Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
El reciente lanzamiento de la campaña presidencial del jefe de Gobierno porteño se sustenta, como siempre, en una combinación de marketing (con su imagen sonriente como principal objetivo), junto a una acción política de clara impronta conservadora en su propio distrito. Sus acciones concretas favorecen a grandes grupos empresarios de la construcción y proveedores del Estado, instrumenta políticas tributarias regresivas que afectan a amplias franjas de asalariados y clases medias y desprecia la demanda ciudadana tendiente a mejorar el medio ambiente. En la actual coyuntura, Larreta decidió utilizar a la educación como su ariete principal.
En este nuevo ciclo lectivo se expresa la realidad de la educación pública en nuestra ciudad, y las distintas interpretaciones sobre viejos y nuevos problemas del sistema y sus instituciones. El gobierno de CABA ha venido desplegando sus políticas, con el claro objetivo de reconfigurar radicalmente el modelo educativo. Ese proyecto, iniciado por Macri, ha sido tenazmente resistido por la comunidad educativa durante quince años de gobierno de esta derecha pseudo moderna.
El filósofo y educador Eduardo Rinesi explica que quien tiene garantizada su comida, no eleva su voz por el derecho a comer, en realidad lo hace quien tiene su estómago vacío. De allí que una primera definición ideológica se debe orientar a ponderar en qué medida las mayorías populares ven efectivizados sus derechos, que deben ser garantizados por el Estado, implementando políticas públicas cuyo propósito sea construir una democracia auténticamente solidaria.
Resulta necesario repasar los hechos más significativos de Larreta en esta materia, reiterando que lo hacemos desde una postura ideológica: la educación es un derecho social, ciudadano y humano. Existe un primer dato excluyente: se practica una reducción sostenida del presupuesto, junto a la subejecución de los recursos asignados al área educativa. Pero, además, esos recortes contrastan con el creciente subsidio estatal al sistema privado. Tales decisiones tienen consecuencias concretas para los docentes, estudiantes y en escuelas y colegios. Hace años que las familias y sindicatos vienen denunciando la falta de vacantes. La ministra Soledad Acuña no ha desmentido que el nuevo ciclo lectivo comenzará sin 56.832 niños y niñas que pidieron un lugar y les fue negado. Entre los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria), hubo 118.169 solicitudes, y se asignaron 61.337 (Tiempo Argentino). Esos datos, provienen del gélido y deliberadamente ineficiente “sistema online”. Se utiliza el slogan “cada día cuenta”, por lo tanto, cada niño y niña cuentan, pero el lunes 21 más de 56 mil no “contaron”.
No es preciso ser muy perspicaz para unir la información: la falta de recursos económicos genera insuficiencia de edificios escolares de cargos docentes y de infraestructura.
Siguiendo con las “transformaciones” macristas encontramos: la creación de la UNICABA y el cierre de los Institutos de Formación Docente; el proyecto “Secundarias del Futuro” y su propuesta de expansión del tiempo virtual, la realización de “pasantías laborales gratuitas”; la introducción de empresas financieras en la construcción curricular, para formar alumnos apologistas de la especulación, relegando la idea del trabajo productivo como forma de inserción social. Todo este andamiaje macrilarretista no es una creación original. Expresa la perspectiva del neoliberalismo como proyecto hegemónico a nivel mundial, aunque ya es palpable que atraviesa una profunda crisis de legitimidad. Su horizonte privatizador se complementa en clave discursiva con la “calidad educativa”. Estas propuestas “modernas” presentadas como la solución a la problemática de la educación ya han fracasado rotundamente en Chile, e inclusive fueron la causa de grandes protestas contra ese modelo mercantilizado y clasista que vulnera derechos y desprecia la educación pública.
El proyecto neoconservador de Larreta exige una lectura que trascienda las diversas iniciativas que intenta, ya que su verdadero propósito es la demolición del sistema educativo público, emergente de la Ley 1420 y otras reformas populares posteriores. La realidad indica que en nuestra ciudad se avanzó obstinadamente hacia un deterioro material y simbólico de la escuela pública, en la descalificación abierta y agresiva de la ministra Soledad Acuña a maestras y profesores, y al abandono de los núcleos sociales vulnerables, quienes más necesitan la presencia de un Estado. En la comunidad educativa, incluyendo a quienes estudian y reflexionan sobre el sistema pedagógico, existe la convicción de que las antiguas estructuras y relaciones deben ser transformadas, pero en un sentido opuesto al elitista desplegado por el gobierno de la Ciudad. Se trata de dos proyectos antagónicos frente al reto de construir una educación que responda a los desafíos del siglo XXI. Uno se funda en la noción de democracia sustantiva y expansión de derechos; el otro se propone perpetuar desigualdades sociales y culturales, tras un discurso falsamente “renovador”.
Éste último, impulsado por Macri, Larreta y Vidal, no puede ocultar sus verdaderas finalidades. El jefe de Gobierno pontificó en plena pandemia que “para nosotros es de vida o muerte el regreso de las clases presenciales”. Practicaba oportunismo político en un contexto de grave riesgo sanitario y de la vida. Se trata de un ejemplo de su temeraria estrategia propagandística para seducir a las “audiencias” y aliviar su imagen. Sin embargo, valoramos que existe en nuestra sociedad una arraigada cultura de defensa de la educación pública, con la perspectiva de aportar a un proyecto educativo democrático. Esta es, entre otras disputas centrales, parte de la encrucijada en nuestra Ciudad y mucho más allá: un mundo inficionado por lo individual, el egoísmo y la codicia; u otro más humanista y convivencial entre los seres humanos y la naturaleza.
