Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Luego de que el Congreso convirtiera en ley la aprobación del acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI se consolidó un escenario de tranquilidad cambiaria y prácticamente la cotización del dólar ilegal desapareció de los titulares. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el denominado blue se redujo entre febrero y marzo unos 17 puntos porcentuales, hasta el 84 por ciento, y un recorrido similar siguieron los dólares bursátiles.
No obstante, de un momento para otro los medios volvieron a instalar con fuerza el tema de la cotización del dólar ilegal, que llegó a subir 17 pesos en algo más de una semana. Durante el período de aumento se dijo que “la tensión cambiaria no se frena”, aunque luego cayó 8,5 pesos en dos días, y sigue como en una montaña rusa. En rigor, no hubo ningún cambio sustancial de los fundamentos económicos que motoricen esta dinámica.
Cabe repetir que el dólar a tener en cuenta para la economía real es el oficial, que es administrado por el Banco Central y que se encuentra en niveles competitivos, más allá de los efectos negativos que está teniendo la inflación.
A futuro, que es lo que debiera incidir realmente en materia de expectativas, no hay que perder de vista que no existen compromisos de deuda pública externa en los próximos años y que el volumen de intercambio comercial se encuentra en máximos históricos.
En el primer trimestre del año las exportaciones crecieron 26 por ciento como consecuencia de un aumento en los precios (22 por ciento) y una leve alza en las cantidades (3,2 por ciento). Se destacaron las ventas de productos primarios (57,7 por ciento), seguidos de las Manufacturas de Origen Industrial (32 por ciento). Los dólares de las exportaciones están permitiendo que se financien los pagos de importaciones y de los servicios de la deuda.
Esto no quiere decir que no existan desafíos en el frente externo, muchos de los cuales tienen que ver con el contexto de la guerra y con la mayor inflación mundial, que está llevando a posturas monetarias más agresivas por parte de las principales bancas centrales del mundo, y que meten presión sobre las monedas de todos los países emergentes. Sin embargo, todas estas noticias se vienen “descontando” desde antes por los mercados, es decir, no son nuevas como para justificar lo que ocurre en el mercado ilegal, un ámbito en el que se mueve un volumen muy pequeño y donde la volatilidad es la norma. Allí las cotizaciones son un reflejo de las maniobras especulativas con las que se benefician unos pocos.
Un dato a tener en cuenta es que la evolución de las cotizaciones muestra que quienes compraron dólares alternativos como reserva de valor sufrieron pérdidas en el último año. Si se toma el valor promedio para abril del dólar ilegal y se lo descuenta por inflación, la caída alcanzó el 12,2 por ciento al compararlo con el mismo mes de 2021.
Los principales medios hegemónicos de comunicación indicaron que uno de los factores de la suba fue el anuncio de un refuerzo de salarios a los/as trabajadores/as informales, monotributistas, jubilados/as, entre otros/as, que llevaría a un mayor gasto público y a incumplir la meta de déficit fiscal acordada con el FMI. También se habló intencionadamente de cambios, incluso en los objetivos del programa, rotundamente negados tanto por el Gobierno como por el Fondo. En paralelo, se pudo leer que “la frutilla del postre fue el anuncio de que el Gobierno busca poner en marcha un impuesto a la renta inesperada, algo que aún no está claro cómo se implementará ni qué chances tiene de pasar por el Congreso, pero que envía la señal de que se buscará aumentar la presión impositiva sobre el sector privado”, cuando en realidad alcanzaría a unas muy pocas grandes empresas y cuando el propio FMI y otros organismos internacionales son los que están apoyando este tipo de gravámenes.
Los motivos por los cuales se incrementa la brecha hay que emparentarlos con los intentos del capital concentrado de condicionar al Gobierno para que no se avance con políticas progresivas, ya sean un refuerzo de los ingresos para ayudar a los sectores más castigados por un contexto internacional excepcional, como un gravamen también excepcional sobre el exceso de beneficios, o el intento de que las personas que fugaron recursos no declarados al exterior paguen, al menos, una parte de lo que evadieron.
