Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, habló en el III Foro Mundial de Derechos Humanos junto a expresidentes que integran el Grupo de Puebla como Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) o José “Pepe” Mujica (Uruguay). También participaron juristas como Baltasar Garzón y Gisele Ricobom, abogada del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud). Todos se refirieron al lawfare como el mecanismo que utilizan sectores del Poder Judicial, los grandes medios concentrados y grupos de la política para condicionar a los gobiernos progresistas. Fue una clara demostración de apoyo regional.
En ese escenario, la vicepresidenta señaló que “se inició en 2003 la construcción de una nueva Argentina (…). Ese hombre, junto con Lula en Brasil en simultáneo decidieron pagarle al FMI, para que nunca más pudiera dirigir la economía en la Argentina”. Y agregó: “fue la década virtuosa. Fue el momento donde más se redujo la desigualdad económica y social en la región, esta es la clave. No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos a las sociedades, por la justicia social, por el derecho de los trabajadores a participar activamente en el producto bruto de lo que producen”. Luego sostuvo que la dictadura, que produjo el desmantelamiento de los derechos políticos, económicos, laborales y sociales y el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías, simbolizó las muertes y las desapariciones, pero también la “destrucción de un modelo de país”. De este modo, Cristina Fernández de Kirchner volvió a situar la discusión en torno a la confrontación de dos modelos. Uno que, entre otros logros, redujo la desigualdad y promovió la movilidad social ascendente; y otro que destruyó todos los avances y derechos logrados por las mayorías, como sucedió con la dictadura cívico militar y con los gobiernos de Carlos Menem, de la Alianza y de Cambiemos. Es modelo contra modelo. Ayer, hoy y en el futuro.
En esa perspectiva, la vicepresidenta concluyó: “no me importa si me van a meter presa, lo que me importa fundamentalmente es que volvamos a reconstruir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. Volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos, se puede hacer porque una vez lo hicimos”.
En otro orden de cosas, durante la semana que pasó, el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo dos anuncios.
Introducimos algunos datos para poder contextualizar esos anuncios. El Estado argentino tiene emitida deuda por alrededor de 350 mil millones de dólares, incluyendo las emisiones en moneda extranjera y local. De la totalidad de esa deuda pública, el 46% aproximadamente es deuda intraestatal. Es decir: una parte del Estado le debe a otra parte del Estado casi la mitad de la deuda de la Argentina.
En ese marco, una de las iniciativas anunciadas consiste en que bonos por cuatro mil millones de dólares emitidos por el gobierno nacional bajo legislación extranjera que están en poder de organismos públicos serán sacados del mercado y se le van a entregar a esos organismos tenedores bonos dual, es decir, que ajustan por la mejor de dos variables: o por el tipo de cambio, si éste le gana a la inflación, o por la inflación si ésta le gana al tipo de cambio. Además, esos bonos dejarán de estar bajo legislación extranjera.
El segundo anuncio consiste en que se unificará el manejo de los bonos de deuda argentina repartida en 113 organismos públicos. El Tesoro nacional pasa a tener un manejo centralizado de los mismos.
De este modo, la Argentina mejora el perfil de su deuda cambiando bonos del Estado nacional emitidos bajo legislación extranjera por bonos del Estado nacional emitidos en pesos ajustados por el tipo de cambio o por inflación.
En el establecimiento de sus grandes líneas o a través de la puesta en marcha de medidas cotidianas de gestión, el Gobierno elige seguir profundizando un modelo de país que, con sus aciertos y sus faltas, tiene como objetivo mejorar la vida a la mayoría de los argentinos y las argentinas.
