Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Durante la semana, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) nuevamente no dio quórum y, de ese modo, volvió a impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados. La agenda a tratar contenía temas relevantes como el proyecto de ley de regularización de aportes previsionales, la creación de ocho universidades nacionales, el trato humanizado para personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down y una iniciativa de digitalización de las historias clínicas, entre otras políticas.
No se trata de un hecho aislado. La sesión anterior también fue bloqueada por JxC. En esa oportunidad, incluso impidieron una sesión previa convocada para elegir a las autoridades de la Cámara. Es la primera vez en la historia parlamentaria que no se respeta la continuidad en los cargos de quienes los venían ejerciendo, siendo que no ha variado la composición del órgano legislativo.
Estamos ante una cadena de hechos cuyo objetivo es impedir el funcionamiento regular del Parlamento. Resulta difícil no vincular lo precedente con las distintas iniciativas desestabilizadoras que hemos vivido desde junio en adelante; con los tumultos generados por la principal oposición en torno al nombramiento de los miembros del Consejo de la Magistratura; y con el atentado contra la Vicepresidenta de la Nación y su condena posterior en la causa Vialidad, entre otros acontecimientos.
La actual oposición, al impedir el funcionamiento parlamentario no sólo desestabiliza la gestión: como consecuencia de ello también imposibilita tratar proyectos que ampliarían los derechos de distintos sectores de la sociedad. No debaten dentro de la democracia: impiden su funcionamiento. No discuten los temas con los que no están de acuerdo: imposibilitan su tratamiento.
Así volvió a pasar esta semana con varias de las iniciativas que estaban en la agenda de la sesión que impidieron desarrollar.
El proyecto de ley de regularización de aportes, por ejemplo, está dirigido a quienes ya tienen o se encuentran próximos a alcanzar la edad para acceder al beneficio previsional, pero no cuentan con la cantidad de aportes necesarios. Dos normas similares, un DNU emitido por Néstor Kirchner en 2005, y una ley sancionada durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner en 2014, permitieron que unas 4,4 millones de personas accedieran a la jubilación por moratoria (un 65% del total de jubilaciones contributivas que se pagan en la actualidad). En el mismo sentido, la iniciativa actual busca resolver la situación de desamparo de alrededor de 800 mil personas, en su mayoría mujeres, que han llegado a la edad de jubilarse, pero no cuentan con los aportes suficientes.
Otro tanto sucede con la iniciativa para crear ocho nuevas universidades en distintas localidades del país. En el tratamiento de los proyectos de ley en comisión distintos sectores de la oposición fueron sumamente críticos. Por supuesto, no hay sorpresa: varios integrantes de JxC han expresado históricamente sus prejuicios con respecto a la educación pública.
En 2017, en el marco de la Marcha Federal Educativa, el entonces presidente Mauricio Macri afirmó: “una terrible inequidad, de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública”. Antes, en 2015, había señalado: “soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados?”.
En 2018, la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en una charla en el Rotary Club se preguntó: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”.
En 2022, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, cuestionando las políticas de reinserción educativa del Ministerio de Educación de la Nación de los chicos que dejaron la escuela durante la pandemia, afirmó: “Es muy tarde para salir a buscarlos”. “Seguramente estarán perdidos en los pasillos de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico”.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia dictó en la semana un fallo que aumenta los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de los recursos nacionales dirigidos a cubrir necesidades en todo el territorio del país. En ese contexto, el presidente Alberto Fernández y catorce gobernadores y gobernadoras provinciales se reunieron y acordaron un documento conjunto. En el mismo señalan que “en la actualidad (…) la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”. Y agregan: “en un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”. Finalmente concluye: “ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria «in extremis» de la resolución cautelar dictada”.
Posteriormente, los y las gobernadores/as de Salta, Río Negro, Neuquén y Misiones, que no participaron del cónclave con el Presidente, también cuestionaron el fallo de la Corte.
El bloqueo del trabajo parlamentario junto a la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la definición de los criterios de distribución de los recursos de la Nación, contradiciendo los parámetros definidos en la Ley de Presupuesto, entre otros temas, contribuyen a la creación de un clima de inestabilidad y de deterioro institucional.
En este escenario, el proyecto nacional y popular necesita construir las mayorías parlamentarias que le permitan avanzar con una serie de iniciativas, entre ellas, la reforma del sistema judicial. De allí que es imprescindible obtener un resultado electoral positivo en las elecciones del año que viene y, para ello, la unidad del Frente de Todos es un punto de partida indispensable. Necesitamos estar juntos para ganar y gobernar con una mayoría parlamentaria que nos permita no limitar sino profundizar la democracia e impulsar con toda nuestra fuerza un proyecto de crecimiento con distribución e inclusión.
