Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Todos los anuncios recientes del gobierno y los proyectos de ley tratados en el Parlamento deben ser vistos en forma integral, en el marco de una política que posee un denominador común: la recuperación de los ingresos y la protección de los sectores productivos.
Con este conjunto de medidas se trata de corregir ciertos impactos, como los que generó la devaluación (también la sequía), trabajando para que dichas medidas se conviertan en ley, tengan continuidad y no se trate sólo de beneficios momentáneos. Estas decisiones no se toman porque haya elecciones, sino porque hay por delante la idea de seguir con un proyecto y con un rumbo.
Si bien se trata de iniciativas de suma relevancia, la mayor parte de ellas no tuvo gran repercusión mediática. Un ejemplo fue la media sanción para la creación de cinco universidades nacionales: del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Río Tercero y de Madres de Plaza de Mayo.
También se aprobó en Diputados el Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino (“Empleo MiPyME”). Su objetivo es crear nuevo empleo y que las empresas regularicen la situación de aquellos trabajadores/as que se encuentran en la informalidad. Además, se busca que los planes sociales se transformen en trabajo registrado, para lo cual se otorgan mayores beneficios.
Es importante tener presente que el alivio económico para las empresas es para el trabajo incremental: los nuevos empleos no pueden ser sustitutivos de uno previo. El proyecto está en las antípodas de las propuestas flexibilizadoras que, además de propiciar la pérdida de derechos laborales, al reducir generalizadamente las contribuciones patronales terminan desfinanciando el sistema previsional.
La iniciativa se enfoca en lo que ocurre en el ámbito de las empresas de menor tamaño, las principales creadoras de empleo, pero también las que más aportan a la informalidad. En las empresas de hasta 5 trabajadores/as existe algo menos de 75% de informalidad; en las empresas de entre 6 y 40 empleos hay un 35%; en las que van entre 41 y 100 hay un 15% y en las de más de 100, un 12 por ciento. De allí que el proyecto beneficia principalmente a las micro y pequeñas empresas, y en menor medida a las medianas y grandes.
En el caso de Ganancias, el texto que se aprobó en Diputados y que pasó al Senado deja sin efecto a partir de 2024 el pago del impuesto para los trabajadores, jubilados y pensionados que cobren hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles ($1.770.000). Este valor se transforma en el mínimo no imponible y para quienes estén por encima de dicho ingreso se crea un régimen cedular con tasas del 27% al 35 por ciento.
En el debate en Diputados se hizo hincapié en que esta era una medida electoralista. En mi presentación como miembro informante pregunté: “¿eso significa que es buena para la gente?”. Y mi respuesta fue: “¡En buena hora! ¿O acaso quienes gobernamos o tenemos distintos roles en la función de gobierno no deberíamos impulsar medidas que beneficien a la gente?”.
Entre las medidas más recientes se destaca la devolución del 21% de IVA para la compra con tarjetas de débito de los productos de la canasta básica, que alcanza a todas las personas que ganan hasta $708 mil mensuales (el proyecto para que quede normado por ley fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el pasado viernes). También cuenta la ampliación del refuerzo alimentario de PAMI a casi 3 millones de beneficiarios y el aumento del monto a $15 mil mensuales.
Asimismo, se dispuso un alivio fiscal para autónomos, monotributistas, profesionales y PyMEs. En el caso de los autónomos se beneficiarán unas 700 mil personas a partir de la prórroga del pago de los aportes personales y de IVA para lo que resta del año. Además se actualizó el monto no sujeto a retención del Impuesto a las Ganancias ($160.000). En cuanto a los monotributistas, se suspenden las exclusiones por superar el límite de facturación hasta la actualización de la escala el año que viene y la baja automática por falta de pago (alcanza a 1 millón de personas). Para las PyMEs se implementará un plan de pago para la regularización de deudas fiscales (hasta 120 cuotas y con una tasa de interés muy por debajo de las vigentes, y que alcanza a cerca de 400 mil empresas) y la suspensión de ejecuciones fiscales. También se avanzará con un proyecto de ley sobre un régimen de simplificación fiscal para profesionales y micro y pequeñas empresas.
La oposición trata de desmerecer todas estas políticas diciendo que “generan déficit fiscal”. Al respecto, en mi intervención en el recinto hice referencia a la cantidad de proyectos que no se pueden tratar porque no nos acompañan y que podrían generar ingresos significativos para el Estado. Es el caso de la exteriorización de activos no declarados (“blanqueo”), que en el marco del régimen de intercambio de información que Argentina ha firmado con todos los países, pero en particular con EE UU, podría generar, según afirmó el ministro de Economía, un ingreso cercano a los U$S 5000 millones.
Por otro lado, sería importante que se trate la propuesta de gravar a las grandes empresas, tal como se propone en el proyecto de ley de Presupuesto 2024 que el Ejecutivo envió al Congreso. El espíritu de lo que allí se indica no hace más que seguir las recomendaciones de la OCDE.
En la separata sobre gasto tributario se incluye a su vez el conjunto de exenciones y dispensas impositivas, que representarían en el año fiscal 2024 un impacto negativo en la recaudación nacional de 4,72% del PBI. Esa pérdida de recaudación compite con la posibilidad de diseñar un sendero fiscal de mediano plazo con superávits primarios sostenibles. En el Mensaje del Presupuesto 2024 se propone que esta situación sea analizada y evaluada por el Parlamento a efectos de identificar aquellos ítems que podrían ser reducidos.
Tal como vengo sosteniendo, no somos “hinchas” del déficit fiscal, somos enemigos del ajuste para resolver el problema de las cuentas públicas. El equilibrio fiscal debe basarse en un esquema tributario progresivo y suficiente.
Todo se sintetiza en resolver cómo se acumula y cómo se distribuye. Ahí está el gran punto de discusión, que tiene que ver con el modelo. Hay sectores que no ven otra manera de resolver el problema fiscal que ajustando y privatizando. Son los mismos que creen que hay que dejar que todo lo decida el mercado y que sobreviva quien tenga la capacidad para hacerlo.
El otro modelo se basa en la existencia de un Estado activo que pretende, a través de diversas políticas, acortar las brechas que dividen a la sociedad. Por eso decimos que hay varios candidatos, pero sólo dos modelos en el proceso electoral que tenemos por delante.
En su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Lula da Silva, señaló que “el neoliberalismo agravó la desigualdad económica y política que hoy asola a las democracias. En medio de los escombros surgen aventureros de extrema derecha que niegan la política”. El mandatario agregó que es urgente “romper con la disonancia entre la voz de los mercados y la voz de las calles”. Son conceptos de una enorme potencia. No sólo porque trazan un duro diagnóstico de situación, sino porque también muestran que la construcción de un país viable sólo es posible a través de una democracia intensa que promueva la justicia social y la reducción de las desigualdades de todo tipo.
