ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Heller
El mundo y Argentina están atravesando, producto de la pandemia, la mayor crisis económica y social de la que se tengan registros. En este marco hay otras dinámicas que no dejan de sorprender.
Una de ellas es la que aparece reflejada, por ejemplo, en un titular de El País, “La economía se desploma y a Wall Street le da igual”. Allí se muestra que mientras que desde febrero en Estados Unidos se perdieron unos veinte millones de puestos de trabajo (y el FMI proyecta una caída del PIB del 8% para este año), el índice bursátil que agrupa a las mayores empresas, el S&P 500, ya recuperó en el segundo trimestre casi todo lo perdido durante el anterior, siendo las acciones de las empresas tecnológicas las más beneficiadas. Todo esto da una idea de que por un lado hay un conducto por el que van la economía real, el hambre y la pobreza, mientras que por otro van la operatoria de la gran masa especulativa de dinero global y la concentración de la riqueza.
Según el FMI: “algo que ilustra la desconexión entre los mercados financieros y la economía real es el desfase entre el dinamismo de la bolsa en Estados Unidos y el desplome de la confianza de los consumidores. Son dos indicadores que históricamente han tenido la misma tendencia”. Una de las explicaciones a la que se suele recurrir actualmente para dar cuenta de este fenómeno es la inyección de recursos por parte de la FED, que habría generado excedentes que los inversores terminan aplicando en la bolsa. Lo que parece estar incidiendo son las expectativas de los mercados financieros y, entonces, depender del humor de los especuladores no deja de ser el reflejo de una situación de extrema fragilidad.
La desconexión real financiera es una expresión de un desacople mucho más profundo entre lo que son los intereses individuales, cada vez más concentrados, y los del conjunto de la sociedad, con cada vez más excluidos. Una realidad que es preocupante por donde se la mire y que tiene un origen concreto, vinculado a la lógica de funcionamiento que prevalece en la globalización financiera, que limita fuertemente la soberanía de los estados y deja un poder desproporcionado en manos de los mercados, sin límite para ir en la búsqueda de la máxima ganancia.
En la citada nota de El País se muestra que en el año 1962 las dos compañías más grandes que cotizaban en Estados Unidos (General Motors y AT&T, la telefónica), entre las dos ocupaban 1.200.000 personas. Hoy las dos compañías más grandes de Estados Unidos, Microsoft y Apple, ocupan a 297.000 personas (datos de fines de 2019). Uno de los grandes problemas que tiene ese modelo es que deja a la gente afuera. Nada de esto es casual y son cuestiones que surgen a partir de la desregulación que se encaró desde los años setenta. Lo he sostenido en varias ocasiones, al describir cómo se fueron separando los salarios y los beneficios en el mundo desarrollado a partir de ese momento.
Todos estos problemas se aceleran con la pandemia. Los datos de la OIT indican para el segundo trimestre una pérdida mundial del equivalente a 400 millones de puestos de trabajo, de los cuales 47 millones corresponden a América Latina. Entonces, por un lado está la opulencia de unas corporaciones, montadas en el desarrollo tecnológico, que tienen ganancias fenomenales, y por el otro, millones de personas que se quedan fuera del juego, completamente afuera, mirando por la ventana. Un mundo que, así planteado, resulta inviable.
El margen de acción para países como el nuestro resulta ser más limitado que el de muchas naciones desarrolladas: es precisamente por las herencias y las problemáticas estructurales, y también por los desafíos que presenta el marco global. Ante estos desafíos, lo que se precisa es un Estado presente.
