Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Hay un fenómeno inflacionario mundial, y resulta importante analizar cómo intenta resolver este problema la mayoría de los países. Uno de los indicadores que más mira la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, el índice de precios de los gastos de consumo personal, se incrementó un 0,6 por ciento en enero pasado, tras subir un 0,2 por ciento el mes anterior.
También son tenidas en cuenta las últimas cifras de empleo, que mostraron un considerable aumento en enero de unos 517.000 puestos de trabajo. De esta forma, la tasa de desocupación se ubicó en el 3,4 por ciento, la menor desde mayo de 1969.
Ante los datos del aumento del empleo, la FED ratificó que futuras subas de tasas de interés serán apropiadas hasta alcanzar una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para regresar a la inflación del 2 por ciento. En verdad, la idea de la suba de tasas es enfriar la economía, una política que aún está dando resultados magros (los anteriores datos lo confirman) y por ello la intensifican, convencidos de que el combate a la inflación debe lograrse con recesión.
No sólo Estados Unidos, sino la mayoría de los países intentan combatir la inflación con la suba de tasas y frenando la economía: una estrategia con elevados costos sociales y económicos y que no apunta a las causas de fondo, como la suba de los precios internacionales de alimentos, fletes y combustibles.
Analicemos la inflación en Argentina: diciembre 2022 cerró con una variación interanual del IPC nivel general del 94,8 por ciento. Y nos preguntamos, ¿cuáles son los causales de la inflación? Según la ortodoxia, el principal factor es la emisión monetaria, pero en todo 2022 la base monetaria creció el 41 por ciento, menos de la mitad de la inflación del período. También se culpa a la cotización del dólar: en 2022 el dólar oficial creció a un ritmo del 70 por ciento interanual y el dólar ilegal al 65 por ciento. Los salarios también están en la mira, pero las paritarias se fijan por la inflación prevista y se actualizan si el IPC supera los valores acordados, con lo cual son vagón de los aumentos de precios, y no locomotora.
¿Cuál es la locomotora? La incertidumbre, la especulación y, claramente, la puja distributiva, definida como los intentos de obtener mayores ganancias por parte de los grandes conglomerados empresarios. Podemos considerar que esta locomotora está teniendo un aporte adicional de combustible debido a los efectos de la sequía, y al aumento de los precios de los productos energéticos en 2022.
¿Enfriamos la economía para reducir la inflación? Hay muchos que lo pregonan y preanuncian el shock antiinflacionario. Pero el Gobierno ha tomado otro enfoque: evitar el ajuste. Por eso las metas de inflación en el Presupuesto 2023 son 60 por ciento en 2023, 44 por ciento en 2024 y 33 por ciento en 2025. La razón: evitar el ajuste y los costos sociales que implica. Lo dijo claramente el presidente Alberto Fernández el 1º de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso: “Estamos abocados a reducirla (la inflación) sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando”. No es sólo una definición, sino una descripción de las políticas que se están aplicando. También aclaró: “no resulta una tarea sencilla: quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo”.
En la mayoría de los países, la inflación se intenta combatir con enfriamiento de la economía. Encarar el proceso de reducir la inflación en forma gradual es desafiante, pues si bien, como expresó el Presidente “la alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía”, no por eso hay que aplicar políticas de ajuste. Alberto Fernández también dijo que los aumentos de precios son un problema estructural, definición que, a mi entender, incluye la puja distributiva. De allí que se necesita un importante estudio de los precios en las distintas etapas de producción y distribución, para ubicar y sancionar los abusos, y regular conforme a estos datos.
El Ministerio de Economía ha intensificado los controles, a la vez que ha ampliado y mejorado el programa de Precios Justos. Pero es necesario dotar al Poder Ejecutivo de mayores herramientas a través de la mejora y profundización de leyes que permitan el seguimiento de los precios, combatir los desabastecimientos y actuar en los sectores altamente concentrados. Es una tarea conjunta del Ejecutivo con el Parlamento, que necesariamente habrá que profundizar para comenzar a dominar este negativo proceso inflacionario que está enquistado en nuestra economía.
