Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Los anuncios cambiarios no esconden ningún secreto: es sólo un paso más en la sintonía fina para proteger las reservas internacionales.
Ocurre en un contexto de pandemia que está afectando el comercio de bienes y servicios, que vino a sumarse a la negativa herencia recibida. Un accionar del anterior gobierno que, de tan pernicioso, lo obligó a establecer límites a la compra de dólares, luego de permitir una fuga record de divisas al exterior.
La idea es seguir cuidando bienes públicos y escasos, como son las reservas, direccionándolos a fines útiles para el conjunto de la sociedad. En particular, para poder atender los flujos de comercio exterior y mejorar las condiciones para su recuperación económica. Se continúa con el espíritu de una serie de medidas que ya se venían implementando.
Por ejemplo, a fines de mayo se estableció que los importadores debían utilizar sus posiciones en dólares para cancelar obligaciones, antes de recurrir al mercado cambiario oficial. Llamativamente fue algo que no ocupó la tapa de los principales medios, más preocupados por instalar la idea de que se estaba a las puertas de un default, que nunca ocurrió.
En rigor, las nuevas disposiciones están enfocadas fundamentalmente en la operatoria de cancelación de financiaciones en dólares por parte del sector privado no financiero, una de las principales fuentes de salida de dólares que enfrenta hoy el Banco Central. Según los últimos datos del balance cambiario, entre abril y julio los egresos netos por este concepto llegaron a los 2089 millones de dólares, por encima de los 1541 millones de dólares de formación de activos externos del sector privado no financiero.
Por ello, aquellas empresas que poseen vencimientos mensuales por endeudamientos financieros (no alcanza a las operaciones comerciales) que superen el millón de dólares, sólo podrán acceder al mercado cambiario por el 40 por ciento de los vencimientos. El resto deberá ser refinanciado, como mínimo, a dos años.
Esta medida apunta, como expresa el Banco Central, a que “aquellas grandes empresas con acceso a los mercados de crédito internacional, aprovechen las nuevas condiciones generadas por la normalización de la deuda soberana, liberando margen de financiaciones para el crédito local de pequeñas y medianas empresas exportadoras”. Por ejemplo, respecto de las multinacionales, que en general se financian con sus casas matrices del exterior, por lo que no debieran existir inconvenientes para la refinanciación.
Entre otras medidas, los no residentes no podrán realizar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera. Según afirmó en un comunicado de prensa el Banco Central, la finalidad es “regular la salida de divisas a través del mercado de capitales local (…) y restringir la realización de maniobras especulativas llevadas adelante por fondos de inversión no residentes en el país y su impacto sobre la dinámica de los mercados financieros y de cambios”.
Respecto del cupo de 200 dólares por mes para atesorar, se mantiene en el mismo nivel, pero se agrega un recargo del 35 por ciento, que funciona como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales. También se aplicará sobre las compras en el exterior. Además no podrán adquirir dólares oficiales las personas que reciban planes sociales del gobierno, que en general no poseen capacidad de ahorro para hacerlo. Resulta una decisión lógica en el actual contexto, considerando el gran esfuerzo que la sociedad en su conjunto viene realizando.
El gobierno acaba de cerrar una renegociación de la deuda externa con los bonistas que ha sido exitosa y despeja el horizonte de necesidades de dólares. Además, se cuenta con un tipo de cambio real multilateral que está en niveles competitivos: hoy se ubica en valores de 122 (índice 100 para el 17.12.15, primera devaluación macrista), cuando entre mayo de 2016 y abril de 2018 se ubicó en un promedio de 90.
El problema con el dólar son las operaciones especulativas, y a ellas responden estas medidas, además de reorientar las divisas a fines productivos, privilegiando a las Pymes. Todo esto en el marco de una política que intenta garantizar unsendero de estabilidad y progresividad en un entorno complejo.
