23/07/2012 - La Jornada Web - www.lajornadaweb.com.ar
Por Evelina Ramírez
El pasado viernes 13 de julio, se llevó a cabo una nueva Tertulia de la Coopi, la cual tuvo como disertante esta vez al reconocido dirigente cooperativista Edgardo Form, diputado electo para la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gerente General del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Previo al evento mantuvo una entrevista con La Jornada, en la cual abordó los principales aspectos del proyecto de Ley de Servicios Financieros impulsado por el diputado nacional Carlos Heller, integrante del bloque de Nuevo Encuentro y referente principal del Partido Solidario.
Entre algunas de esas medidas, vale destacar el hecho de considerar la actividad financiera como un servicio de interés público y pensado para los usuarios, alejándose de esta manera de la lógica neoliberal que ha predominado hasta el momento y que sólo atiende las necesidades de los grupos y sectores que ofrecen más garantías y ganancias en el corto plazo.
Comencemos haciendo un diagnóstico sobre por qué puede ser necesaria una Ley de Servicios Financieros…
Para valorizar la importancia de este tema, hay que recordar que el 2 de abril de 1976, pocos días después del golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-militar, el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz anunció la puesta en marcha de una nueva política económica, señalando que era una vuelta de página de la historia, que se terminaba con el estatismo. Era la inserción forzada a sangre y fuego, literalmente, de la Argentina en una nueva modalidad en la concepción neoliberal, con un Estado mínimo y un mercado absoluto. Como correlato de ese plan económico, poco tiempo después se impuso con un decretazo dictatorial la ley 21.526 de Entidades Financieras, que rige hasta el día de hoy y sin perjuicio de las modificaciones parciales que tuvo en estos años. Esta norma es parte del andamiaje jurídico que instauró la dictadura para modificar la estructura económica, social, financiera, cultural y política de la Republica Argentina; es una rémora del pasado.
Hoy estamos transitando un proyecto de país que apunta al crecimiento económico con inclusión social, con equidad, fomentando las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales, la generación de empleo, la creación de cadenas de valor. La integración con los países de la región. Todo eso y todo lo que está pendiente de realización, requiere de otro marco jurídico que esté en consonancia con esta nueva realidad.
Nosotros pensamos que sin perjuicio de los cambios importantísimos que fueron incorporados recientemente en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, hay que reemplazar aquella ley de la dictadura, aunque más no sea porque lleva la firma de Videla y Martínez de Hoz. Hay que cambiar la ley y crear un nuevo marco normativo.
La Ley de Servicios Financieros impulsada por el diputado Carlos Heller se diferencia de la ley de la dictadura desde su mismo nombre. No es una ley de entidades financieras, pensando en el negocio de los banqueros, sino que está pensada en las necesidades de los usuarios. Conceptualmente es otra cosa.
Cuando hablamos del sistema financiero como un servicio de interés público, pensamos en su carácter universal y federal. Evidentemente hay intención del Gobierno Nacional, a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de su presidente, la licenciada Mercedes Marcó del Pont, de federalizar todo. Creemos y tenemos la convicción de que junto con las positivas reformas de la Carta Orgánica del BCRA, hace falta una nueva ley de servicios financieros que permita lograr estos objetivos. Que haya, aunque más no fuera, una extensión, un cajero automático, una receptoría aun en lugares distantes.
De esta ley que estamos impulsando, la versión anterior fue en gran medida absorbida en su contenido por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. A partir de esto hemos tenido que reformularla y acotarla a aquellas cuestiones que no contempla la Carta Orgánica. En este nuevo proyecto, especificamos que el 50 por ciento de las carteras de créditos de los bancos deberían estar orientados en un 48 por ciento al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas. El 2 por ciento restante, al sector de microemprendimientos. Hablamos de un 50 por ciento del crédito hacia ese sector porque es el que puede garantizar un mayor desarrollo del mercado interno y generación de puestos de trabajo.
Tiene que haber una ley que establezca los grandes objetivos o lineamientos económicos y que le dé atribuciones al Poder Ejecutivo y al ministerio de Economía para actuar. El tema financiero es demasiado importante como para que lo manejen solamente los banqueros. Si lo manejan sólo los banqueros sucede lo que está pasando en España, lo que pasa en Grecia, lo que pasa en Europa. Lo que nos pasó a nosotros antes del estallido de la crisis del 2001.
En el año 2011, el sistema financiero tuvo ganancias millonarias. En 2008 fue de 4.700 millones; en 2009, 7.900 millones; en 2010, 11.700 millones y en 2011, 14.700 millones de pesos. Desde la visión de la banca cooperativa, sostenemos que más que la máxima ganancia –que es una característica propia del capitalismo-, hay que pensar en la rentabilidad necesaria. Es decir, la rentabilidad que permita mantener el servicio y hacerlo crecer, pero no a costa de exprimir a la gente, cobrando altas tasas de interés.
