Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
En su disertación ante la 76ª Asamblea General Ordinaria de la ONU, el presidente Alberto Fernández dejó en claro la postura del Gobierno respecto de los principales temas que afectan al país.
Entre ellos, hizo alusión al proceso de endeudamiento “tóxico e irresponsable” con el FMI al que se sometió a la Argentina, cuando se aprobó un acuerdo por 57.000 millones de dólares (que finalmente fue desembolsado por unos 45.000 millones). Son recursos que en su momento ingresaron a las reservas del Banco Central y que, como mencionó Fernández, en gran parte “han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta capital”. Lo acordado fue similar a lo que el organismo desembolsó en el año de la pandemia a 85 países. Un auténtico “deudicidio”, según lo denominó Alberto Fernández.
El discurso del Presidente contrastó de lleno con las dos últimas intervenciones de Mauricio Macri realizadas en la ONU en plena gestión Cambiemos. En 2018, en la 73ª Asamblea, y a pocos meses del cierre de los mercados externos y del acuerdo con el FMI, Macri hablaba del país como “socio confiable de la comunidad internacional” y afirmaba, en el plano interno, que “estamos cambiando sin comprometer el futuro”. Evidentemente ocurrió todo lo contrario.
En la 74ª Asamblea, en 2019, mientras se engrosaba la hipoteca, el hoy expresidente decidió no hacer una sola mención al endeudamiento. Optó, sin embargo, por términos como “construir confianza internacional” o integrarse al mundo en base a una inserción “inteligente”. Todo enfocado en satisfacer a los mercados.
Entre quienes participaron de estas reuniones acompañando a Macri se cuenta el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, uno de los firmantes del empréstito, quien acaba de justificar lo hecho. Según el exfuncionario, “el programa con el FMI funcionó”, era muy importante “evitar un default”, así pudieron “reducir el déficit fiscal” y pasar de “déficit a superávit comercial”. La obtención del superávit comercial que menciona el exministro se produjo a partir del derrumbe de las importaciones debido a la crisis iniciada en 2018. Lo que se buscaba desde el vamos era ajustar sin importar los costos económicos y sociales.
Hablando de la situación actual, el Financial Times publica en un editorial que “el Gobierno debería actuar rápidamente para restaurar la confianza de las empresas, reducir la intervención en la economía, recortar el gasto público y alcanzar un acuerdo con el FMI. Si no lo hace, se avecina una crisis económica, seguida de una victoria de la oposición en las próximas elecciones presidenciales”. Pareciera que el diario británico no ha tomado en cuenta los malos resultados de la gestión 2016 a 2019, que aplicó la receta que hoy recomienda.
El sentido de oportunidad de este tipo de enunciados no es casual. Desde ciertos sectores se intenta hacer creer que el resultado de las PASO significa un apoyo a las políticas de ajuste. Pero lo que hubo fue una expresión de cierto agotamiento por los desgastes que generó el solapamiento de las dos pandemias, más cierta apatía por una elección donde no se elegía ningún cargo en concreto.
Los problemas de Argentina no se resuelven con políticas neoliberales, que siempre estuvieron en contra de los intereses de las mayorías. El caso más reciente: las que se aplicaron entre 2016 y 2019, y que en gran medida condicionan nuestro presente. Sería un duro golpe revivir ese modelo de endeudamiento, ajuste, destrucción del aparato productivo y desempleo, algo cada vez más complicado de revertir. Son las mismas políticas y resultados que los producidos en la gestión de Martínez de Hoz o de Domingo Cavallo, entre otros.
La existencia de dos modelos antagónicos está más vigente que nunca.
La pandemia sanitaria interrumpió un proceso de reconstrucción que había comenzado a esbozarse a poco de que asumiera el actual Gobierno. Ahora que el impacto de la pandemia está disminuyendo, y que se empiezan a sentir los efectos de la recuperación económica, hay que profundizar este proceso. Más allá de las dificultades y de la discusión que pueda existir sobre las intensidades de las políticas, el Gobierno apunta a mejorar el presente y a despejar el futuro de las generaciones venideras. Debemos darle el acompañamiento legislativo que necesita.
