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Haciendo un repaso de las novedades del juicio entablado por los fondos buitre, puede decirse que se ha formalizado la instancia de negociación con los demandantes, lo que no significa que el camino esté totalmente despejado.
Por Carlos Heller
Cabe citar, entre las últimas actividades, que el jueves 26 de junio el Gobierno argentino, en una actitud soberana y luego de conocer la decisión adversa del juez Griesa acerca de no reinstalar la cautelar, depositó los fondos para el pago a los bonistas reestructurados en las cuentas establecidas en los contratos, por 832 millones de dólares en total, de los cuales 539 millones se depositaron en el Bank of New York Mellon (BoNY).
Según indicó Kicillof, el pago se realizó “para terminar con el artilugio de considerar una decisión judicial absurda con efectos sistémicos a nivel internacional, como un ‘default técnico’, que constituye sólo un modo sofisticado de intentar ponernos de rodillas ante usureros de carácter global”.
En la audiencia citada para el viernes 27, luego del depósito de los fondos por parte de Argentina en el BoNY, Griesa expresó que “el gobierno de la Argentina debería haber negociado una postergación del pago a los tenedores de bonos reestructurados mientras buscaba un punto de acuerdo con los fondos de acreedores que están en litigio”. También calificó el pago de “ilegal” y ordenó al BoNY que devuelva el depósito a la Argentina. En un comunicado, el Ministerio de Economía (MEcon) sostuvo que al tomar tales medidas, “el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitre a precio vil para obtener ganancias siderales”, además de caratular a la medida como “inédita: porque un juez intenta impedir que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar”.
En la reunión con las partes, Griesa no decidió embargar el dinero ni declarar a nuestro país en desacato, como lo solicitaron los fondos buitre, sino que más bien propuso mantener el statu quo, según lo relata el comunicado del MEcon del 30 de junio. De acuerdo a esta fuente, Griesa expresó que “si se quiere negociar, hay que plantear un camino para mantener el status quo de manera que no haya default el 30 de junio, no obstante, la situación se mantendría –estoy usando la frase una y otra vez, discúlpenme— en status quo”. En función de esta postura, el delegado del juez, Daniel Pollack, propuso dos fechas posibles para mantener una reunión con funcionarios de Argentina, y a partir de esta invitación, el Ministerio de Economía ha designado una delegación para efectuar la reunión el 7 de julio.
En las últimas semanas se conocieron varios apoyos a la posición argentina, como los de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la CEPAL, la República Popular China, el Banco del Sur y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Éstas se suman al amplio respaldo recibido con anterioridad por parte de países como Brasil, Francia, México, Uruguay y Bolivia, organismos como Mercosur, Unasur, Celac, G77 más China -integrado por 133 países-, más de un centenar de parlamentarios británicos, el FMI, gran cantidad de académicos y otras importantes instituciones. Cabe destacar especialmente que el lunes 30 de junio el Consejo Permanente de la OEA adoptó por aclamación convocar a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se efectivizó el jueves 3 de julio, para considerar el tema “Restructuración de la deuda soberana: el caso de Argentina y sus consecuencias sistémicas”, según fue solicitado por Argentina.Asimismo, según detalla el comunicado de la OEA, el secretario general de la entidad, José Miguel Insulza, “manifestó su solidaridad con Argentina (…) por la situación en que esta decisión insólita ha puesto a su país” para remarcar que “este es un tema urgente” y afirmar que “es importante tener una manifestación sobre esto pronto”. El secretario general también extendió “una invitación especial” al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina, y todos los organismos internacionales observadores de la OEA para asistir a la reunión.
El jueves 3 de julio la declaración fue aprobada por todos los miembros, con la abstención de Estados Unidos y Canadá, lo que evidencia un cambio de época, puesto que solía ser habitual que la OEA no emitiera declaraciones si no tenía la venia de USA.
La declaración de la OEA pronuncia su respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de sus acreedores. Otorga “su pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina” y destaca los esfuerzos que viene realizando nuestro país y “la voluntad expresa del Gobierno argentino de negociar de buena fe y de honrar los compromisos adquiridos” en los canjes de 2005 y 2010. La OEA también expresa “que es esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados permitiendo que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos según lo acordado con los mismos en el proceso de readecuación consensual de la deuda”.
En la reunión, el ministro Kicillof comentó: “Argentina está comprometida con el diálogo y quiere negociar como lo ha hecho siempre, lo vamos a hacer, pero necesitamos igualdad de condiciones, no podemos hacerlo bajo condiciones de extorsión”, y agregó: “venimos a pedir soluciones urgentes. Argentina no quiere ser un caso de estudio para el futuro. Lo que necesitamos es que la comunidad internacional actúe, que los organismos multilaterales actúen y que lo hagan pronto, antes de que el precipicio que ha establecido el juez Griesa esté delante de nuestras narices”.
Por su parte, el canciller Timerman expresó: “de lo que estamos hablando es de un grupo de personas a las que nosotros denominamos fondos buitres que, utilizando medios políticos, influencias políticas, utilizando medios de comunicación, acciones de lobby, y muchos medios financieros, quieren intentar controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades”.
Esta columna ha sido escrita antes de la reunión del 7 de julio, en la cual pueden surgir novedades, teniendo en cuenta que la encrucijada que estamos transitando no resulta de fácil resolución. Pero se puede pensar que la estrategia del Gobierno argentino resulta adecuada y muy estudiada, tanto abriendo los caminos para entablar negociaciones equitativas, justas y legales con el juzgado y los demandantes, como también advirtiendo respecto de las consecuencias de sus actos a los actores intervinientes con respecto a eventuales acciones judiciales que permitan hacer valer legítimamente los derechos de Argentina como miembro de la comunidad internacional, así como desarrollando una profunda acción diplomática para obtener declaraciones de apoyo a nuestra posición en los principales foros globales.