Hoy sucede que para un banco es más fácil y lucrativo dar un crédito para el consumo (por ejemplo para comprar un televisor), que darle un crédito a un pequeño empresario para comprar un torno. Esto sucede porque el que va a comprar un televisor con una tarjeta de crédito, el banco tiene garantizado el cobro prácticamente, con una tasa de interés importante (en 15 o 20 cuotas). Darle una crédito a una pequeña empresa supone un esfuerzo mayor para conocer los balances de esa empresa, para conocer la perspectiva futura de facturación, la capacidad de pago, el mercado que tiene donde va a colocar los nuevos productos. Es más costoso y da más trabajo. Por eso es más cómodo dar financiamiento para comprarse un auto cero kilómetro con una garantía prendaria.
Nosotros estamos pensando en promover el crédito para este sector y también el crédito hipotecario. Esto tiene que apuntar a resolver el déficit habitacional (que es muy grande todavía en Argentina), pero además, inyectar dinero en la construcción es una forma de multiplicar la actividad económica. La construcción es la madre de las industrias, por todo lo que genera. El tema hipotecario es también una parte relevante de nuestro proyecto.
El proyecto, en su totalidad y con todo su articulado, se presentará a la brevedad en la Cámara de Diputados de la Nación, acompañado por más de una millón de firmas que hemos ido recogiendo de ciudadanos y ciudadanas, pero también de Legislaturas, Concejos Deliberantes, Cámaras Empresariales que coinciden plenamente en la necesidad de contar con un marco legal que promueva el crédito en estas condiciones, con tasas de interés y plazos de amortización que acompañen la actividad empresarial.
¿Estas medidas se ajustarían tanto a los organismos de créditos públicos como privados?
La ley que estamos impulsando establece la categorización de bancos públicos, privados, la banca cooperativa. También hablamos de las cajas de crédito como una forma de democratizar el manejo de las finanzas. Es un marco normativo amplio. Pero sobre todo apuntamos a que la banca privada, ya sea lucrativa como cooperativa, se deba a ajustar a normas que impidan la monopolización, la concentración; que haya competencia garantizada. El BCRA ahora ha incorporado una especie de ombudsman o defensor de los usuarios, lo cual es muy importante. Se ha designado al doctor Norberto Dorensztein, quien es un profesional del Derecho que viene con experiencia en defensa de consumidores. Esto es muy importante porque muchas veces las entidades financieras hacen abusos de los usuarios y no hay a dónde acudir. Este es un mecanismo institucionalizado para que alguien pueda formalizar su reclamo y se atendido como corresponde. Que le respeten los derechos.
El proyecto de ley implica un cambio conceptual, al entender a los servicios financieros como un servicio de interés público, apuntado a la economía real y no a la especulación. ¿Este proyecto ha generado reticencias de parte de los banqueros? Le pregunto esto pensado en el apoyo que pueda llegar tener este proyecto de ley…
Nosotros empezamos a trabajar con este proyecto hace dos años aproximadamente. Cabe recordar que durante la campaña, que culminó con la designación de Heller como diputado nacional en el 2009, uno de sus eslóganes era la promoción de una nueva ley de servicios financieros. Creo que ahora están dadas las condiciones políticas para llevar adelante un proyecto.
Pero simultáneamente con esta iniciativa legislativa, empezó a funcionar el lobby de los sectores de la banca lucrativa concentrada. A diferencia de lo que hemos hecho nosotros, que fue apelar a la ciudadanía y juntar firmas, ellos trabajan en forma silenciosa, pero con la capacidad de influencia que les da el poder económico. El lobby circulando por los pasillos del Congreso Nacional para frenar, impedir o que algún diputado amigo presente un proyecto distinto, en contra del otro.
Esto existe. Es parte de la realidad. Es parte del escenario complejo que tenemos por delante, porque cada paso que se da en función de consagrar nuevos derechos y democratizar la política y principalmente la economía –distribuyendo riquezas con equidad y con un sentido de justicia social-, indefectiblemente toca intereses poderosos. Y esos intereses se resisten a perder privilegios. Hay una pugna y el resultado dependerá de la relación de fuerzas. Creemos que hoy en día, en el Congreso de la Nación hay una relación de fuerzas proclive a impulsar este tipo de iniciativas.
Así como se consagró el matrimonio igualitario, o bien el reemplazo de otra rémora de la dictadura como la ley de radiodifusión, creemos que ésta es otra de las asignaturas pendientes de la democracia y esperemos que haya un consenso razonable.
¿Qué aspectos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central considera cruciales?
Hay que destacar la capacidad regulatoria del Estado en materia financiera, porque hasta la reforma el sentido del BCRA era velar por el valor de la moneda. Pero ahora, además de eso que es importante pero no suficiente, el Banco tiene injerencia en promover acciones financieras que apunten al desarrollo económico, social, a la inclusión, a la generación de empleo. Ahora lo estamos viendo con las medidas concretas que se anunciaron para que los bancos destinen el 5 por ciento de los depósitos privados a otorgar créditos para proyectos productivos en un porcentaje importante a pequeñas y medianas empresas, a un plazo de 24 meses y con una tasa de interés del 15 por ciento anual. Si no fuera por la reforma de la Carta Orgánica, hoy el Banco Central no podría adoptar estas medidas.
