Revista Veintitrés | Opinión
Por Carlos Heller
Hay fuertes huellas de la última dictadura cívico militar en la legislación actual. Los casos más paradigmáticos son la Ley de Inversiones Extranjeras (Nº 21.382), de octubre de 1976, y la Ley de Entidades Financieras (Nº 21.526), de febrero de 1977. Ambas continúan vigentes, y a pesar de los cambios que se han introducido en todos estos años, mantienen el mismo espíritu desregulador. Su derogación sigue siendo una tarea pendiente de la democracia.
En la presentación de la Ley de Entidades Financieras, el ex ministro Martínez de Hoz fue claro: “Estamos introduciendo un cambio no sólo fundamental sino realmente estructural en el sistema institucional jurídico del sistema financiero argentino”. Por ejemplo, sigue vigente en la actualidad el artículo que consigna que los bancos comerciales “podrán realizar todas las operaciones que no les sean prohibidas” por la ley. Un enfoque inaceptable.
La Ley de Inversiones Extranjeras fue actualizada y compilada en 1993 por el ex ministro Domingo Cavallo. No hay en esta ley un solo artículo que genere obligaciones a los inversionistas extranjeros, son todos derechos que se les otorgan.
Cabe además mencionar el “Plan” que presentó en 1978 la asociación de bancos Adeba (que no tiene continuidad alguna con la actual) a la Junta Militar. En dicho plan se menciona: “Primero, la implantación de una auténtica economía de mercado. Segundo, la transformación de un Estado-intervencionista en un Estado-estratega”.
Son líneas estratégicas que se han escuchado en los noventa y se vuelven a escuchar en estos días desde el gobierno nacional. Las dos leyes mencionadas están íntimamente vinculadas con los poderes económicos reales, que imprimen sus objetivos a los distintos gobiernos, en especial a los que acuden a las grandes corporaciones para conformar sus filas ministeriales.
En este período legislativo volveré a presentar el proyecto de Ley de Servicios Financieros para derogar la ley 21.526. Hoy más que nunca tenemos que seguir bregando para limitar esos poderes económicos cuyos intereses son contrarios a las necesidades del pueblo.
