Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
Los debates sobre los proyectos de la ley Bases y la reforma fiscal se postergaron en el Senado sin fecha. Fue consecuencia de que el oficialismo no consiguió los votos necesarios para emitir los dictámenes.
Hay por lo menos tres posiciones entre los/as legisladores/as en las dos Cámaras: los que apoyan ambos proyectos del Gobierno en general y en particular; los que nos oponemos a los dos proyectos de modo integral, principalmente el Bloque Unión por la Patria (UxP); los que forman parte de la llamada oposición “dialoguista”, que acompañan ambas iniciativas en general, pero piden cambios en distintos puntos en particular.
Mientras el Gobierno continúe con la motosierra y la licuadora como herramientas centrales de sus políticas públicas, es de suponer que la conflictividad social va a continuar creciendo. Si la administración central no les transfiere recursos a las provincias, estas no les pueden pagar a los empleados públicos y, entonces, se producen conflictos como los que se manifiestan en Misiones con reclamos y cortes de rutas de policías y maestros, entre otros sectores. Este escenario influye sobre los realineamientos legislativos.
En Diputados, por ejemplo, el Bloque de la Unión Cívica Radical, acompañado por el Bloque de UxP y por miembros de otros bloques, produjo el emplazamiento a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación para que convoquen a dos reuniones, una para tratar el Presupuesto universitario y otra para analizar el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). El mencionado emplazamiento fue aprobado por 152 votos.
La primera de esas reuniones tuvo lugar el último jueves, y en ella se produjeron cuatro dictámenes. El de UxP fue el de mayoría con 34 firmas. El de la UCR, acompañado por Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, reunió 21 firmas. Este último propone la actualización de las partidas para los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios según la inflación anual 2023 y agrega la actualización presupuestaria a partir del 1° de enero de 2024 y de forma bimestral, de las partidas para estos rubros por el IPC informado por el Indec. El dictamen de UxP toma estos puntos pero agrega otros: la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria; el restablecimiento de todas las obras de infraestructura en ejecución; la actualización de los salarios docentes y no docentes; y el aumento de la cantidad y monto de las becas universitarias.
El presidente Javier Milei ya ha anticipado su posición: “Lo único que están haciendo ahora es mandar proyectos al Congreso para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quiera romper la caja y hacer volar este país por los aires se los voy a vetar. Me importa tres carajos”, dijo en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.
Hay cuestiones de fondo: por ejemplo, si no se resuelve el Fonid se complica la mejora del salario docente y el conflicto con los maestros continuará. Los efectos convergentes de la licuadora y la motosierra producen cierres de empresas, aumento del desempleo y caída del valor de los salarios, jubilaciones y pensiones, entre otros flagelos. No se puede recortar el gasto como lo está haciendo el Gobierno sin que ello afecte a la mayoría de la población.
Milei asumió hace cinco meses. Es difícil encontrar ejemplos de un gobierno que, como el actual, haya enfrentado tal grado de conflictividad y de rechazo a tan poco tiempo de asumir.
Durante la semana se produjo un incremento significativo del dólar ilegal, dado que la población y las empresas intentan resguardar sus ahorros en moneda dura por el atraso cambiario. Al crecer la demanda de dólares ilegales, sube su precio. La brecha entre el dólar oficial y el ilegal aumenta la presión de los exportadores que dicen “a ese precio no liquido”. Según Coninagro, hasta mediados de mayo solo se ha liquidado “el 34% de la producción de soja de la campaña”.
El Gobierno transita un escenario de doble conflictividad: por los perjudicados por el ajuste y por sectores del poder económico que presionan por ampliar sus privilegios.