Obviamente esto también va a tropezar con resistencias, pero la autoridad monetaria tiene, justamente, autoridad para poder hacerlo. Además de que la ley la ampara. Con una rentabilidad de más de 14 mil millones de pesos, no es que los bancos se van a empobrecer si prestan al 15 por ciento anual. Igual van a ganar; quizás un poco menos, pero igual ganarán mucho.
En el proyecto de ley, nosotros hablamos que progresivamente (esos fondos obtenidos del 5 por ciento de aportes privados) deben destinarse en un 48 por ciento a la minipymes y el 2 por ciento a los microemprendimientos. Es decir que el 50 por ciento iría al sector micro, pequeña y mediana empresa. Esto, de aplicarse, tendría un impacto notablemente positivo en la economía y en la sociedad.
Yo diría que la capacidad regulatoria por parte del Estado es el hecho esencial de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin la reforma, el BCRA era un Estado dentro de otro Estado. Esto es lo que defendía Martín Redrado y los exponentes del neoliberalismo, que querían que el Banco Central tuviera independencia. Esto es un absurdo, porque si bien es cierto que debe tener una cuota de autonomía para velar por la moneda, también tiene que estar al servicio de un proyecto de país.
En el proyecto de ley, ¿se tiene previsto además del apoyo financiero aplicar otros tipos de medidas, como asistencia técnica o capacitaciones?
Indudablemente. Desde nuestro punto de vista, de 2003 hasta acá se han hecho avances significativos, pero hacen falta muchos más. Eso implica muchas cosas, como garantizar la cobertura de salud para todos los habitantes en condiciones adecuadas, resolver el déficit habitacional, etc. Nosotros siempre decimos que el único índice de pobreza aceptable es el de pobreza cero. Parar ello tiene que haber más crecimiento y mejor distribución. Por supuesto, hay que fomentar la economía solidaria; el cooperativismo asume el desafío de incrementar su presencia en la creación de riqueza, en el agregado de valor. Actualmente, las cooperativas representan casi un 10 por ciento del producto bruto, pero vamos por más. Este año se está haciendo el Congreso Argentino de las Cooperativas y ese es un objetivo estratégico importante: contribuir a generar más riqueza, estableciendo más cadenas de valor. Lo de la capacitación también. Por ejemplo, existe la operatoria de microcréditos. Desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos estamos trabajando en Córdoba (Valle de Punilla y Córdoba Capital) y en Mar del Plata en el tema microcréditos. Éstos apuntan a un determinado segmento que tiene potencialidad de convertirse en un microemprendedor, para que pueda generar recursos para sí y para su familia a través de proyectos viables y sustentables en el tiempo. Esta es una forma de inclusión social, que requiere no sólo de darle una determinada cantidad de dinero para que compre materia prima, sino capacitarlo para que efectivamente sepa gestionar esa microempresa: cuándo comprar, cómo vender, cómo diversificar productos, cómo ganar nuevos mercados. Todo esto requiere un esfuerzo de capacitación.
En este sentido, hay una articulación virtuosa entre el Estado que provee de esos fondos, a través de la Comisión Nacional de Microcréditos y organizaciones sociales, cooperativas o municipios que forman parte de los consorcios (así se llama cuando hay un ente oficial) que operan el microcrédito. Esta es una tarea que implica el seguimiento, exploración y conocimiento del proyecto. Hay que tener en cuenta que no todo proyecto es viable, ni todo proyecto se puede sustentar en el tiempo. Estos dineros no son a fondos perdidos; son para recuperar y reciclar. Todo esto implica un despliegue, un esfuerzo. Pero el fruto es mejorar la calidad de vida de la gente.
Estas cosas rinden frutos a lo largo del tiempo; hay que lograr estabilizar estos proyectos, sumar nuevas entidades, ampliar redes. Creo que el tema avanza significativamente. Hace poco, en un acto en el Museo del Bicentenario, la presidenta de la Nación entregó el microcrédito número 250 mil, de manera tal que se ha hecho bastante. Por supuesto, siempre hay mucho más por hacer y nosotros creemos que, justamente, este es un gran desafío para quienes integramos la economía solidaria: contribuir a que este proceso no solamente continúe, sino que se profundice para lograr aquellos objetivos trascendentales de que no haya pobreza, que no haya chicos desamparados, que no haya nadie que duerma en la calle. Es como decía Gandhi: en el mundo hay recursos para satisfacer las necesidades de todos, aunque no tanto para la avaricia de unos pocos.
¿Llegaremos a fin de año con una nueva ley de servicios financieros?
Es de esperar, ¡ojalá tuviera el oráculo! Estas cosas llevan tiempo; pero si el proyecto se consagra antes de fin de año me comprometo a venir nuevamente a Villa Carlos Paz y a brindar con todos ustedes.
