Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El comunicado de la Oficina del Presidente de la pasada semana sostiene que “el proyecto sancionado este jueves por el Congreso (movilidad jubilatoria) con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno”.
El proyecto aludido contiene, entre otras modificaciones, una compensación del 8,1% para alcanzar el 20,6% de la inflación de enero, dado que el gobierno había dado sólo un 12,5% adicional por este concepto. Cabe citar que desde enero de este año la jubilación mínima (incluyendo bonos) se ubica por debajo de la línea de pobreza.
Proyectando “a perpetuidad” el costo anual, el presidente Javier Milei calculó en 370.000 millones de dólares la actualización de los haberes previsionales por la mencionada Ley. Cualquier gasto importante, calculado a perpetuidad, daría una cifra descomunal. ¿Cómo evaluar esta cifra en términos actuales, en el impacto en la vida de jubiladas/os, que es lo que ha tenido en cuenta el Congreso para sancionar la Ley? No es posible. Sólo es una argucia matemática que puede ser comparable al “17.000% de inflación” supuestamente heredada del anterior gobierno, u otras tantas por el estilo.
El enfoque del Gobierno consiste en tratar como deuda pública la recomposición de los haberes jubilatorios que impone la Ley recientemente sancionada, una postulación insólita, y además asigna una connotación negativa a este beneficio para jubiladas/os. Pero ese cálculo también es erróneo, pues si los salarios crecen, los aportes previsionales también. Y si el poder adquisitivo de los salarios aumenta, es porque la economía también está creciendo, lo que implica mayores ingresos fiscales.
Acaso la imputación de “irresponsabilidad fiscal” que realiza la Oficina del Presidente, ¿no debería aplicarla también a la reducción de alícuotas en el Impuesto a los Bienes Personales que fomentó el propio Gobierno? Una alícuota que va en descenso hasta el 2027, llegando al 0,25% en esa fecha, lo que le quita todo viso de proporcionalidad y progresividad. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que, a partir de dicho año, el costo fiscal de la reducción sería del 0,61% del PBI, una cifra altísima.
También es válido preguntarse por qué el Gobierno impulsó una tasa impositiva tan baja en la ley de regularización de activos (llamado blanqueo de capitales) cuando el beneficio que se otorga es enorme, y para personas que, como mínimo, evadieron impuestos.
Si tanto preocupa el resultado fiscal, ¿por qué no se avanza en la revisión de los gastos tributarios y otros beneficios que ascienden al 4,72% del PBI? Por ejemplo, la exención en Ganancias a los ingresos de los magistrados de los Poderes Judiciales; o los regímenes de promoción económica; o la exención en el Impuesto a los Bienes Personales a los inmuebles rurales en el exterior; o la dispensa en el IVA a los honorarios de directores de sociedades.
También podría agilizarse el tratamiento del proyecto 3978 D-2023 que fue presentado por el diputado Marcelo Casaretto, que acompañamos varios legisladores/as de Unión por la Patria, que propone un gravamen del 15% a las ganancias de las grandes empresas, tal como lo viene fomentando el G20 conjuntamente con la OCDE.
La solvencia fiscal no es un valor absoluto. Si se resuelve con una mayor imposición basada en tributos progresivos, es loable. Pero si se trata de obtener, como lo está haciendo este gobierno, con motosierra y licuadora, la economía y la sociedad seguirán sufriendo intensamente.
En otro orden de cosas, en el Consejo de las Américas, Milei les pidió a los empresarios que inviertan, y argumentó: “les digo, no teman, contamos con ventajas que muchas veces no se ven, pero que gran parte del mundo no tiene, que son anclas que nos protegen frente a eventuales tormentas”. El legislador del oficialismo, José Luis Espert, señaló que la actual “recuperación” ya no tendrá la forma de una “V” corta, sino la de una pipa, en la que, luego de una importante caída, la economía transitará una recuperación lenta pero “muy sana” y volvió a mencionar la ya conocida frase: “hay luz al final del túnel”.
Pero lo discursivo no es suficiente cuando la realidad no ofrece condiciones favorables para invertir, producir o vender. Los datos de actividad económica dados a conocer por el Indec no reflejan señales de recuperación. El EMAE de junio registró una baja interanual del 3,9% y una caída mensual del 0,3%. Además, hay que tener en cuenta que el agro continúa teniendo gran incidencia positiva, al recuperarse luego de la sequía del año pasado. Sin ese sector, la contracción de la economía en junio habría sido del 8,3%, dado que la evolución de otros rubros importantes como la industria, la construcción y el comercio siguen reduciendo su actividad. Se suma que el consumo en supermercados cayó un 11,6% interanual en el primer semestre, según cálculos del Indec.
En cuanto al resultado fiscal de julio, la recaudación, junto con el ajuste, fueron suficientes para mantener el superávit primario en $900.000 millones, pero no para abonar los elevados intereses del mes, por lo que el resultado financiero fue negativo en $601.000 millones.
El ajuste del gasto, en el acumulado durante los primeros siete meses del año, fue del 30,9% con respecto a igual periodo de 2023 y estuvo explicado casi en su totalidad por los recortes en: jubilaciones y pensiones (27,7% del total), gastos de capital (inversión pública, 22,6%) y subsidios económicos (15,2%).
Del lado de los ingresos, mientras las contribuciones a la seguridad social acumulan un descenso real del 16,5% interanual, también en el periodo enero-julio, los fondos obtenidos a través del IVA se redujeron un 8,5%. El Impuesto PAIS y los derechos de exportación fueron los únicos que crecieron (264% y 36%, respectivamente). Es esperable que, según lo manifestado por los funcionarios de gobierno acerca de reducir el Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, y dado que se realizará en un contexto recesivo con caída de recaudación por menor consumo, el ajuste del gasto para mantener el equilibrio fiscal va a ser preocupantemente mayor.
Para concluir, los equilibrios macroeconómicos no cierran como el oficialismo espera. La discusión pasa por el tiempo que transcurra hasta que los argentinos/as tomen plena conciencia de que lo que está ocurriendo no es fruto de políticas de años atrás —sin negar que hubo errores y varias cuestiones por mejorar—, sino del propio programa del gobierno actual, cuyas prioridades no pasan por mejorar la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía.
