Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Volvió a aparecer el fantasma del veto. Desde el gobierno se dio a entender que, de sancionarse cualquiera de las iniciativas que se debatieron esta semana en el Congreso Nacional para frenar los despidos, se acudiría al mecanismo de veto que Mauricio Macri utilizó frecuentemente en su gestión como alcalde de Buenos Aires. Desde el Congreso ya se le contestó que, en caso de producirse el veto, se intentará revertir con el voto de los dos tercios.
En un paso más en el relato, Macri expresó: “Aprendimos de los errores y no los vamos a volver a cometer”. A la vez que remarcó: “Ya probamos en 2002 con leyes que prohibían y no sirvió”. Muy mala memoria, porque fue a partir de 2003 que la desocupación comenzó a bajar, de más del 20% en aquellos momentos, hasta llegar al 5,9% del tercer trimestre de 2015.
Según informa La Nación, “el Presidente considera que hacia el segundo semestre bajará la inflación y habrá mayor empleo, aunque no está seguro de que haya mayor consumo”. Otro avance en el relato, puesto que no parece posible que haya mayor empleo si no hay mayor consumo.
Al analizar la contrapropuesta del oficialismo, que quiere activar la Ley Antidespidos a partir de una desocupación del 10%, queda bien en claro que Macri no sólo se siente cómodo con una mayor desocupación, sino que además resulta una de las herramientas principales de su gestión.
La desocupación es un gran disciplinador para la clase trabajadora, y oficia como freno para los reclamos. Fueron cortantes el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay y el presidente Macri, al expresar: si piden más del 20% lo sufrirán con los despidos. Lo que se intenta es avanzar nuevamente en la flexibilización laboral y en una reducción de la porción del Ingreso Nacional que se destina al factor trabajo, en beneficio del factor capital.
El manejo de la política monetaria por “metas de inflación”, como ya definió el BCRA, también abona en este sentido. Entre las herramientas que se proponen para las metas de inflación existe la denominada NAIRU: la “tasa de desempleo que no acelera la inflación”.
Según este enfoque, bajas tasas de desempleo indican recalentamiento de la economía, lo que lleva a una mayor inflación. De allí que las políticas que se están implementando necesitan altas tasas de desocupación y enfriamiento de la economía.
Por eso Macri no quiere la Ley Antidespidos y promete mayor cobertura al desempleado: porque está previendo fuerte aumento del desempleo, e intenta aplacar de alguna forma el conflicto social que esto generará. Pero no es más que tapar el sol con las manos.
El desempleo sólo se baja con políticas de fomento a la demanda, como se realizó durante los 12 años anteriores, a partir de la defensa del poder de compra del trabajador, de subsidios al empleo en los momentos en los que éste estaba comprometido, y de crecimiento.
Resulta muy importante discutir cómo evitar los despidos, pero más apremiante aún es discutir y enfrentar las políticas que llevan al enfriamiento de la economía, que es el que conduce a una mayor desocupación, baja en el poder de compra de los salarios, menor consumo y menor producción, elementos que se retroalimentan.
No se resuelve, como postula el gobierno, sólo con más inversiones, para lo cual se proyecta endeudar a la Nación en niveles dramáticos. La mayor colocación de deuda de un país en desarrollo en los últimos años, U$S 16.500 millones, se destinó a proveer cuantiosas ganancias a los fondos buitre, que cobraron cerca de 9.500 millones este viernes. El resto, ¿se dedicará a cancelar parte del préstamo puente de U$S 5.000 millones otorgado por los mismos bancos que realizaron la colocación de esta semana? Profundizando el relato, se festeja que con este pago se ha salido de 14 años de default, una frase engañosa por donde se la mire. Primero, porque desde 2005 la Argentina pagó puntualmente todos los vencimientos de su deuda con privados: sólo a partir de 2014, con el rebuscado fallo de Thomas Griesa, entró en un raro default de un país que deseaba pagar, tenía los fondos para ello, pero no se le permitía hacerlo. Segundo, porque si bien se levantaron las cautelares, aún quedan bonistas que no acordaron, y se dejó específicamente escrito en el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York (15.04.16) que “los tenedores de bonos (que no acuerden) tienen la libertad de continuar negociando y seguir los pasos necesarios, incluso el litigio, para proteger sus intereses”. Ya han comenzado, además, las presentaciones judiciales por parte de los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010, como la del Fondo Greylock.
De la misma forma que desde el gobierno se amenazó a los trabajadores con la opción “a mayor aumento salarial, mayor posibilidad de despido”, también se amenazó a la sociedad con “sin acuerdo con los holdouts habrá ajuste o hiperinflación” (Mauricio Macri). Este es el chantaje que estamos sufriendo todos los días. El relato macrista intenta camuflar esa realidad, y de allí que debamos combatirlo, informando con la verdad.
