Nodal | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno argentino transita de manera decidida el camino neoliberal que recorren muchos países de la región y ello ya impacta negativamente en la distribución del ingreso.
Los datos son elocuentes. El salario real, que desde 2007 hasta noviembre de 2015 se había recuperado un 29%, bajó entre diciembre de 2015 (cuando asume Cambiemos) y enero de 2017 un 6,2%. Por su parte, según el centro Cifra1, la participación de los asalariados en el PBI pasó del 37,4% en 2015 al 34,3% en 2016, unos 3 puntos porcentuales menos, lo que da una idea de cómo se viene incrementando la desigualdad. Los menores incrementos salariales que se proyectan y una inflación que no cesa, garantizan que habrá una nueva tanda de caídas para el año en curso.
Al respecto, resulta interesante un discurso reciente de la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, donde señaló que “cuando los frutos del crecimiento están más repartidos, el crecimiento es más vigoroso, más duradero y más resiliente”. Luego se preguntó: “entonces por qué, si sabemos que es así, los países no se han puesto como objetivo distribuir los beneficios económicos de manera más amplia y por qué la desigualdad se ha agudizado en tantos países en los últimos años”. La respuesta cae por su propio peso: ocurre gracias a las políticas de ajuste que ellos mismos estuvieron recomendando durante todos estos años.
En su Monitor Fiscal de abril de 2017 el FMI señala que “en algunos países avanzados y en economías emergentes las reformas en los sistemas de pensiones y de salud podrían mejorar tremendamente el perfil fiscal”. También se muestra preocupado sobre los mecanismos mediante los cuales algunos gobiernos podrían “generar ahorro por medio de la mejora de los objetivos de gasto público y el incremento de la eficiencia”. Para el caso específico de Argentina afirma que “una reducción estructural del empleo público sería facilitado fortaleciendo la gestión de las nóminas (de empleados) para rastrear y controlar a los empleados públicos y emprendiendo un censo para identificar trabajadores fantasma e implementando un sistema basado en la atrición”. Esto último implica no reemplazar los puestos que van quedando vacantes.
El ajuste fiscal ya está instalado en Argentina y un claro ejemplo es lo que ocurre con los docentes de las escuelas públicas. Según datos del Ministerio de Educación, el salario de referencia de los maestros de la provincia de Buenos Aires cayó durante el año pasado un 5,6% en términos reales, mientras que en la CABA se redujo un 4,4%. Los impactos distributivos de esto son inocultables. Otra forma de verlo es analizando los gastos por intereses de la deuda pública, que durante la gestión macrista crecen más que los recursos destinados a educación. Si en 2015 los intereses superaban a las erogaciones en educación en un 3%, en 2016 esta relación subió a un 36%, y según el Presupuesto llegará al 54% en 2017.
Si bien está lejos de ser gradual, el ajuste del gasto no marcha al ritmo que pretenden los mercados, enfocados en una visión sesgada de la sostenibilidad fiscal. De hecho, al considerar el lado de los ingresos públicos, no deja de ser paradójico que ningún medio o analista del establishment haya levantado la voz cuando se anunció una eliminación significativa de las retenciones a las exportaciones, un auténtico caso de doble estándar.
El credo ortodoxo del gobierno también lo ha llevado a convalidar tasas de interés astronómicas para su política monetaria basada en metas de inflación. Pero como la inflación no responde a los mandatos del monetarismo, el gobierno terminó cristalizando una elevada inflación con caída de la actividad (estanflación), favoreciendo con ello el proceso regresivo de redistribución del ingreso. No parece ser miopía sino un objetivo concreto: la recesión y el desempleo son fundamentales para disciplinar los pedidos de los trabajadores.
Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Hacienda, había sido sumamente explícito hace más de un año, antes de la primera ronda paritaria, cuando dijo: “cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”. Pasado ese lapso, el saldo muestra un deterioro de ambas variables, una tendencia que se agravará si además se continúa avanzando con la idea de la flexibilización laboral, que ya tuvo su puntapié inicial en el sector de hidrocarburos. La reforma laboral, lejos de ser una práctica virtuosa, le da vía libre a los empresarios concentrados para apropiarse de una mayor parte del excedente y también para achicar, sin grandes costos, su planta laboral.
En las últimas semanas han arreciado informes de economistas ortodoxos que, por distintas vías, incitan al gobierno a intensificar el recorte de gastos. Lo mismo exigen los inversores extranjeros. Viendo lo que ha ocurrido en Brasil, el achicamiento del Estado seguramente incluirá un replanteo del sistema jubilatorio (por ejemplo, con incrementos en la edad de retiro), privatizaciones y hasta una regla institucional para limitar el gasto.
No obstante el gobierno ha decidido postergar lo peor del ajuste para después de las elecciones. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo ante inversores reunidos en Nueva York: “La prioridad es ganar las elecciones y convalidar en octubre las propuestas del gobierno. Después vamos a encarar las asignaturas pendientes”. Esas asignaturas pendientes que menciona Caputo no son más que la anticipación del ajuste y de las reformas neoliberales que el gobierno argentino de los CEOs se reserva, para seguir incidiendo en la matriz de distribución del ingreso.
