Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La detención de José López en flagrante delito de apropiación de dinero público y exhibición de armas no merece otra cosa que la unánime condena ética y judicial.
Más acá y más allá de las curiosidades del caso -como el tirar por un muro bolsos de una propiedad de la cual López tiene las llaves- ese dinero mal habido se sustrajo a las políticas redistributivas que ampliaron derechos durante 12 años, incidiendo en su reducción. Los seis millones de empleos, la nacionalización y universalización de las jubilaciones, la asignación universal por hijo, la creación de escuelas y universidades, el apoyo a las cooperativas y medianas empresas hubiese visto engrosados los recursos disponibles a esos elevados fines si no se hubiesen sustraído para el enriquecimiento personal e inmoral. Quien incurrió en ese delito debe reparar el daño realizado.
Si esto es así, resulta indispensable realizar tres aclaraciones complementarias. En primer lugar, si hubo corruptos hubo corruptores y resulta indispensable profundizar la investigación para identificar a los contratistas que hicieron factible la consumación delictiva. No debe ser juzgado sólo un actor de hechos que requieren la participación de cómplices e instigadores.
Segundo, la corrupción está enquistada en la dinámica del capitalismo. Es ampliamente conocido y aceptado el hecho de que hay en el mundo 10 billones de dólares en guaridas fiscales que no son inversiones honestas de empresarios sino producto de actos delictivos: elusión, evasión fiscal, lavado de dinero de actividades ilegales, algunas horrorosas como el juego, el narcotráfico, o la trata de personas.
Tercero, que este gobierno -con el titular del Poder Ejecutivo a la cabeza- se erija en juez moral frente a la corrupción resulta paradojal e insostenible. El Presidente tiene millones en guaridas fiscales que son el indicador de decisiones empresariales indefendibles desde el punto de vista ético y, también, desde el punto de vista legal. Varios ministros confesaron, sin pudor alguno, la tenencia de millonarios fondos en el exterior. Aún si ese acto no estuviese contrariando la legislación vigente sí contraviene principios éticos y morales muy elementales.
El patético y repudiable hecho de corrupción por el cual José López deberá pagar, debe ser la punta de lanza para reclamar por nuevos modelos de gestión de lo público, se debe investigar a la totalidad de los involucrados, y se deben acotar los márgenes de maniobras que permiten que la corrupción sea un órgano vital del sistema capitalista, tanto en nuestro país como en el mundo entero.
José López no puede ser un subterfugio para demonizar el modelo que durante 12 años amplió derechos y democratizó a la sociedad tras el estallido producido en 2001, generado por las mismas políticas que el gobierno actual defiende con audacia y decisión. Este deplorable episodio que afecta a la política en general no debería causar el desaliento de amplias mayorías sociales para continuar bregando por un proyecto de país y de sociedad más justo. La indignación y el dolor de esta traición no deberían obturar una reflexión serena sobre el análisis de las causas -que exceden en mucho a José López-, comprendiendo sus nexos visibles e invisibles con un modelo global expoliador tanto en su dimensión humana como material.
Lejos de renunciar a la lucha porque un desertor ha sido detenido in- fraganti en un delito que lo trasciende, la tristeza y el dolor no nos debe restar fuerzas para continuar la brega por un país más justo y solidario. Nosotros lo decimos sin ningún eufemismo: todos los corruptos tienen que estar presos. Quienes aprovechan los espacios de poder en beneficio propio merecen todo nuestro repudio. La corrupción no tiene ideología ni tiene signo político. Es corrupción y punto. Y todos los corruptos tienen que ser juzgados y condenados. Y no podemos obviar que se ha aprobado en Diputados una ley de blanqueo para “señores” que no han cumplido con las leyes y han fugado de nuestro país entre 200 mil y 400 mil millones de dólares no declarados. Es la misma inmundicia si los billetes están enterrados, u ocultos en bolsos, o fueron fugados por mecanismos sofisticados. Resulta injustificable que en el actual gobierno la responsabilidad de combatir el lavado de dinero esté en manos de la misma persona que representó y defendió los hechos delictivos cometidos en la materia, por parte de un gran banco trasnacional.
Quienes agreden a vastos sectores de nuestro pueblo con despidos, transferencias brutales de ingresos, represión, vaciamiento de lo público, no tienen autoridad moral para erigirse en paladines de la transparencia, más cuando ellos mismos son productores de cohechos de corrupción. No debemos retroceder en nuestra capacidad de creer y soñar, con la posibilidad de construir un mundo mejor. Ese es nuestro compromiso más allá del caso López y de las asociaciones colaterales si las hubiera.
