: en ningún caso la alternativa puede ser la modificación del rumbo y volver a las políticas de Juntos por el Cambio.
Nuestro primer desafío es pelear por el derecho a tener derechos. Ellos intentan llegar al gobierno para que la ciudadanía pierda el derecho a tener derechos. Nosotros, para que la ciudadanía conserve los derechos que ya tiene y lograr otros nuevos.
En el marco de la defensa de la producción y el trabajo, el jueves compartimos con el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, una cena con más de 2.000 pequeños y medianos empresarios en Parque Norte. En el encuentro, convocado por Apyme, estuvieron también presentes el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.
Massa allí aseguró que “adelante lo que está es el deseo de que este modelo que ha sido de movilidad social ascendente para la Argentina y que ha transformado a miles de argentinos en emprendedores se consolide, que es el modelo de pequeña y mediana empresa que ha hecho grande a la Argentina”. Agregó que “la responsabilidad que tenemos, y la primera gran tarea para recuperar nuestra autonomía y nuestra soberanía, es decidir llevar adelante un modelo de desarrollo exportador con valor agregado argentino, que nos dé la acumulación de reservas y la autonomía para dejar de ser mendigos y vivir de lo que nosotros somos capaces de producir. Y en eso las PyMEs son un jugador central”.
Previamente Rossi afirmó que se trata de impulsar una Argentina “que se fortalece con el consumo del mercado interno. Orgullosos de imaginarnos un país que crece con el impulso exportador que genera trabajo y fortalece el mercado interno”. “Ése es el modelo que nosotros venimos a ofrecer al conjunto de argentinos”, agregó el jefe de Gabinete.
Tal como lo expresé en esa cena, las leyes desregulatorias que Juntos por el Cambio y los libertarios proponen significan pérdidas de derechos de nuestra ciudadanía, los sectores más vulnerables, los trabajadores y las trabajadoras, las economías regionales y las PyMEs. Por ello es necesario militar con toda la fuerza nuestra propuesta.
Estamos ante la disyuntiva de que la mayoría de la sociedad siga ganando derechos o pierda los que ya tiene.