Avance del plan del gobierno
En el avance del Presupuesto 2021 (que, como es habitual, refleja el plan del gobierno hacia el mediano plazo) se plantean cuatro grandes ejes en los que se trabajará: (1) “Virar definitivamente hacia una lógica de acumulación productiva donde los mecanismos de incentivos permitan congeniar la persecución de ganancias individuales por parte del sector privado con la creación de empleo de calidad y la generación genuina de divisas”; (2) “aumentar el empleo y fortalecer la inclusión y generación de oportunidades para las y los argentinos”; (3) una “intervención activa y multidimensional por parte del Estado” y que éste (4) debe “generar las discusiones y los ámbitos institucionales necesarios para lograr un diálogo social plural y democrático”, una participación que está en línea con la lógica planteada de alcanzar un gran acuerdo social. Son algunas de las premisas que figuran en el avance del proyecto de Presupuesto y que dejan a la vista qué es lo que se pretende. Para ello se plantea una gestión activa en materia de políticas monetarias, en la administración de las divisas, en la regulación y para incidir en la evolución de los precios y de los salarios, entre otras políticas.
Es esencial dejar de lado una política basada en que hay que ganar el visto bueno de los mercados externos y que luego vendrán la inversión y el empleo. Más todavía en un mundo de desconexiones (entre ellas la financiera respecto a la real). El verdadero enfoque a perseguir es el de la asignación de recursos para dar satisfacción a las necesidades de los argentinos y las argentinas, comenzando por las más básicas, entre las cuales se encuentra el empleo de calidad. Se traduce, además, en la férrea convicción de alcanzar un acuerdo por la deuda que sea sostenible y que no ahogue las finanzas públicas del país ni fuerce el ajuste.
De hecho, en la semana se presentó la nueva oferta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) por la reestructuración de la deuda pública bajo legislación extranjera en manos de acreedores privados. Se mejoraron algunas pautas respecto de la propuesta original y se extendió el plazo de aceptación hasta el 4 de agosto. También, el gobierno estaría mandando al Congreso el proyecto de ley para que la reestructuración de la deuda en moneda extranjera bajo ley argentina se ajuste a los mismos términos.
Para dar una idea del ahorro de la deuda en moneda extranjera que se alcanzaría con los términos planteados, extendiéndolo a la ley local, cabe citar una nota de La Nación (7/7/20) titulada: “Pese a la mejora del canje, el alivio global a 2028 llegaría a casi US$ 50 mil millones”. Significa un número importante que se evitaría desembolsar en los próximos 8 años. En 2020 no habría que pagar nada, comparado con los US$ 12,1 mil millones del cronograma anterior a la reestructuración. Y de aquí al 2024 serían unos US$ 5 mil millones, contra US$ 48,1 mil millones de la situación actual.
Según afirmó el ministro Martín Guzmán, “el nuevo perfil de deuda que emerja tras la reestructuración debe ser consistente con la recuperación económica y el afianzamiento de un sendero de crecimiento que permita atender los desafíos actuales impuestos por la pandemia COVID-19 cuya atención resulta impostergable, sin dejar de ser sostenible en el mediano y largo plazo”. El presidente Alberto Fernández dijo que se trata “del máximo esfuerzo que podemos hacer (…). Si esto se analiza racionalmente, ni siquiera se le está pidiendo a alguien que pierda, se le está pidiendo que deje de ganar lo que estaba ganando en exceso (…). El Gobierno anterior dio a los títulos, insólitas condiciones que el mundo no daba, y les permitió ganancias a esos acreedores que el resto del mundo no les reconocía, yo solo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no que ganen como Macri los dejó ganar”. Los límites están claros, y así también lo juzgaron varios de los grupos de bonistas que dieron su apoyo a la renegociación, las autoridades del FMI y del G20.
También se está más cerca de iniciar las conversaciones formales con el Fondo Monetario, para reestructurar los flujos y discutir las eventuales condicionalidades que los programas habituales del FMI incluyen. Esta reestructuración de la deuda heredada, tanto con los acreedores privados como con el FMI, dejaría una disposición de recursos significativos para poder volcarlos al programa de reconstrucción y reactivación de la economía, de inversión en obra pública destinada a generar trabajo, y resolver todo un conjunto de emergencias que no admite postergación. Y daría un marco importante para desarrollar las premisas anunciadas en al anticipo del Presupuesto 2021.
