Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El entonces ministro de Economía Juan Carlos Pugliese dijo en 1989, tras un discurso en el que intentó calmar los ánimos del mercado: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Hoy la situación es distinta, pero el Gobierno argentino no pierde el tiempo y les habla a los grandes empresarios con el lenguaje que ellos esperan: el de la desregulación y la rentabilidad.
Duró pocos días el intento de hacer creer que la actual administración “no gobierna para los ricos”, que perseguía el objetivo de recuperar lugares en las encuestas, estrategia oficial que se detalló en Clarín y La Nación. En la reunión del lunes con la UIA, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, aclaró que no les pidió a los empresarios que inviertan: “Nunca pedimos ni exigimos inversiones porque entendemos que tiene que hacerlas el empresario que está convencido de que va a tener una rentabilidad”. Preocupa el solo pensar en que para lograr este convencimiento habrá una fuerte presión para bajar impuestos, desregular la economía y flexibilizar el mercado laboral.
Entre los industriales, Daniel Funes de Rioja señaló: “La diferencia es en los discursos, no de fondo, hay que enfrentar las complejidades y buscar los equilibrios necesarios”. Es decir, todo parece parte de una estrategia de marketing para tratar de lavarle la cara al Gobierno y desviar la atención de problemas como el empleo, la inflación o el déficit comercial.
Por eso la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) salió a decir en un comunicado: “Se ratifica que los representantes de las grandes empresas de la Argentina no difieren con las líneas fundamentales de la actual política económica, sino que buscan asegurar, como siempre lo han hecho, su máxima rentabilidad a costa del resto de los sectores de la economía”. En verdad fue una reunión del Gobierno con la UIA: las pymes, afuera.
En este contexto, y en el marco de Expoagro, Mauricio Macri dijo este martes que “quedó muy atrás lo que pasó con la Resolución 125” y consideró a las retenciones “un impuesto absurdo que ningún país del mundo cobra y que entorpece el crecimiento y el federalismo”. Pero las declaraciones no logran disimular que la puja por la distribución del ingreso está presente. En 2016, con la quita de retenciones al agro, minería e industria (que regían desde la salida de la convertibilidad) se resignaron u$s 4.692 millones, cerca de 0,9 puntos del PIB. Con la actual rebaja del 0,5% mensual en la alícuota para las exportaciones de soja se perderían unos u$s 500 millones en 2018 y u$s 1.000 millones en 2019. Un impacto fiscal considerable.
En un reciente informe elaborado por el Financial Times (FT) se muestra que en el mundo las alícuotas efectivas que gravan las ganancias de las principales multinacionales disminuyeron del 34% al 24% desde 2000. Esto en gran medida se explica por la posibilidad de trasladar ganancias a destinos más permisivos, aunque también por la reducción de las alícuotas máximas. El sendero parece asentarse aún más. Según la consultora KPMG, citada por FT, desde la crisis, la alícuota máxima a las sociedades cayó 5% mientras que la de los consumidores y trabajadores subió 6%, considerando los países de la OCDE. La tendencia mundial es preocupante y en esa misma línea construye su política fiscal el Gobierno nacional.
Macri también sigue beneficiando a los mayores exportadores al profundizar la línea de la desregulación. En Expoagro anunció la anulación de los registros Fiscal de Operadores de Granos; Fiscal de Tierras Rurales; de Usuarios de Semillas y sanitario del Senasa. “De siete declaraciones juradas que tienen que hacer, van a tener una sola por año, y vamos a seguir anulando todos los trámites que podamos para que los empresarios no sean cadetes del Estado”, sostuvo. La retórica de la desburocratización llevada al extremo, lo que en los hechos no es más que la eliminación de regulaciones esenciales en materia sanitaria, de formación de precios, y de cumplimiento de las normas impositivas.
Los grandes empresarios siempre responderán con el bolsillo, es algo que está en su naturaleza. La lógica del Estado “canchero” es, por ende, contraria a cualquier estrategia de desarrollo nacional.
