Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
Tras una sesión de más de 29 horas, la Cámara de Diputados dio media sanción a los proyectos de ley Bases y de reforma fiscal enviados por el Poder Ejecutivo. El primero de ellos incluye las facultades delegadas para el presidente Javier Milei, las privatizaciones de empresas públicas y la reforma laboral. Además, promueve el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece principalmente a sectores primarios (agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo) y también a las tecnológicas. El RIGI establece que las empresas puedan demandar internacionalmente al Estado nacional ante el Ciadi, una disposición muy grave. Ya sabemos cómo ha actuado este organismo con las privatizaciones de Carlos Menem, y las reestatizaciones de Cristina Fernández de Kirchner, siempre beneficiando a los conglomerados extranjeros.
Por la amplitud de las desregulaciones para los ingresantes y la estabilidad de los amplios beneficios en materia tributaria, este régimen de incentivos puede considerarse un régimen de saqueo de los recursos naturales. El RIGI deja en evidencia la opción del actual gobierno por la primarización de la economía y la renuncia a la soberanía nacional.
En tanto, el proyecto de ley de reforma fiscal contiene un blanqueo de capitales, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y modificaciones al gravamen a bienes personales, entre otros temas.
El ítem de “regularización de activos” contenido en el proyecto es una fuerte concesión a las personas con riqueza no declarada. Incluye a los que han establecido su domicilio fiscal en el exterior para no pagar en la Argentina. También incorpora a sujetos que no califican como residentes fiscales argentinos, por lo cual, de aprobarse la iniciativa, se les estarían dando beneficios tributarios a extranjeros. En un país donde el presidente Milei y muchos de sus funcionarios repiten que “no hay plata”, se les condonarían deudas y penas a no residentes por activos no declarados que, en el mejor de los casos, provienen del delito de evasión fiscal.
La iniciativa alcanzaría también a las “personas humanas no residentes que fueron residentes fiscales argentinos antes del 31 de diciembre de 2023”. Casi una disposición con nombres y apellidos. A estos se les permitiría blanquear dinero en pesos o en dólares en el país, algo prohibido para el resto de los no residentes. ¿Cómo controlar que ese dinero no venga del lavado de activos?
El proyecto excluye a las personas expuestas políticamente. Pero alcanza solo a los funcionarios que desempeñaron sus cargos en los últimos cinco años contando a partir de la entrada en vigencia de la ley. Por lo tanto, pueden ser beneficiarios gran parte de (sino todos) los funcionarios y funcionarias del período macrista.
La propuesta del Gobierno es totalmente regresiva. Apunta a bajar impuestos a los que más tienen y a aumentar a los que menos tienen.
En el caso de Bienes Personales, en la actualidad hay cinco categorías, de menor a mayor riqueza, cuyas alícuotas van del 0,5% al 1,5%. Según el proyecto con media sanción, en 2027 habrá una única alícuota para todos: 0,25%. De esa forma, el grupo de mayor riqueza pagará 1/6 del monto que ha venido pagando. Es decir, la clase media seguirá pagando la misma alícuota hasta 2026 (mientras los más ricos van pagando menos) y recién recibirá una baja de alícuota en 2027. Pero, además, a quienes paguen por adelantado cuatro años fiscales se les ofrece estabilidad fiscal por diez años, tanto en este impuesto como en cualquier otro tributo nacional sobre el patrimonio.
En paralelo, se amplía el impuesto a las ganancias a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que deberían volver a pagarlo. Durante la gestión anterior votamos la Ley del Impuesto Cedular, que solo alcanzaba a la cuarta categoría a partir del monto de 15 salarios mínimos mensuales. Ello permitió que más de 800 mil trabajadores y trabajadoras dejaran de pagar este impuesto absurdo por los bajísimos niveles de tributación que alcanza y las altas tasas que imprime.
Con los proyectos de ley Bases y de reforma fiscal, el oficialismo sigue favoreciendo a los sectores con más recursos, en detrimento de las grandes mayorías populares. Aplica una distribución al revés.
