Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
En la semana el Senado aprobó en general la Ley Bases y el paquete fiscal, con modificaciones a los textos que venían de Diputados, que ahora deberá volver a tratarlos.
El Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de insistir en Diputados con la modificación del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales. En mi opinión, la Cámara de Diputados no puede insistir con los temas rechazados por el Senado. El sistema es bicameral y por eso los proyectos deben ser aprobados por ambas cámaras.
Respecto de los cambios, mucho tuvo que ver la postura de los legisladores y legisladoras del bloque al cual pertenezco, que se mantuvo cohesionado durante todo el tratamiento en ambas cámaras. También incidió la movilización de grandes sectores de la ciudadanía, que se manifestaron en contra de la Ley Bases, y que el gobierno trató sistemáticamente de invisibilizar mediante el uso del aparato represivo.
Se logró quitar del listado de empresas públicas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina, y Correo Argentino. En la lista quedan Enarsa e Intercargo, mientras que en la lista de empresas a privatizar total o parcialmente (concesionar) permanecen AYSA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse). En tanto, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) podrán incorporar capitales privados pero con acciones mayoritarias del Estado. Nucleoeléctrica, recordemos, tiene a su cargo la administración de las centrales atómicas Embalse, Atucha I y Atucha II. El daño se morigera pero continúa.
En el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) también se realizaron algunos cambios, entre ellos que los eventuales inversores deban utilizar proveedores locales en alguna proporción: el 20% del total invertido, como mínimo, tanto en la etapa de construcción como de operación, siempre y cuando la oferta “se encuentre disponible y en condiciones de mercado”. También se extendieron (muy ligeramente) los plazos para la liquidación en el mercado de cambios de las divisas de las exportaciones, aunque desde el cuarto año a partir de la inversión inicial las divisas serán en un 100% de libre disponibilidad. Los beneficios en términos de empleo local y de divisas se presume serán muy pocos.
Sigo creyendo que había que rechazar toda la Ley Bases (también el paquete fiscal), tanto por la filosofía del proyecto, como por uno de sus puntos más neurálgicos: las facultades delegadas por un año en materia económica, administrativa, financiera y energética.
Delegar facultades que son del Parlamento, a un presidente que además dice, con total naturalidad, que es un “topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro”, representa un enorme riesgo. Después de semejante declaración había muchas más razones para que uno de los poderes del Estado no entregara las herramientas para que otro trate de llevar a cabo la invocada destrucción. La actitud no se condice con las responsabilidades de quienes formamos parte del Parlamento, que debemos velar por los intereses del conjunto de la sociedad.
Se anuló la eliminación de la moratoria previsional, que afectaba a muchísima gente. Con la derogación de la moratoria anticipada aproximadamente nueve de cada diez mujeres no podrían jubilarse a los 60 años y deberían esperar hasta los 65 años para acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en caso de no contar con aportes. La PUAM representa el 80% del haber jubilatorio mínimo. Al igual que ocurre con Ganancias y Bienes Personales, en este caso tampoco podrá haber insistencia por parte de Diputados.
La eliminación de los capítulos que modificaban Bienes Personales y restituían el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría implica el rechazo a dos cambios de espíritu netamente regresivo que beneficiaban a las mayores fortunas mientras que se aumentaban los impuestos sobre los asalariados.
Más allá de los cambios, el contenido sigue siendo lo suficientemente dañino para el país y, tal como señalé tras la aprobación en la cámara baja, se sigue tratando de favorecer a ciertos sectores concentrados, en detrimento de los/as trabajadores/as, a la vez que se avanza sobre una gran cantidad de derechos consagrados hace años en nuestro país.
El gobierno presentó como un éxito de gestión la aprobación en el Senado, con la mira puesta en la “gobernabilidad” que piden los mercados y el FMI. Precisamente el jueves el organismo aprobó el desembolso de 800 millones de dólares en el marco del Servicio Ampliado del FMI para Argentina. En el comunicado se sostiene que “el programa sigue firmemente encaminado, habiéndose cumplido con margen todos los criterios cuantitativos de rendimiento para finales de marzo de 2024”. La subdirectora Gerenta del organismo, Gita Gopinath, afirmó que “se necesitan esfuerzos continuos para aprovechar los impresionantes logros alcanzados hasta el momento”. Es la lógica del ajuste interminable.
Otro de los supuestos hitos fue la renovación por un año del swap con China, por 5000 millones de dólares, a partir de lo cual el BCRA deberá empezar a cancelar gradualmente la deuda hasta 2026.En materia de precios, la baja de la inflación de mayo (al 4,2% mensual) fue otro dato que festejó el gobierno. No es ningún mérito hacerlo a costa de generar una fuerte recesión.
El Banco Mundial acaba de empeorar la previsión de Argentina, cuya economía caería un -3,5% en 2024 (en abril estimaba un -2,8%). En este marco, realizó un recorte de 0,5 puntos porcentuales en la estimación de crecimiento de la región hasta el 1,8% para 2024. Una de las principales razones de esta reducción, según el organismo, tuvo que ver con el “deterioro en las perspectivas de corto plazo para Argentina”, debido a “los pasos de política fiscal y monetaria necesarios para abordar los desequilibrios crónicos”. Argentina es uno de los dos países para los cuales el Banco Mundial estimó una recesión para este año. El otro es Haití, aunque con una contracción esperada del 1,8%, la mitad de la de nuestro país.
Por su parte, en un comunicado reciente de la Oficina del presidente se hizo alusión a que “los sueldos están creciendo aproximadamente al doble de la inflación” y a que “los argentinos comienzan a experimentar una recuperación del poder adquisitivo de sus ingresos”.
No está de más detenerse en lo que muestran los números de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), descontando el efecto de la inflación. El RIPTE recupera en abril un 6,7% real mensual, que se sumó a la suba de marzo (+2,7%). El ligero crecimiento de estos dos últimos meses se produjo luego de una muy significativa caída, concentrada en un corto periodo (-19,2% entre noviembre 2023 y febrero 2024). Los datos no confirman una tendencia a la recuperación de los salarios, más bien son producto de la actualización de los convenios colectivos que se produce con posterioridad al aumento de precios.
No es la primera vez, ni será la última, que este gobierno utilice sesgadamente los datos para validar su discurso y tratar de justificar políticas de ajuste que indefectiblemente terminan descargando su peso en amplios sectores de la ciudadanía y en las pequeñas y medianas empresas.
