Tiempo Argentino | Opinión
El gobierno presentó en el Congreso de la Nación el Presupuesto de gastos y recursos correspondiente al período 2016, ratificando el proyecto político y económico que fue desplegando durante los últimos 12 años, y que ha resistido las presiones políticas e ideológicas del establishment local e internacional.
Por Juan Carlos Junio
El núcleo del poder empresario, político y cultural continúa defendiendo el viejo modelo de ajuste y recesión de pura cepa neoliberal, a la vez que intenta borrar del imaginario colectivo la necesidad de continuar con las políticas que abonan la senda de la ampliación efectiva de derechos para el conjunto de la población. En este sentido, la semana fue fructífera, ya que la presidenta anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley que eleva al rango de secretaría el área nacional de Juventud, para fomentar la participación juvenil en las instancias de gestión política. La mandataria envió además el proyecto de Ley del Actor, que le reconoce a este colectivo social su notable aporte a la cultura nacional y especifica su carácter de trabajadores, igualándolos con los demás ciudadanos. El nuevo marco normativo laboral y previsional da respuesta a las peculiaridades del trabajo actoral reivindicado por la Asociación Argentina de Actores desde hace décadas.
Para la elaboración del Presupuesto Nacional, se ha considerado que la economía internacional atraviesa un contexto adverso, y en ese marco establece que resulta esencial mantener la estrategia actual de políticas anticíclicas, favoreciendo el mercado interno, y las herramientas de protección social ya que, como sostuvo el ministro de Economía Axel Kicillof: "Si se te cae la demanda externa y además se reduce la inversión pública, y por ende la demanda interna, la actividad económica va a caer más, aunque este es el tipo de medidas que el mercado aplaude."
Según las bases del proyecto presentado al Parlamento, nuestro país finalizará el año con un crecimiento del 2,3% y se proyecta un 3% para el próximo año, no previendo un mayor ritmo de depreciación monetaria. En ese punto nodal contradice una vez más a los sectores más concentrados, que reclaman a los gritos una devaluación en su afán de maximizar sus ganancias. El clamor devaluacionista, siempre montado sobre el aparato de los medios de comunicación hegemónicos, ha sido tan descabellado que hasta el propio presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, llamó a moderarse, declarando que, "una vez que Brasil se normalice, se va a apreciar el real y no vamos a necesitar hacer una gran devaluación para ser competitivos". Aunque no pudo con su sentido común macrista y agregó: "Lo primero que deberá hacer el próximo presidente es negociar con los fondos buitre." Sus dichos son un reconocimiento de que el reclamo devaluatorio "por Brasil" no habría tenido ningún tipo de racionalidad macroeconómica, y que habría generado una profunda transferencia de ingresos, desde los trabajadores a las grandes corporaciones que, como siempre, incrementarían los precios automáticamente.
Justamente Brasil representa la otra cara de la moneda, ya que acaba de remendar su presupuesto original luego de la baja de la nota que le propinó Standard and Poor's (S&P), despojándolo de su preciada calificación. El "investment grade", como se lo denomina en inglés, es una especie de "bendición" recibida en 2008, que lo calificó para recibir todo tipo de capitales. Su contrapartida fue una clara transferencia de soberanía a favor de calificadoras, acreedores y prestamistas tanto del exterior como locales. Esos núcleos, con su poder acrecentado, ahora presionan y amenazan con irse abruptamente llevándose sus fondos especulativos, a la vez que exigen más ajuste, una medida que achicará la actividad económica, reducirá la capacidad de pago y dañará el tejido social. Un gran contrasentido, que los argentinos conocemos muy bien.
A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, que está mejor posicionado para resistir la crisis que vienen del epicentro del capitalismo, en Brasil se estima que el PIB caería este año un 2,5 por ciento. Se trata de un callejón sin salida para Dilma Rousseff, que para acceder a su segundo mandato debió pactar con sectores de centroderecha y socialdemócratas neoliberalizados, designando a un representante del mundo de las finanzas, el ultraortodoxo Joaquim Levy, como ministro de Hacienda.
La lección fundamental que deja Brasil no pasa por la discusión alrededor de la pertinencia de las políticas neoliberales –cuyo prestigio viene en caída libre por sus constantes fracasos en el mundo–. Su mayor legado es la demostración palpable de la insaciabilidad del establishment, nunca conforme y siempre decidido a ir por más ganancias y menos democracia. Tal es así, que del nuevo proyecto que presentó el ejecutivo brasileño, el único rechazo de la oposición fue al restablecimiento de un impuesto a las transacciones financieras, vigente incluso durante las presidencias de Itamar Franco y de Fernando Henrique Cardoso, y que fuera eliminado por el propio gobierno de Lula en 2007, en un contexto inverso, de entrada de capitales. Por otro lado, estos sectores les dan la bienvenida a los recortes de los planes sociales y al "Programa de Aceleración del Crecimiento", que mina los cimientos –concretos y simbólicos— de las políticas de inclusión y de inversión en infraestructura fundamentales para cualquier esquema de desarrollo económico y social.
La tensión que atraviesa Brasil se extiende al resto de nuestra región y da cuenta de la disputa política que se ha lanzado desde el centro del poder mundial, con el fin ya manifiesto de terminar con los gobiernos democráticos y populares que emergieron de las ruinas del proyecto neoliberal.
En esa lucha política continental, el proceso electoral de la Argentina pasó a ser un elemento central por la gran importancia de nuestro país en la región. Todo indica que, como en los otros países hermanos, el pueblo resistirá la furia mediática y su alianza con políticos y jueces dispuestos a todo, incluyendo su rechazo visceral a la voluntad popular, conculcando el sistema legal y democrático que dicen defender.
La voluntad popular en las urnas terminará con esas aventuras reaccionarias y volverá a legitimar a un gobierno popular y democrático, que sostendrá las políticas a favor de las mayorías sociales, con un fuerte sentido americanista.
Nota publicada en Tiempo Argentino 18/09/2015
